(elpais.cr) - El Gobierno tiene un “doble discurso” con respecto al patrullaje conjunto contra el narcotráfico, denunció el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, y acusó de “inconstitucional” el hecho de permitir que 22 barcos de la Marina de Guerra de Estados Unidos atraquen en los puertos de Costa Rica.
“Hay un doble discurso en el Gobierno. A lo interno, la Presidenta dice a los diputados que voten esos permisos “sin complejos”, pero si se lee lo que dice la señora Presidenta en foros internacionales, vemos que hay una denuncia de los patrullajes conjuntos”, argumentó.
Para ello, citó los documentos oficiales presentados por la Presidenta Laura Chinchilla en la Cumbre Presidencial de Guatemala, en junio de 2011, en conjunto con otras naciones centroamericanas.
En los mismos, el Gobierno de Costa Rica critica los esquemas de patrullaje conjunto de los últimos 10 años, porque los operativos en altamar han presionado para que las lanchas de narcotraficantes se aproximen más a las costas o que se incremente el tráfico de cocaína por el territorio nacional.
“Sin embargo, aquí, el Gobierno oculta ese argumento y nos presiona para que votemos favorablemente los permisos para esos patrullajes conjuntos”, dijo Villalta.
Recordó que el Gobierno también afirmó en esa Cumbre que, si bien la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida, es también una responsabilidad diferenciada, porque Costa Rica y Centroamérica se han convertido en “víctimas de una geopolítica perversa”, en que nuestros países están pagando un alto costo negativo y en el que “los esfuerzos realizados no han sido debidamente retribuidos ni compensadas las consecuencias negativas derivadas del combate a las drogas”, citó el diputado.
En Guatemala, Chinchilla también propuso un fondo de compensación como mecanismo financiero que apoye a los países centroamericanos por sus esfuerzos, dijo el parlamentario.
Por otro lado, Villalta recordó que, en un voto salvado de la Sala IV, tres magistrados coinciden en que aprobar los permisos para el atraque de barcos militares violenta el Artículo 12 de la Constitución Política, que proscribió el ejército y estipula que el mantenimiento del orden está a cargo de fuerzas policiales.
“Bienvenida la cooperación internacional que respeta la Constitución y para funciones policiales, pero no la militarización”, expresó Villalta duran la discusión para otorgar el permiso de ingreso de veintidós embarcaciones de la Marina de Guerra de los Estados Unidos a aguas nacionales.
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