Una abogada cercana a Pérez Molina, los votos de un magistrado pro-gobierno, otro pro-empresarial y una magistrada que se estrena buscando su reelección, son los personajes de esta trama, que como guinda al pastel, accionaron el mismo día que los gremios sindicales y campesinos salieron a respaldar la alianza PP-LIDER.
Por Equipo de Análisis
La decisión de la CC de no retirarle la inmunidad presidente Otto Pérez Molina (OPM), viene a constatar que el máximo órgano de justicia en Guatemala responde a posiciones e intereses políticos más que a sendos debates sobre doctrina constitucional.
Bajo el argumento de que la institucionalidad del país estaba en peligro, la CC contradijo la resolución de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) que dictaba procedente el antejuicio.
Más allá de discutir si existe o no derecho de legitimidad en el amparo que interpuso Karen Fischer (cuando no es agraviada directa) a favor de un tercero (OPM), en el fondo un esquema de votación entre los integrantes de la CC se repite cuando arbitran los momentos de aguda crisis política: tres magistrados con una posición conservadora, y dos con posturas más críticas.
En lo inmediato la decisión de tres magistrados de la CC respalda la permanencia de OPM y le quita la papa caliente a los diputados del Congreso, que buscan su reelección, y en concreto a los partidos que integran la Comisión Pesquisidora que conocería sobre el antejuicio del presidente, la cual se queda en suspenso hasta que la CC resuelva en definitiva el amparo.
La investigación de la CICIG y el MP contra el diputado Baudilio Hichos de LIDER, es sólo un indicador de los niveles de cooptación del sistema de partidos políticos. En este escenario en el que la clase política es interpelada en las calles, la CC mina el camino de la renuncia del presidente del PP, mientras un Congreso que huele a corrupción elabora una propuesta para reformar la ley de partidos.
Faltará ver cómo resuelve la CSJ y, en dado caso, la CC en caso las solicitudes de antejuicio contra los candidatos a la presidencia Manuel Baldizón de LIDER y Sandra Torres de la UNE. La medida de la CC, en definitiva, crea un panorama poco proclive al cambio.
El esquema de votación
El amparo interpuesto por Karen Fischer a favor del presidente del Ejecutivo se entró a conocer mientras la recién electa presidente de la CC, Gloria Porras Escobar, se encontraba de viaje. Por tal razón, el magistrado Héctor Trujillo Aldana entró a conocer como suplente y el magistrado Mauro Roderico Chacón Corado, como presidente en funciones.
Ambos razonaron su voto disidente a la decisión tomada por los magistrados Roberto Molina Barreto, Hugo Pérez Aguilera y la magistrada suplente María de los Ángeles Araujo Bohr, en sustitución definitiva de Alejandro Maldonado Aguirre, actual vicepresidente de la República.
La ausencia de Porras Escobar y de Maldonado Aguirre en la presente votación no altera el esquema visto en los casos como el de anular la sentencia por Genocidio o la ratificación de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CSJ), tempranamente señaladas por actos de corrupción. Ambas decisiones –coherentes a un pacto por la impunidad– debilitaron aún más al sistema de justicia y pusieron en entre dicho la posición de Pérez Aguilera, Molina Barreto y Maldonado Aguirre.
Pérez Aguilera fue electo magistrado de la CC (2011-2016) por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), gracias al apoyo de Roberto López Villatoro (“el Rey del Tenis”) y del entonces rector de la USAC, Estuardo Gálvez. En el ejercicio de sus funciones se le vio afín al partido de gobierno, por ello no extraña que haya sido el único que razonó su voto cuando se otorgó el amparo a la sociedad civil para frenar la elección de magistrados de la CSJ y CA. Pérez Aguilera cuenta con una carrera inestable en su haber, siendo fiscal general del MP (1996-1998), coordinador de Sección Penal de la CC (2008-2009) y candidato a magistrado de CSJ en 2009.
Por su parte, Molina Barreto fue electo magistrado de la CC (2011-2016) por la CSJ gracias al apoyo del gran empresariado.
Asimismo fue electo magistrado de la CC (2006-2011) por el entonces presidente Óscar Berger y que anteriormente había nombrado a Molina Barreto su Procurador General de la Nación (PGN). Se habla que Molina Barreto viene cabildeando su reelección en la CC desde que se eligió a la nueva CSJ. Y hace poco, fue parte de un escándalo de tráfico de intereses al conocerse que la gremial de maquilas (VESTEX) le traslada fondos a su fundación.
El tercero de los magistrados en esta alineación abandonó el puesto para ser el segundo de Pérez Molina y equilibrar las fuerzas del empresariado en el gobierno. No obstante, su suplente, la magistrada Araujo Bohr, en su primera decisión de trascendencia secundó la presente corriente de fuerzas.
El estreno de la María de los Ángeles Arajuo Bohr de Méndez
Magistrada suplente ante la CC, fue electa en 2011 y postulada por el Congreso de la República, como suplente del entonces magistrado Alejandro Maldonado Aguirre. Está casada con el abogado William René Méndez, quien dirige el bufete Méndez y Araujo, y del cual también es parte Araujo Bohr.
Araujo Bohr fue electa por el Congreso de la República, con 129 votos a favor de 135 que estuvieron presentes. Previo a esa votación, el entonces diputado Manuel Barquín, subjefe de la bancada de la Gran Alianza Nacional (GANA) –y hoy diputado de LIDER-, expresó: “Hay que hacer lo posible por elegir a una mujer”, porque en la actual Corte “sólo hay una”. Entre los 11 aspirantes en ese momento sólo había una mujer, María de los Ángeles Araujo Bohr de Méndez.
Araujo Bohr cobró notoriedad en 2007, cuando junto a su esposo William Méndez, defendieron al defraudador fiscal Mario Brol, en el caso conocido como Alka Wenker. Brol guarda prisión actualmente.
De acuerdo con una investigación de la CICIG, Araujo Bohr es socia fundadora de la Corporación de Abogados Méndez & Araujo.
§ Ha sido Jefa del Departamento de amparos e inconstitucionalidades de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Finanzas en 1998;
§ Abogada Directora y Procuradora en el Departamento de lo Contencioso Administrativo del Ministerio de Finanzas Públicas en 1996;
§ Abogada Directora y Procuradora del Departamento de Abogacía y Procuración de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Finanzas Públicas en 1994;
§ Abogada Asesora de la Presidencia del Congreso de la República en 2007;
§ Catedrática de Derecho Fiscal, Financiero, Tributario y Administrativo en la Universidad San Carlos y en la Universidad Rafael Landívar;
§ Catedrática de post grado y revisora de tesis en la Universidad San Carlos de Guatemala;
§ Catedrática de Derecho Financiero, Tributario y Administrativo; Fundadora y asesora de varias ONGs:
§ Asociación de Abogados y Profesionales para la Defensa del Consumidor (ASOPROCONSUMIDOR), Academia de Investigaciones Sociales (ADIS) y la Asociación de Amigos contra el Cáncer (FUNDECAN);
§ Asesora del Grupo de Derechos Humanos Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
De acuerdo con la CICIG, es presidenta del consejo de Administración y asesora legal de varias empresas. Según el Registro Mercantil, también ostenta el cargo de presidenta en Empresas Marítimas S.A. (inscripciones en 1999, 2002 y 2006), cargo que también ostentó su esposo William René Méndez, candidato a Fiscal General en el proceso de 2010, y candidato al mismo cargo en 2014.
Cuando Méndez se postuló al cargo de Fiscal General 2014, organizaciones de la sociedad civil lo vetaron por “retardo malicioso”, tras presentar 31 amparos en el proceso por la masacre perpetrada en Las Dos Erres. En 2010 el entonces comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, también lo tachó públicamente al indicar: “El abogado William Méndez se ha caracterizado por defender a narcotraficantes y empresarios corruptos”.
En un informe de la CICIG, se establece que Méndez ha representado o asesorado a militares sindicados y condenados por violaciones a los derechos humanos y a personas sindicadas de delitos financieros.
En el caso de la “masacre de Dos Erres”, Méndez fue abogado defensor de los militares en retiro Roberto Aníbal Rivera Martínez, César Adán Rosales Batres (ex coroneles), Carlos Antonio Carias López, Carlos Humberto Oliva Ramírez y Reyes Collín Gualip, así como los sindicados Manuel Pop Sun, Manuel Cupertino Montenegro Hernández y Cirilo Benjamín Caal Ac.
De acuerdo con el informe de la CICIG, Méndez también fue abogado defensor de Juan Eladio Campos Moraga, sindicado por los delitos de estafa propia, intermediación financiera y caso especial de estafa y lavado de dinero y otros activos, por ayudar a defraudar más de US$ 163 millones de dólares a los usuarios del desaparecido Banco del Café, como representante legal del Banco, siendo estafados tres mil trescientas víctimas por el monto de Q200 millones, en coparticipación con los personeros del Bancafé Grupo Financiero del País.
Méndez fue visto como abogado de Alan Marroquín, el exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), vinculado a la implatanción de cocaína al chofer de su esposa, Marisol Campollo. Y más recientemente apareció como abogado de Raúl Morales, el reportero de Radio Sonora que le pegó al corresponsal Pavel Vega, en un intento por defender a Pérez Molina de las preguntas que le hacía la prensa.
Karen Fischer, la que aboga por Pérez Molina
Karen Marie Fischer Pivaral, una abogada proveniente de la familia de cafetaleros Pivaral, tiene una larga trayectoria en el mundo legal y político. Su actuar ante la CC habría sido por presuntos nexos políticos con el mandatario Otto Pérez Molina desarrollados en la década de 1990.
Fischer Pivaral ganó notoriedad cuando se convirtió en figura política tras el asesinato de Jorge Carpio Nicolle en julio de 1993, cuando el entonces líder del Partido Unión del Centro Nacional (UCN) y presidente de Diario El Gráfico fue asesinado durante una gira proselitista junto a otros miembros del partido. Fischer era nuera de Carpio Nicolle, por estar casada con Rodrigo Carpio Arrivillaga hijo del político y candidato presidencial.
En 1993, luego del golpe de Serrano Elías (mayo 1993), Pérez Molina era Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) del entonces presidente Ramiro de León Carpio, primo de Carpio Nicolle, y quien un mes antes del asesinato de líder de la UCN había sido electo nombrado mandatario de la República.
La familia de Carpio Nicolle y Fischer Pivaral sostuvo que el alto mando militar del ex presidente Jorge Serrano Elías, había sido el responsable del asesinato. Las tres figuras de ese alto mando militar que protegió a Serrano Elías tras el autogolpe de mayo de 1993, eran el ministro de la Defensa, el general José Domingo García Samayoa; el general Jorge Roberto Perussina Rivera, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional que un mes antes del asesinato de Carpio Nicolle, habia sido nombrado nombrado ministro de la Defensa Nacional, cargo que ocupó tan sólo un mes; y el general Luis Francisco Ortega Menaldo, quien ocupaba el cargo de Jefe de Estado Mayor Presidencial de Serrano Elías, y un mes antes del asesinato de Carpio Nicolle fue desplazado por Pérez Molina, en junio de 1993.
Los tres militares de la llamada línea contrainsurgente y apegados a lo que entonces se conocía como La Cofradía, habrían complotado contra los Carpio Nicolle y el mandatario De León Carpio. Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado, en 2004. Parte de esa lucha política fue llevada por Fischer Pivaral. Y en ese contexto, durante el proceso de investigación, se supone que la familia Carpio estrechó lazos con el EMP de De León Carpio, es decir, con Pérez Molina.
En 2002, Fischer Pivaral cobró nuevamente notoriedad cuando se le nombró Fiscal contra la Corrupción durante el gobierno de Alfonso Portillo. El entonces Fiscal General, Carlos de León, la nombró para investigar el caso conocido como Conexión Panamá, donde el mandatario Portillo y el vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes López, se les señalaba de abrir cuentas bancarias millonarias en Panamá, producto de la corrupción.
En ese cargo, a Fischer también se le nombró Fiscal Especial para investigar a uno de cuatro militares involucrados en crimen organizado. El militar fue el general Mario Roberto García Catalán, quien ocupó el cargo de Viceministro de la Defensa en 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, y fue defenestrado señalado de pertenecer al crimen organizado y a la llamada Red Moreno. García Catalán es uno de los altos directivos involucrados en el megaproyecto del Corredor Interoceánico, un proyecto venido a menos y con serios señalamientos por sus nulos avances y oscuros negocios.
Junto a García Catalán fueron investigados otros dos generales, Luis Francisco Ortega Menaldo y Manuel Callejas, así como los coroneles Jacobo Salam y Napoleon Rojas, todos miembros de la denominada Cofradía (comunidad de inteligencia militar) y señalados de pertenecer a la Red Moreno y el Grupo Salvavidas.
Por todos esos casos, Fischer sufrió amenazas de muerte, persecución y exilio.
Ahora, en otra correlación de fuerzas y en un momento de posible quiebre político, la situación se presenta diferente para Fischer: su turno ahora es la de salvar a un presidente señalado por el diputado Amilcar Pop (Winaq) y de las masivas movilizaciones de calle, de organizar redes paralelas de defraudación del Estado y de impunidad. OPM se ha salvado nuevamente. Falta por ver cuánto tiempo durará su permanencia en el cargo, en una coyuntura que cada semana cambia.
Una abogada cercana a Pérez Molina, los votos de un magistrado pro-gobierno, otro pro-empresarial y una magistrada que se estrena al final del periodo y que buscaría su reelección, son los personajes de esta trama, que como guinda al pastel, accionaron el mismo día que los gremios sindicales y campesinos salieron a respaldar la alianza PP-LIDER.
Publicado por La Cuna del Sol
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