Este 22 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá revocó, en un solo acto y en apelación, la condena de 12 años de prisión (en modalidad de detención domiciliaria) que había sido impuesta al expresidente de la derecha colombiana, Álvaro Uribe, por delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Uribe ni siquiera era acusado de sus verdaderos crímenes, pero como siempre buscó escapar del banquillo de los acusados, y lo consigue por la impunidad reinante.
Milton D’LeónCaracas / @MiltonDLeon
La decisión de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Bogotá de este martes, significa que, por el momento —y salvo que prospere un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia— Uribe queda absuelto de todos los cargos que lo habían convertido en el primer exmandatario de Colombia condenado en juicio penal.
El fallo a favor del criminal Álvaro Uribe es una demostración más de la impunidad estructural que domina al Estado colombiano, especialmente cuando de poderosos se trata.
El contexto y el fallo
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá se sustentó en argumentos formales: al menos tres magistrados concluyeron que la sentencia de primera instancia tenía “errores metodológicos, falacias interpretativas, valoración sesgada de los testimonios” y que la prueba presentada —incluyendo interceptaciones telefónicas y testimonios de exparamilitares vinculados al caso— no cumplía los requisitos de certidumbre que exige el derecho penal para condenar.
Se revocaron tanto el delito de fraude procesal como el de soborno en actuación penal, y por ello la condena de 12 años desaparece en esta instancia.
Para Uribe, este fallo representa un enorme alivio jurídico y político: de hecho, apenas tres meses después de haber sido declarado culpable en primera instancia (julio de 2025), ya está rehabilitado para la arena política, lo cual abre de nuevo el espacio público de la derecha uribista en las elecciones de 2026. El fallo, no extingue todas las vías judiciales: queda pendiente un posible recurso de casación ante la Corte Suprema, lo que significa que el proceso puede continuar y alargar su resolución por meses o años.
Impunidad, privilegio y desigualdad de la justicia de los de arriba
Pero más allá del tecnicismo jurídico, lo que se revela con crudeza es el funcionamiento del poder en Colombia, en un país donde históricamente los grandes grupos de poder político y económico dominaron la historia del país con absoluta impunidad.
Ha sido el lugar donde cualquier intento de alterar ese histórico régimen político de dominio imperante ha implicado ser asesinado: lo atestiguan centenas de miles de colombianos y colombianas que tuvieron dicho destino o terminaron pudriéndose en las cárceles. Por eso grandes sectores populares festejan el fallo judicial.
En este caso, Uribe, un expresidente que gobernó entre 2002 y 2010 y que cimentó su poder global en la alianza con paramilitares y las zonas más represivas del conflicto armado colombiano, el que fue la cabecera de playa de la reacción en la región y del imperialismo, el que profundizó el Plan Colombia, las bases militares estadounidenses, el saqueo y del despojo, en fin, el peón preferido de Washington, vuelve a librarse de la sanción penal gracias a fallos que protegen su impunidad.
Uribe tiene decenas de denuncias acumuladas por vínculos con el narcotráfico, con el establecimiento de redes paramilitares, con los “falsos positivos” (jóvenes campesinos presentados como guerrilleros muertos en combate), con asesinatos de campesinos, con el despojo generalizado de tierras, y con el fortalecimiento de estructuras que violaron la vida del pueblo.
Esa historia ha sido documentada tanto por organismos nacionales como internacionales, y aunque no todos esos procesos judiciales han prosperado, el peso político de Uribe ha sido inmenso.
Uribe es acusado de organizar el grupo paramilitar Bloque Metro en los años 90 en Antioquia, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que nació en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.
Hablamos de uno de los bloques paramilitares más crueles de este departamento colombiano, el que organizó junto con su hermano, Oscar Uribe. Las evidencias son contundentes, su involucramiento es más que evidente. No solo Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar, el testigo al que intentó sobornar lo atestigua, sino muchísimos testimonios, así como sus víctimas.
Que en este caso particular —la manipulación de testigos y el fraude procesal— la justicia concluya que “no se acreditó de manera directa o indirecta que Uribe hubiera instigado los delitos” es otra señal de que cuando los poderosos están implicados, la justicia de los de arriba se impone.
No se trata solo de un error judicial, sino de un sistema que reproduce ventaja para quienes han gobernado con armas, paramilitares y narcopolítica detrás.
Resulta brutal que un hombre que presidió con mano de hierro la ofensiva militar-paramilitar de Colombia, que consolidó el modelo de “seguridad democrática” y que dejó tras de sí un mapa de violencia social, territorial y política, siga siendo tratado como si su responsabilidad fuera limitada a un expediente técnico de soborno.
¿Por qué no se avanzó con igual esmero en los cientos de casos donde hay responsabilidad política y criminal de su estructura? Esa pregunta no es retórica: es el centro del reclamo de justicia en Colombia.
El fallo envía un mensaje aberrante: si eres alguien con acceso al poder, con una red clientelar, con histórico dominio de la élite, puedes sortear la sanción penal.
Y si eres campesino, trabajador, joven de las periferias, tus derechos humanos pueden tener muertos sin castigo, desapariciones sin justicia, tierras sin restitución. Esa asimetría es impunidad de clase.
Elecciones 2026, la vuelta de Uribe y las implicaciones para los derechos de las víctimas
Este fallo cobra especial relevancia en el marco del proceso electoral al que se encamina Colombia. El resultado de este martes reactiva el tablero político de la derecha, que aspira a remontar terreno y reposicionar sus símbolos, y Uribe es sin duda el símbolo mayor.
El regreso con plena facultad de Uribe (o de su influencia) representa un respiro para la derecha colombiana. El poder judicial se convierte en cómplice de la restauración autoritaria.
Desde la presidencia, Gustavo Petro ha señalado que este fallo “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”. La convocatoria a una nueva constituyente por parte del gobierno se ve reforzada ante lo que se considera un punto de inflexión en la política colombiana. La impunidad estructural no solo es una cuestión penal: es una cuestión política.
No podemos dejar fuera el otro lado de esta historia: las víctimas. Campesinos, jóvenes, comunidades indígenas, afrocolombianas que fueron objeto de despojo, de desaparición, de asesinatos extrajudiciales, de “falsos positivos”, de alianzas narco-paramilitares políticos que tomaron el Estado como botín. En muchos de esos casos, la impunidad ha sido la regla.
¿Cómo ven este fallo quienes esperaban que Uribe rindiera cuentas no solo por soborno sino por crímenes de lesa humanidad? La señal es devastadora.
La absolución de Uribe es la mejor prueba de que la institucionalidad heredada sirve al statu quo. Que los “checks & balances” tan venerados se elevan cuando se trata de castigar a los de abajo, pero se relajan cuando se enfrentan los fuertes. Y cuando la maquinaria del poder se restablece, los mismos círculos que construyeron la violencia estructural vuelven a la escena.
Uribe va corriendo con su desgraciada suerte que, por su edad, 73 años, podrá irse con la más grande impunidad, sin ser condenado por sus crímenes. Pero hay un pueblo que clama justicia, trabajadores, campesinos, sectores populares, jóvenes, mujeres, estudiantes, que sufrieron el peso de su política de mano dura, represiva y asesina.
Basta de impunidad
La decisión de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá que absuelve a Álvaro Uribe de todos los cargos —revocando su condena de 12 años— es la confirmación de un sistema que protege a los poderosos.
En Colombia los responsables de asesinatos del pueblo, del narcopolítica, del paramilitarismo, siguen gozando de inmunidad judicial y política. Una señal de que la impunidad no es excepción, sino regla cuando la derecha detenta poder o influencia.
Los silencios y complicidades perduran en Colombia, y siguen encubriéndose los más aberrantes crímenes contra el pueblo, especialmente por parte de la derecha y las altas jerarquías militares, que constituyen los principales obstáculos para llegar hasta el final en cualquier tipo de condena de los responsables.
Esto incluye los lazos y la subordinación absoluta que tuvo con el gobierno estadounidense y el Plan Colombia, principal responsable de las peores atrocidades que se cometieron en Colombia en las últimas décadas.
Es fundamental que se investigue a fondo y se responsabilice a todos aquellos que participaron y encubrieron los horrores de la larga noche colombiana, y Uribe es uno de ellos.
Basta de impunidad. Con la organización desde abajo, de las y los trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes y juventudes, de los pueblos originarios, de las organizaciones democráticas y de derechos humanos se puede abrir el camino para llevar al banquillo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo en Colombia.
Porque como hemos señalado en un artículo previo de La Izquierda Diario: Uribe es culpable, aunque la justicia formal lo haya absuelto. Y esa es una verdad que no puede depender de las salas de tribunales, sino de la movilización de los trabajadores, los campesinos, la juventud y de las grandes mayorías populares.
https://www.laizquierdadiario.com/Alvaro-Uribe-absuelto-el-Tribunal-Superior-de-Bogota-consagra-la-impunidad
