Jomo Kwame Sundaram, IPS
El año 2015 fue todo un reto para el multilateralismo, especialmente en relación con las cuestiones de desarrollo.
La Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FPD) de Addis Abeba tuvo pocos avances reales. Sin embargo, la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de septiembre recuperó las esperanzas con una ambiciosa Agenda 2030 de carácter universal.
Más recientemente, la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en París en diciembre, llegó a un acuerdo tras el fracaso de 2009 en Copenhague.
Sin embargo, mientras los países en desarrollo se comprometieron con criterios de justicia climática, la mayoría de las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no estuvieron a la altura, luego de incumplir los compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto.
Aunque se realice en su totalidad, el acuerdo de París por sí solo no evitará las consecuencias desastrosas del cambio climático ya que las temperaturas medias globales aumentarán dos grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.
La reunión ministerial que la Organización Mundial de Comercio (OMC) celebró en diciembre en Nairobi fue otro revés, ya que Estados Unidos y sus aliados intentaron rematar la Ronda de Doha de negociaciones comerciales, empujando a la propia OMC a una crisis existencial.
Si la ronda queda inconclusa les permitirá incumplir los compromisos que asumieron en 2001 para convencer a los países en desarrollo de volver a la mesa de negociaciones después del desastre ministerial de Seattle.
En la última década Estados Unidos y muchos países de la OCDE han sido cada vez más reacios a hacer concesiones significativas en las negociaciones económicas multilaterales. Un factor clave fueron las recientes iniciativas plurilaterales que lideró Washington tras la designación de Michael Froman como representante de Comercio de ese país.
Como argumento para liquidar la Ronda de Doha, Froman citó el Acuerdo Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica (TPP, en inglés), negociado en octubre de 2015 en Atlanta. Mientras tanto, la Unión Europea comenzó las negociaciones con Estados Unidos para una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP).
No es de sorprender que la mayoría de los países en desarrollo quieran que la Ronda de Doha continúe, con la esperanza de finalmente realizar las promesas de 2001 para rectificar los últimos resultados de la Ronda de Uruguay, que socavaron las perspectivas de seguridad alimentaria y desarrollo.
Al socavar las negociaciones multilaterales de la OMC, los acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales son la antítesis de lo que pretenden hacer, es decir, liberalizar el comercio. Para entrar en vigor, el TPP primero debe ser ratificado en el plano nacional.
El objetivo real no es el comercio
Aunque se presenta como un acuerdo comercial, el TPP no refiere principalmente al “libre comercio”. Estados Unidos y muchos de sus socios en el TPP son algunas de las economías más abiertas del mundo. Las principales restricciones comerciales tienen que ver con las barreras no arancelarias, como los subsidios agrícolas estadounidenses, que el tratado no abarca.
De hecho, el TPP protegerá a los intereses contrarios al libre comercio ya que fortalecerá los monopolios de los derechos de propiedad intelectual (DPI), aun más que las disposiciones onerosas del acuerdo de la OMC sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, especialmente para las grandes empresas farmacéuticas, de medios de comunicación, de tecnología de la información, entre otras.
Por ejemplo, el acuerdo permitirá que las farmacéuticas tengan monopolios de mayor duración sobre los medicamentos patentados, alejará a los genéricos – más baratos – del mercado y bloqueará el desarrollo y la disponibilidad de medicamentos “similares” nuevos.
La evidencia demuestra que los DPI apenas promueven la investigación y podrían impedir o retrasar la innovación. Las disposiciones del TPP también limitarán la competencia, aumentarán los precios al consumo, restringirán la regulación financiera y serán una amenaza para la salud pública y el bien común.
El acuerdo también reforzará los derechos de los inversores extranjeros a expensas de las empresas locales y el interés público. Su sistema de solución de controversias entre inversores y el Estado (ISDS) obliga a los gobiernos a compensar a los primeros por la pérdida de las ganancias previstas.
El ISDS confiere a los inversores extranjeros el derecho de demandar a los gobiernos nacionales por cambios normativos o de políticas que reduzca ostensiblemente la rentabilidad esperada de sus inversiones.
El sistema dificulta a los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones básicas, como la protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos, la conservación ambiental y la estabilidad económica.
Por ejemplo, si un gobierno prohíbe un producto químico tóxico tendría que compensar a los proveedores por las pérdidas sufridas, en lugar de exigirles a las empresas que indemnicen a las víctimas.
Las empresas extranjeras insisten en que el ISDS es necesario en aquellos lugares sin Estado de derecho ni tribunales confiables. Pero Estados Unidos aspira a lo mismo en el TTIP con la UE, al impugnar la integridad de los sistemas legales y judiciales europeos.
El factor político del TPP
No es ningún secreto que el motivo principal para que Estados Unidos apoye el TPP ha sido debilitar a China. En palabras del presidente Barack Obama, “con el TPP, China no establece las reglas en esa región, nosotros lo hacemos”.
El amplio apoyo que recibió el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura propuesto por China, incluso de aliados tradicionales de Estados Unidos, fue una vergüenza que la Casa Blanca quería superar con desesperación. El TPP también atentaría contra el compromiso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con una “zona de paz, libertad y neutralidad”.
Si se toman en cuenta los beneficios económicos insignificantes y los grandes riesgos que se manejan, los gobiernos de países en desarrollo que se incorporan al tratado lo hacen principalmente por razones políticas, mientras ruegan que ellos mismos no tengan que pagar un alto costo político por sus consecuencias.
La adopción del TPP alentará más acuerdos multilaterales y bilaterales. Aunque este tipo de arreglos minen el multilateralismo comercial, la OMC y otros siguen manteniendo el pretexto de la complementariedad y la coherencia.
El Norte empleará la amenaza de abandonar la Ronda de Doha para extraer más concesiones del Sur, que todavía insiste en la necesidad de esa ronda para realizar al menos algunas de sus aspiraciones de desarrollo y seguridad alimentaria.
El debilitamiento de las perspectivas del multilateralismo económico –en cuanto a las finanzas en Addis Abeba y el comercio en Nairobi-, así como varios acontecimientos recientes más –incluidas las realineaciones políticas de la “guerra contra el terrorismo”- amenazan con transformar irreversiblemente las relaciones internacionales contemporáneas, a expensas del desarrollo sostenible y los países en desarrollo.
Jomo Kwame Sundaram es exsecretario general adjunto responsable del análisis del desarrollo económico en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas entre 2005 y 2015.
En 2007 obtuvo el premio Wassily Leontief por expandir las fronteras del pensamiento económico. -
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