(SinEmbargo).- Una nota periodística publicada hoy por elSanto Antonio Express-News afirma que el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, compró terrenos valuados en 22 millones de dólares en la ciudad de San Antonio, Texas, y que estos se pueden vender por las autoridades locales, según lo determinó un Juez este miércoles.
Los terrenos que miden 186 mil 155.4 metros cuadrados, se encuentran ubicados detrás del parque temático de diversiones Six Flags y del exclusivo Hotel y Spa Eilan.
Yarrington es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además fue ex Alcalde de Matamoros de 1993 a 1995 y ex Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004.
El reportaje firmado por los periodistas Guillermo Contreras y Jason Buch, cita a fuentes federales estadounidenses, que dijeron la investigación de lavado de dinero es de “gran alcance”.
El medio texano recuerda que Yarrington se encuentra prófugo y que en el año 2012 fue acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado, así como delitos financieros.
Durante el procedimiento en San Antonio, dice el Santo Antonio Express-News, los fiscales federales revelaron que han solicitado la extradición de Yarrington y un presunto cómplice, Arturo Berlanga Bolado, para enfrentar cargos federales en Brownsville.
Berlanga Bolado -quien se desempeñó como Secretario de Transporte bajo el sucesor de Yarrington, Eugenio Javier Hernández Flores- obtuvo la propiedad de San Antonio a través de un ex socio de negocios llamado Fernando Cano.
En 2012, las autoridades estadounidenses acusaron a Cano bajo los cargos de haber lavado dinero para Yarrington -quien lo obtuvo de sobornos- en propiedades en el sur de Texas, incluyendo el terreno en cuestión.
Los funcionarios federales le dijeron al diario local que no tienen evidencia de que Berlanga está involucrado en ningún otro delito. Sin embargo, bajo procedimientos de decomiso civil, obstaculizaron los intentos de Berlanga para desarrollar el terreno o hacer cualquier otra cosa con el mismo.
Berlanga obtuvo un préstamo para adquirir la propiedad, pero se retrasó en sus pagos en diciembre como resultado del litigio, según lo sostuvieron sus abogados Gilberto Hinojosa y Rolando Ríos.
Así, el banco PlainsCapital pidió al Juez de distrito Xavier Rodríguez ejecutar la hipoteca de la propiedad y venderla. Sin embargo, Rodríguez negó la petición del banco.
En cambio, se concedió la petición de Berlanga para que se pueda vender la propiedad, que un agente de bienes raíces ha estimado que podría costar hasta 22 millones de dólares.
El Juez le dio a Berlanga hasta diciembre para tratar de concretar la venta. Si no lo hace, entonces el Juez dejaría al banco PlainsCapital ejecutar la hipoteca del terreno.
Si es vendido por Berlanga, el Gobierno estadounidense podría obtener hasta 3 millones de dólares por dicha transacción y el banco recibiría entre 4 y 5 millones de dólares para satisfacer su demanda en los términos del préstamo,
Los fiscales admiten que no tienen evidencia criminal contra Berlanga, pero no desean que Cano, o en última instancia Yarrington, logre obtener dinero con la venta del terreno.
“No es un propósito del Gobierno enriquecerse con estos [decomisos] procedimientos”, le dijo el Fiscal federal adjunto María Nelda Valadez al Juez. “Lo hacemos básicamente para quitarle la propiedad a quien detrás de ellas se encuentra con las manos sucias.”
Berlanga, de 50 años de edad, que ahora vive en San Antonio y es el jefe de una empresa desarrolladora llamada Cantera-Parkway Partners LP, dijo que no es culpable de nada.
Le dijo al Express-News que espera recuperar la reputación limpia que tenía antes de hacer negocios con Cano, con dijo haber hecho negocios pequeños muchos años atrás.
“Para mí y mi familia, este proceso ha sido muy difícil”, dijo Berlanga, que había planeado un desarrollo de uso mixto con el terreno. “En los Estados Unidos, al igual que en México, las relaciones comerciales están atados a la reputación, y el simple hecho de que un gobierno acuse a alguien o una de sus propiedades, arroja algunos problemas en su reputación, incluso si no es cierto”, dijo Berlanga.
El ex Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba es señalado por las autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico y pertenecer a una red de lavado de dinero.
Yarrington fue Alcalde de Matamoros (1993-1995), Gobernador en Tamaulipas (1999-2004) y precandidato del PRI a la Presidencia de la República. En agosto de 2012, un juez federal giró una orden de aprehensión contra el ex Gobernador tamaulipeco, informó la entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales.
Morales Ibañez detalló que el caso contra el ex mandatario estatal, señalado por presuntamente recibir sobornos del Cártel del Golfo y lavar dinero en el sector inmobiliario, se fundamentaba en “diversas pruebas”, y no sólo en las declaraciones de testigos protegidos.
“Son diversas pruebas, no solamente son testigos colaboradores, sino son también otro tipo de pruebas y que fueron valoradas en su conjunto por el Ministerio Público al momento de ejercer la acción penal, y también por el juez”, mencionó el 29 de agosto de 2012.
Yarrington presentó un amparo alegando violaciones a sus garantías constitucionales por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la integración de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/240/2012, la cual fue consignada en su contra.
También buscó ampararse contra los actos del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR que instruyeron su búsqueda y localización en el extranjero con el apoyo de Interpol.
Sin embargo, el 27 de febrero del año pasado, el Juez de amparo validó el mandato de captura girado contra el ex Gobernador y al mismo tiempo desechó el amparo del prófugo de la justicia contra una presunta aprehensión por delincuencia organizada, ya que la captura no procedió por este delito.
Según se dio a conocer, el juzgado también rechazó amparar a Yarrington contra la SEIDO y la Interpol, debido a que la primera de ellas solicitó en el oficio CG/TAM/1380/2012 la colaboración de la Policía internacional para que instruyera a las agencias de más de 180 países intervenir para lograr la captura del ex priista hoy fugitivo.
