Las ramificaciones
Una vez hecha pública la práctica fraudulenta de la Volkswagen -programa informático que burlaba las exigencias de los organismos de control medio ambiental-, han llovido denuncias que tienden a confirmar que otras empresas automotrices aplican prácticas similares para ocupar espacios dentro del mercado automotor mediante el engaño a clientes y autoridades.
Abarcan desde la obsolescencia programada de piezas hasta el volumen de combustible por kilómetro recorrido, incluyendo, por supuesto, los indicadores de los efectos contaminantes.
El fraude hecho por la Volkswagen abarca diversos sujetos e instituciones. Cuando menos tendríamos que incluir en el listado a:
En primer lugar, a los clientes que compraron un vehículo supuestamente dotado de dispositivos especiales que lo hacían altamente eficiente y con mínimos efectos contaminantes.
En segundo lugar, a los organismos de control ambiental que evaluaron y dieron la certificación de los bajos índices de contaminación que arrojaban al aire estos vehículos.
También a diversos países cuyos gobiernos otorgaron estímulos financieros o de exoneración fiscal a la empresa por comercializar vehículos de baja contaminación.
En cuarto lugar, a los inversores que compraron acciones con la convicción de que las ganancias y el crecimiento de la empresa obedecían a los avances tecnológicos incorporados trasparentemente a los vehículos comercializados, con apego a las leyes y a las normativas del sector automovilístico.
Finalmente, los habitantes de las ciudades que reciben las emisiones contaminantes y tienen un aire menos saludable para sus pulmones.
Los afectados comienzan a movilizarse en términos de denuncias, protestas, exigencias de indemnización, acciones judiciales y proposiciones de ejecutorias de control sobre la industria y sus productos. Pero esta lucha no es fácil y su victoria no está garantizada de antemano.
La letra pequeña
Hay quienes piensan, con cierta ingenuidad, que si bien es cierto que el fraude de la Volkswagen hace un retrato moral del capitalismo, también revela que la denuncia permite la rectificación, la condena a los culpables y la indemnización a las víctimas.
Es decir, que la misma sociedad impone regulaciones que hacen cada día más difícil el desboque de las tendencias codiciosas e inmorales del capital y somete su actividad a la esfera del respeto a los contratos, a las normas y a las leyes.
Abundan los ejemplos que demuestran que no es así como funcionan las cosas.
En una sociedad capitalista, la superestructura jurídica política está definida en función de proteger los intereses del capital.
Aunque los trabajadores y, en general, la gente organizada alrededor de reivindicaciones y derechos específicos (consumidores, ecologistas, luchadores sociales, etc.) libre decididas batallas y logre incorporar leyes y normas que reflejen comportamientos más responsables en las empresas, siempre el capital se las ingenia para burlar su aplicación, negar su pertinencia, minimizar los castigos y los montos y, si no hay más remedio que pagar, posponerlo en el tiempo.
Veamos un ejemplo del mes pasado. Durante la década del sesenta se comercializó en España la talidomida, un fármaco que se usó para controlar el insomnio, las náuseas y el vómito en mujeres durante el embarazo.
Este medicamento, fabricado por la empresa alemana Chemie Grünenthal, provocó malformaciones, sobre todo en brazos, antebrazos y problemas en órganos internos de niños cuyas madres lo habían ingerido durante la gestación.
Por cincuenta años las víctimas sobrevivientes de España, o sus familiares, impulsaron demandas de indemnización contra la empresa alemana. Para ello presentaron pruebas en las cuales se demostraba que las malformaciones fueron provocadas por el fármaco, descartando otros agentes: otros fármacos, orígenes genéticos o factores ambientales de riesgo.
Sin embargo, el pasado septiembre, el Tribunal Supremo de España, rechazó el pago de indemnización a las víctimas, argumentando que la responsabilidad civil de la empresa había prescrito.
Ante tal muestra de injusticia y de cinismo, AVITE (Asociación de Víctimas de Talidomida en España) colgó en internet un video en que aparecen algunos sobrevivientes, con gran tristeza y desamparo en el rostro, aplaudiendo torpemente, con sus manos o brazos malformados, para "felicitar" a la farmacéutica por la decisión inmoral del alto tribunal. (http://bit.ly/1B2nkOR)
A dos semanas de haberse destapado el fraude Volkswagen, ya comienzan a operar los mecanismos judiciales y gubernamentales destinados a proteger a la empresa.
Así, en España donde se habla de la colocación de más de seiscientos mil vehículos con motores trucados que fueron favorecidos por la política de estímulo a productos no contaminantes (mil euros por vehículo), el Ministro de Economía e Industria ha dicho que, en principio, no se recuperarán los montos entregados porque fueron otorgados para la disminución de dióxido de carbono y no para la reducción del óxido de nitrógeno que es el gas cuyas mediciones ha burlado la Volkswagen.
Por otra parte, en Alemania se ha iniciado la conformación de una comisión de investigación que, una vez nombrado sus miembros y constituida en términos de status y ámbito, realizará una investigación de lo sucedido y, a la vuelta de algunos años, dos o tres dicen los optimistas, presentará unas conclusiones a partir de las cuales se discutirá sobre responsabilidades y sanciones.
Lo demás son leyendas urbanas sobre la seriedad, la responsabilidad y los principios éticos de las grandes empresas. Cuentos de camino, como decimos en Achaguas.
