El estado de Guerrero en particular y México en general siguen conmocionados por la desaparición hace ya un mes de 43 estudiantes que realizaban una protesta y fueron atacados por la Policía.
Nada se sabe del paradero de los jóvenes y no es el único caso a investigar. En lo que va de año, 240 personas han desaparecido y se han descubierto 152 cadáveres en fosas clandestinas solo en Guerrero, según ha informado el Servicio Médico Forense de la región.
Los datos facilitados por la Procuraduría General de la República (PGR), dentro de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hablan de 11 fosas de las que se han recatado 38 cuerpos calcinados y mutilados como sello del crimen organizado.
En esta negra lista de datos, Iguala –donde se desarrollaron los enfrentamientos del 26 de septiembre– ostenta el primer puesto en cuanto a fosas descubiertas.
Datos y cementerios clandestinos que salpican toda la geografía del estado y que explican por qué Guerrero es una de las regiones más peligrosas de México.
De hecho, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuenta con la mayor tasa de asesinatos de todo el país, 29 homicidios premeditados por cada 1.000 habitantes, incluso por delante de Sinaloa y Chihuahua.
Este estado también aparece como la zona de México donde se producen más secuestros, robos y violaciones sexuales.
A esto, hay que sumarle la falta de medios. El médico Mario Alberto Aguirre Puente, director del Servicio Médico Forense (Semefo) de Guerrero, ha denunciado que los medios con los que cuentan para la identificación de los cuerpos no son suficientes.
“Tenemos limitaciones para hacer la identificación”, ha asegurado. “No damos abasto. Por ejemplo, sólo tenemos un antropólogo forense para todo el estado”, ha añadido en el diario mexicano ‘El Universal’.
Por todo ello, la verdadera dimensión de los crímenes que se cometen en Guerrero se puede medir por la cantidad de cuerpos hallados en fosas a lo largo de su 81 municipios.
Los medios mexicanos han comparado esta región con un cementerio clandestino obra del crimen organizado o, como ha dicho ‘El Universal’, con una fosa común de más de 63.000 kilómetros cuadrados.
Lucha y movilizaciones
Pese a la dimisión del gobernador de Guerrero, Ánguel Aguirre, y a las promesas de nuevos medios para asegurar las investigaciones, familiares y compañeros normalistas han reiterado que continuarán con su estrategia de lucha y movilizaciones hasta que se atienda su demanda principal: “que aparezcan vivos sus compañeros”.
En esta línea, Pedro David García, secretario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, ha asegurado que “la dimisión de Aguirre no resuelve el conflicto, porque la prioridad es encontrar con vida a los compañeros”.
Por ello, no ha dudado en pedir públicamente al presidente, Enrique Peña Nieto, una reunión con los padres de los desaparecidos para “escuchar de viva voz y enterarse de primera mano de la situación”.
Los familiares de los estudiantes y testigos de los sucesos no han cesado en sus denuncias, acusando directamente los policías locales de detener y llevarse en furgones a los jóvenes ahora desaparecidos. Hechos que algunos de los detenidos han confesado.
Además, han confirmado que tras retenerlos entregaron a los estudiantes a sicarios del grupo ‘Guerreros Unidos’.
EP
