El fiscal federal Federico Delgado dio impulso a la denuncia contra el presidente argentino y su gabinete, y reclamó la apertura de una profunda investigación.
Delgado dio curso este martes a la presentación de la asociación civil Instituto Arturo Sampay, quien a través de sus abogados, advirtió que ese convenio podría disparar demandas de los holding por más deu$s 384.000 millones, el equivalentes a la totalidad del PBI argentino.
Si bien el fiscal aceptó abrir la pesquisa, ahora el trámite denuncia queda en manos del juez federal Sebastián Casanello. La denuncia también alcanza a senadores y diputados nacionales, que puedan haber tenido "autoría o participación" en la negociación.
La demanda fue presentada por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del Instituto Sampay por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", informaron fuentes judiciales.
En un documento que se adjunta a la denuncia advierte que si se concreta el pago en los términos acordados el país se endeudaría en u$s 384.000 millones, considerando eventuales demandas de los bonistas que participaron del canje en el 2005 y el 2010.
"Concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por u$s 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, mientras que para los 93% que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, u$s 30.000 millones", explicó el fiscal.
"La acusación penal con las figuras de traición a la Patria, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público contra el Presidente, su gabinete y contra todo diputado o senador que de voto positivo a un acuerdo espurio" .
"Si ello es así, se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas", añadió.
Según dijo Barcesat, la presentación es una "acusación penal con las figuras de traición a la Patria, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público contra el Presidente, su gabinete y contra todo diputado o senador que de voto positivo a un acuerdo espurio" en el Congreso.
Fuente: Ámbito Financiero
