La conmoción social que generan los casos de pederastia apenas es comparable a cualquier otro delito. Sin embargo, la repulsa suele ir un paso por delante de la legislación.
El endurecimiento de las penas para estos condenados era uno de los primeros objetivos del Gobierno, con su reforma del Código Penal, anunciada el año pasado.
Sin embargo, esa reforma aún no ha recibido la aprobación definitiva, encallada en un proceso parlamentario en el que el plazo para enmiendas ha sido prorrogado hasta en 35 ocasiones.
La reforma recoge una nueva tipología de condena “la cadena perpetua revisable” para el caso de violadores que asesinen a sus víctimas. Se trata de una especie de cadena perpetua pero reversible a los 25 o 35 años, tiempo en el que un tribunal colegiado deberá determinar si el preso está rehabilitado. Si es así, se le autorizará la salida de prisión y deberá cumplir un período de cinco a diez años en régimen de libertad condicional.
En caso contrario, seguiría en la cárcel y sería evaluado anualmente.
El nuevo Código Penal mantiene además la libertad vigilada para violadores, una medida introducida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010, y que tiene una duración de diez años, aunque en la reforma se contempla además la posibilidad de que un juez decida ampliarla de forma indefinida, si se considera que existe un elevado riesgo de reincidencia.
En abril de este año, y en plena conmoción por el caso de los abusos de un profesor en el Colegio Valdeluz, de Madrid el Gobierno anunció también la creación de un “registro de pederastas” una medida planteada ya en otras ocasiones y que forma parte de una batería sobre protección de menores presentado por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, al Consejo de Ministros, y que siguependiente de su aprobación definitiva.
En este registro figurarían todos los pederastas y explotadores y traficantes de menores con condena en firme, con la intención, manifestada entonces por el Ministerio, de que los abusadores queden registrados "para siempre".
La propuesta ha generado polémica, a pesar de que existe en otros países europeos y no ha sido aún detallada. No se sabe, por ejemplo, quién podrá acceder a este registro, ni tampoco cómo se gestionará el sistema de antecedentes penales, que rigen en nuestro sistema penal, y que supone que estos queden cancelados cuando se cumple un período determinado.
En el mismo anteproyecto se contemplaba también que colegios, centros deportivos o aquellos con actividades para menores estarían obligados a exigir un certificado de antecedentes penales junto con el currículum para garantizar que el personal que contratan no tenga antecedentes o sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual de niños o de explotación de menores.
En la propuesta no queda detallado las profesiones a las que afecta.
También pendiente de aprobación está la figura del “agente encubierto”en casos de delitos sexuales, algo que ya existe en otras investigaciones, como tráfico de drogas, y que permite a las fuerzas de seguridad del Estado detectar a posibles pederastas que contacten con menores a través de la Red.
El actual Código Penal contempla penas por abusos sexuales de hasta quince años de prisión, en los casos en que el ataque conlleve violación.
Desde 2010, las cárceles catalanas tienen además a disposición de los condenados por abuso sexual el programa de “castración química”, un tratamiento inhibidor de la líbido que debe ser solicitado de forma voluntaria por el preso. Sin embargo, hasta el momento, únicamente el conocido como “Violador del Eixample” pidió someterse al tratamiento, tras su salida de prisión, en julio del año pasado.
En Reino Unido los pederastas son penados como terroristas
El controvertido registro de pederastas es una medida practicada ya desde hace tiempo en varios países de nuestro entorno. Entre ellos, Reino Unido, país tiene una larga tradición en la lucha contra la pederastia y que desde 2003 cuenta con una Ley específica de Ofensas Sexuales. Desde 2008, los padres de Inglaterra y Gales pueden requerir a la policía información sobre antecedentes de abusos sexuales.
La permanencia en este fichero varía según la condena, pero a partir de que ésta supere los 30 meses, será ya de por vida.
Los pederastas están además obligados a comunicar cualquier cambio laboral o en su domicilio. El país cuenta también con un programa de castración química y tiene una de las legislaciones más duras contra estos delincuentes, equiparables a terroristas.
Otros países, como Francia, cuentan con sistemas reforzados de vigilancia policial para aquellos condenados por abusos sexuales a menores, una vez hayan abandonado la cárcel.
En el país galo, los condenados a más de diez años de cárcel serán objeto de esta vigilancia si un informe determina su riesgo de reincidencia.
Además, todos los condenados a más de cinco años deben llevar brazalete electrónico. Las penas llegan a los veinte años, y desde 2010, cualquier delincuente sexual que lo reclame puede acceder a un tratamiento de castración química.
Alemania cuenta con una medida pionera denominada “custodia de seguridad”, y que consiste en la reclusión voluntaria de personas con tendencia pedófila, aún cuando no hubiesen cometido delito. Alemania aplica además terapias de prevención, que han demostrado buenos resultados, y la castración química a mayores de 25 años.
La legislación danesa es más ligera y contempla la posibilidad de que los condenados a penas inferiores a 18 meses sustituyan la cárcel por un tratamiento psiquiátrico, que podrá ser reforzado con sustancias químicas para inhibir la líbido.
También se contempla la prohibición de que un pederasta preste trabajo en centros frecuentados por niños.
La legislación contempla la cadena perpetua en casos de especial gravedad. La libertad condicional está sujeta a lo que determine un Tribunal de seguimiento, que debe reunir distintos informes sobre su riesgo de reincidencia.
Portugal prevé endurecer las penas por delitos sexuales contra menores y podría también aprobar un registro para pedófilos, a disposición de los padres de niños de hasta 16 años.
