Aunque cueste creerlo, el Hogar del Pensionista de Santiponce (Sevilla), las oficinas del Servicio de Empleo y Formación de Jijona (Valencia) y el Instituto Cervantes de París tienen algo en común: en el pasado, estas tres infraestructuras formaron parte de la resistencia antifranquista.
Al igual que en otros tantos casos, la dictadura –en el caso francés, con el apoyo de los nazis- se apropió de estos lugares. Nada extraño, si no fuese porque hoy, cuarenta años después de la muerte de Franco, siguen en manos del Estado.
El espíritu de aquellas “incautaciones” sobrevoló esta semana el Congreso de los Diputados, a raíz de un planteamiento realizado por el PNV. Tal como quedó reflejado en el hemiciclo, los diputados nacionalistas pretenden que el gobierno del PP les devuelva las ikurriñas que fueron apropiadas por los franquistas en su ofensiva contra Euskadi. Muchas de esas enseñas siguen esparcidas en museos e instituciones militares, algo que también ocurre con las banderas de otras formaciones que lucharon contra el franquismo.
“¿Cuándo va a devolver el Gobierno a sus legítimos propietarios las diferentes banderas y enseñas arrebatadas a organizaciones democráticas, así como a sus batallones en la Guerra Civil, que se encuentran en diferentes museos y archivos estatales?”, preguntaba este jueves el diputado Joseba Agirretxea al ministro de Justicia, Rafael Catalá. La respuesta podría resumirse en una línea: “No estamos hablando de simples objetos, estamos hablando de bienes históricos que integran los fondos museísticos”.
En ese contexto, el ministro consideró que aquellos símbolos arrebatados por el franquismo y nunca devueltos a sus verdaderos dueños están en muy buenas manos, algo que caldeó aún más los ánimos en el PNV: “¿Se imagina usted que en Alemania o en un museo italiano se exhibieran las banderas arrebatadas por los fascistas?”, preguntó –sin esperar una respuesta a cambio- el diputado nacionalista, que sacó a relucir la fotografía de una ikurriña robada por los falangistas en el batzoki de Gautegiz de Arteaga (Gipuzkoa). Hoy está guardada en el Archivo de Salamanca, a pesar de que el PNV jamás lo autorizó.
Esa ikurriña no es un caso aislado. Según ha podido confirmar Público, el Estado continúa dando cobijo a varios “botines de guerra” de los sublevados fascistas. “Hay banderas históricas de la CNT en archivos militares”, denuncia el histórico anarcosindicalista vasco Luis Fuentes.
Es el caso de la enseña que portaba la Columna de Hierro, formada por milicianos anarquistas. Tras ser derrotados, la bandera que les distinguía fue secuestrada por los militares franquistas. Aquel símbolo de la resistencia sigue hoy en manos de las Fuerzas Armadas, tal como ocurre con otras tantas enseñas de anarquistas, comunistas y nacionalistas vascas o catalanas.
“Lo que ocurrió en España con el patrimonio que robaron los franquistas es, lisa y llanamente, vergonzoso”, destaca Fuentes.
En efecto, los gobiernos del PSOE y PP implementaron una serie de resoluciones para devolver el patrimonio incautado por la dictadura a las organizaciones republicanas.
Sin embargo, no todas fueron tratadas por igual: UGT, con 1.477.000 afiliados en 1936, consiguió que el Estado le devolviese 65 inmuebles y le compensara económicamente por otros 627. CNT, que entonces tenía 1.577.000 miembros, sólo logró recuperar 11 locales, mientras que otros 76 fueron compensados. “Eso significa aproximadamente un 5% de lo que en realidad teníamos”, apunta el veterano anarcosindicalista.
De esta manera, actualmente existen edificios públicos que son parte del robo perpetrado por la dictadura a quienes lucharon contra ella. El Hogar del Pensionista de Santiponce, en la provincia de Sevilla, es uno de los mejores ejemplos. En los años de la Segunda República, este edificio pertenecía a CNT. Hoy está en manos de la administración estatal, aunque es utilizado por el Ayuntamiento.
Algo parecido ocurre en Premiá del Mar (Barcelona): gracias a que los falangistas entraron pistola en mano y arrebataron el local a la organización anarcosindicalista, hoy existen allí unas dependencias municipales en las que habitualmente se reúnen distintos colectivos locales. Hace algo más de ocho años, los militantes cenetistas pretendieron ocupar una de sus oficinas, que se encontraba vacía. Lejos de buscar un acuerdo, la respuesta del ayuntamiento –gobernado por CiU- consistió en echar a los sindicalistas.
En Alicante, la vieja cooperativa turronera de Jijona –perteneciente, según las escrituras, a UGT y CNT- es otra muestra de este expolio. Lo que alguna vez fue de la clase trabajadora es hoy –franquismo mediante- una oficina del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Cuando CNT reclamó su titularidad, el Estado se negó a devolverla.
Para ello, la administración –a través de un informe de la Abogacía del Estado- alegó que en las fechas en que había sido adquirida -14 de marzo de 1938- Franco ya había decidido que ambos sindicatos eran ilegales y que, por tanto, la compra tampoco había sido legal.
En cualquier caso, las incautaciones franquistas no tuvieron –nunca mejor dicho- fronteras. Además de quedarse con miles de locales de sindicatos y partidos políticos, también consiguió robar el edificio del Gobierno Vasco en París, un palacete situado en el número 11 de la Aveneu Marceau que había sido adquirido por el PNV en 1936.
En este caso, las autoridades franquistas contaron con la inestimable colaboración de la Gestapo nazi, que requisó la sede en 1940 –durante la ocupación de la capital francesa por las tropas de Hitler- y la entregó a Franco.
Aunque sin águila en el medio, la bandera española sigue ondenado en su exterior: hoy funciona allí el Instituto Cervantes. En abril pasado, el senador Iñaki Anasagasti reclamó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, la devolución de esas oficinas.
La respuesta –al igual que en el caso de las ikurriñas robadas- fue un rotundo no. A modo de justificación, Margallo recurrió a dos sentencias de la justicia francesa emitidas en los años 50, así como a una resolución del Tribunal Supremo en 2003. Ya sea en francés o en castellano, los tribunales coincidieron en amparar –tanto en el siglo XX como en el XXI- la incautación de la sede parisina.
Sin embargo, un informe presentado en julio de 2014 por Pablo de Greiff, Relator Especial de la ONU, establece que el gobierno español debe “tomar medidas para atender los pedidos relacionados con la restitución de las propiedades y documentos” de quienes defendieron la República y que aún hoy siguen esperando una respuesta a sus peticiones.
“Hay que tener en cuenta que no sólo nos robaron las sedes; también se quedaron con innumerables documentos de nuestra organización, además de robarnos el dinero que había en las cuentas bancarias”, afirma el militante cenetista Luis Fuentes.
“Con aquellos robos –añade-, el franquismo buscaba destruir por completo a sus enemigos”. Casi 80 años después, el daño sigue sin ser reparado.
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