En Guatemala estamos en presencia de un Estado enteramente mafioso, controlado por los poderes ocultos quienes ejercen el poder real tras las figuras políticas de turno.
Esto ha sido así durante los últimos 30 años en los que militares de alto rango, como el notorio general retirado, Ortega Menaldo, dada la enorme fortaleza de la estructura clandestina que controla, se ha desempeñado, en palabras del periodista José Rubén Zamora, como el co-presidente de Guatemala.
La reciente captura de varios miembros de una estructura criminal en Guatemala, y los vínculos que mantenía con otras antiguas organizaciones mafiosas y su estrecha relación con los más altos cargos del gobierno revela, de manera apabullante, el grado de injerencia, de enquistamiento profundo, de estos poderes ocultos en el Estado guatemalteco y su consiguiente y nociva influencia en el deterioro de la aplicación de la justicia y en la prevalencia del crimen y el reino de la impunidad.
La existencia y persistencia de estas estructuras de poder paralelo no es un fenómeno nuevo, ni tampoco el producto del comportamiento criminal de simples delincuentes, al contrario, es el resultado de las acciones criminales de elementos perfectamente ubicados en las diferentes instancias de poder de la sociedad y el Estado.
La génesis de estas estructuras de poder oculto se remonta a finales de la década de los 70 cuando al amparo de la campaña contrainsurgente surgieron diversos grupos ilegales armados, fuerzas paramilitares y aparatos de seguridad clandestinos que cometieron enormes violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional de febrero de 2002, Guatemala es considerada como un “estado de mafia corporativa”, es decir, una “‘alianza nefasta’ entre los sectores tradicionales de la oligarquía, algunos ‘nuevos empresarios’, elementos de la policía y el ejército, y delincuentes comunes”.
El informe describe cómo los poderes ocultos actúan en connivencia para controlar actividades ilegales lucrativas “como el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero, el robo de automóviles, las redes de adopción, los secuestros a cambio de rescate, la explotación maderera ilegal y otros usos prohibidos de tierras protegidas por el Estado” y “conspiran para monopolizar sectores legales como la industria del petróleo”.
Además de cosechar enormes beneficios, los poderes ocultos de Guatemala usan sus conexiones con figuras políticas y miembros del ejército y la policía para intimidar e incluso eliminar a los que se les atraviesan en el camino, a los que saben demasiado, los que representan una competencia o los que intentan investigar sus actividades.
Otras víctimas son los que amenazan los intereses financieros de los poderes ocultos y los que buscan investigar o enjuiciar a funcionarios gubernamentales o militares en ejercicio o retirados por abusos a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno.
Según una investigación de 2006 de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA en inglés), “la expresión poderes ocultos hace referencia a una red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen”.
Esto, señala el informe, representa una situación no ortodoxa en la que las autoridades legales del estado tienen todavía formalmente el poder pero, de hecho, son los miembros de la red informal quienes controlan el poder real en el país.
Aunque su poder esté oculto, la influencia de la red es suficiente como para maniatar a los que amenazan sus intereses, incluidos los agentes del estado.
La investigación de WOLA indica que algunos de los individuos que hacen parte de los poderes ocultos de Guatemala son ciudadanos corrientes, entre los cuales hay militares retirados y ex funcionarios de gobierno. Otros son funcionarios de gobierno activos (civiles y militares) que trabajan dentro de la estructura del estado.
Estos últimos ejercen un poder formal a la vez que participan en una estructura oculta de poder. La Fundación Myrna Mack (FMM) identifica a los miembros de los poderes ocultos como “civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las estructuras del Estado; hay también funcionarios de distinto rango, empresarios y, en general, personas de distintos sectores nacionales”.
Los poderes ocultos no constituyen un grupo único y monolítico, sino son redes cuyos miembros algunas veces compiten entre sí mismos, manifestándose rivalidades personales. De todos modos, las relaciones entre estos hombres y sus tejidos superpuestos de influencia en el gobierno y la sociedad hacen de ellos un juego de estructuras ocultas y poderosas.
En Guatemala, agrega el informe, los poderes ocultos se especializan en conexiones que les permiten delitos que involucran los recursos del estado –omisiones y soborno en las aduanas, corrupción en el otorgamiento de contratos lucrativos, cohecho y mordidas. Al mismo tiempo manipulan el sistema judicial para protegerse a sí mismos de ser procesados. Los poderes ocultos, a menudo, se relacionan o se involucran con el crimen organizado y el narcotráfico, pero se distinguen de las mafias tradicionales por el hecho de contar en sus filas con un alto número de ex militares y por el amplio trato que mantienen con las estructuras del estado.
Dentro de estas estructuras de poder oculto y grupos clandestinos, WOLA hace mención de la Cofradía (camarilla de oficiales de inteligencia dirigida por dos generales retirados, Manuel Callejas y Callejas, antiguo jefe de la agencia de Aduanas, y Luis Francisco Ortega Menaldo), El Sindicato (uno de cuyos miembros fundadores es el actual presidente, Otto Pérez Molina), el Estado Mayor Presidencial o EMP, las PAC, la Red Moreno (un vasto despliegue de oficiales militares y funcionarios de gobierno –unos retirados y otros en servicio, muchos de los cuales habían sido parte de La Cofradía o El Sindicato, o habían estado vinculados al EMP, o trabajado en las PAC) y el Grupo Salvavidas.
A estas habría que agregarle la Línea, la recientemente desmantelada estructura criminal, uno de cuyos miembros habría formado parte de la Red Moreno y del Grupo Salvavidas.
Lo acaecido en estos días con el desmantelamiento de la estructura de delictiva que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), como la participación de ex militares ligados al crimen organizado y de otros con vínculos con organizaciones mafiosas del pasado, pero sobre todo, la relación estrecha de la vicepresidenta Baldetti con el jefe del colectivo mafioso, además de corroborar lo expuesto en la investigación de WOLA, es un testamento devastador del nivel de ilegalidad, corrupción e impunidad presentes en las estructuras de poder del Estado. Una entidad no dedicada a encontrarle soluciones a la problemática nacional, sino una organización abocada al crimen y su perpetuación en todas las instituciones de Guatemala.
En otras palabras, en Guatemala estamos en presencia de un Estado enteramente mafioso, controlado por los poderes ocultos quienes ejercen el poder real tras las figuras políticas de turno.
Esto ha sido así durante los últimos 30 años en los que militares de alto rango, como el notorio general retirado, Ortega Menaldo, dada la enorme fortaleza de la estructura clandestina que controla, se ha desempeñado, en palabras del periodista José Rubén Zamora, como el co-presidente de Guatemala.
A todo esto y dada la magnitud de la naturaleza criminal del Estado guatemalteco, sería interesante imaginarse que en algún momento Estados Unidos declare a Guatemala una amenaza a su seguridad nacional y exija la renuncia de Pérez Molina y Baldetti.
Pero obviamente eso no va a suceder en su colonia, pues aunque sus administradores designados, sean unos hijos de puta, al fin y al cabo, son sus hijos de puta, serviles a los intereses de la metrópoli.
Publicado por La Cuna del Sol
USA.
