“¡No más parce, no más! ¡Esto no puede seguir así! ¡Tenemos que reaccionar!”.
El grito de un joven sanandresano vestido de luto es estridente, seco, cargado de dolor.
Resuena en el templo New Life Tabernacle en San Andrés, en medio de llantos y gemidos de los familiares y amigos de Marcos Quintana, asesinado en la madrugada del sábado pasado cuando volvía de su puesto de comidas rápidas.
Este hombre, de 31 años, padre de tres niños, se convirtió en la última víctima de una ola de violencia que tiene a la isla contra las cuerdas.
En lo que va del año ya van 11 homicidios, una cifra enorme para una isla que tiene menos de 100.000 habitantes y tan solo 27 kilómetros cuadrados de superficie; en donde hay 600 policías y varias bases militares.
Hace dos semanas un joven torturado y asesinado estremeció la pacífica isla de Providencia. El 27 de agosto un grupo de atracadores baleó a Richard Marsiglia en la tienda donde trabajaba.
Y un día después, a solo noventa pasos de la Gobernación, un hombre le disparó en el abdomen y en el hombro al turista argentino Luciano Narcisi cuando trató de evitar que le robaran el bolso a su mujer embarazada.
La situación es grave y el miedo ahora ronda por este paraíso. En el sepelio, una cuñada de Marcos Quintana protegida por gafas de sol que esconden sus ojos enrojecidos, exclama que “acá hay temporadas en las que matan seis meses, la Policía se alborota, vienen los generales y ponen retenes.
Cuando los quitan, vuelve el plomo”. Edinson, que trabaja con turistas, lanza con rabia que “San Andrés es una caja de fósforos, en donde todo se sabe. Hay pánico, nadie sale en las noches. Esto no está en alerta roja, está vino tinto desde hace rato”.
Pocos se imaginaron que casi dos años después del fallo adverso de La Haya, cuando el gobierno se volcó a reafirmar su apoyo a San Andrés, la situación del archipiélago iba a empeorar hasta este nivel. El propio presidente Juan Manuel Santos lanzó un ambicioso plan para “rediseñar el futuro de la isla” y anunció inversiones por más de 1 billón de pesos. Pero si bien el gobierno ha cumplido muchas de las promesas, los problemas más graves que tienen los sanandresanos no se han solucionado y ahora se ven agravados por los problemas de violencia y la corrupción.
Desde hace años hay un diagnóstico claro sobre la seguridad isleña, pero el paciente sigue igual de grave. Todos saben que San Andrés es una plataforma del tráfico de cocaína entre Colombia y Centroamérica, además de ser una ruta del contrabando. En los barrios más pobres, como La Zona, decenas de jóvenes esperan su oportunidad “para darle una puñalada a la miseria”, como le dijo un periodista local a los enviados de SEMANA. Buscan embarcarse en una lancha rápida repleta de droga o en su defecto de gasolina, para retanquear los barcos de los traficantes en alta mar.
No es una coincidencia que los cursos del Sena que tienen más demanda son los de navegación marítima. En los viajes de vuelta traen dinero y armas cortas, que pululan en Nicaragua, Honduras o Guatemala como herencia de las guerras civiles. El coronel Luis Aníbal Gómez, comandante de la Policía en el departamento, dijo que en la isla no hay “bandas criminales como tal, sino pandillas ligadas a los clanes en Colombia, que cobran cuotas a los narcotraficantes. Hace unos años gente del continente vino a organizarlos y con ellos llegó la violencia”.
Pero la Policía enfrenta un enemigo más huidizo que el peor de los criminales: la falta de confianza. La comunidad no cree en ellos. Un funcionario de la Gobernación le dijo a SEMANA que “nadie confía en la Policía porque se dice que está infiltrada por los bandidos”. Comerciantes, hoteleros y taxistas repitieron esa queja a esta revista. Un profesor dijo que “la isla tiene 27 kilómetros cuadrados, 20 uniformados por kilómetro, pero nunca capturan a nadie. Eso tiene una explicación lógica: no hacen nada para encontrarlos”. La suspicacia es tan grande, que un grupo de ciudadanos quiere manejar directamente las cámaras de seguridad.
Para el coronel Gómez, “ese es un tema fundado en situaciones que se presentaron años atrás”, pues en 2011 se desmanteló una banda dirigida por exagentes de la institución. Incluso, en agosto le entregaron a la Fiscalía dos funcionarios que trabajaban con los ‘narcos’. Entre tanto la gobernadora, Aury Guerrero, le dijo a SEMANA que “la cuestión no es el número de policías. Necesitamos un buen laboratorio, fiscales de cada una de las áreas, investigación”.
El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, estuvo esta semana en la isla. Anunció la llegada de 50 uniformados más, que reforzará las capacidades investigativas y que le dará un vuelco al mando, pues la inseguridad afecta el turismo, pilar de la economía local.
El factor Hommes
Por otro lado, los grandes anuncios y programas que el gobierno impulsó desde el fallo de La Haya se han visto afectados negativamente en los últimos meses. El primer cañonazo ocurrió en julio, cuando la Corte Constitucional tumbó los artículos de la Reforma tributaria con los cuales se iba a financiar la estrategia estatal. Y hace dos semanas el exministro de Hacienda Rudolf Hommes renunció a seguir siendo asesor del Plan Archipiélago.
En una carta al presidente, Hommes mostró el panorama complicado que vive el departamento debido a la tardanza en mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado, en diversificar las fuentes de energía a través de un parque eólico o la planta incineradora de basuras, y en recuperar las playas. También porque aún no se han ejecutado algunos proyectos ya diseñados, como el sistema de transporte, la universidad de la comunidad bautista o los proyectos de maricultura y acuaponía.
De forma más inquietante reveló que no fue posible nombrar un médico en Providencia a pesar del “compromiso formal del ministerio para hacerlo” y que no hubo “un esquema institucional adecuado ni el apoyo del municipio” para elevar el nivel académico de estudiantes y maestros.
Y remató con una fuerte alarma sobre la seguridad del departamento que “decae progresivamente, a medida que las bandas criminales amedrentan a la población y aumentan inexplicablemente su control territorial y su poder político”.
María Lorena Gutiérrez, ministra consejera del Gobierno, viajó esta semana a la isla y dijo a SEMANA que “es evidente que San Andrés lleva décadas de retraso. Sin embargo, ningún otro gobierno ha invertido tanto en el archipiélago.
Estamos cumpliendo los compromisos y le vamos a meter el acelerador a fondo”. Indicó que en estos tres años la inversión ha alcanzado los 1,2 billones de pesos y que no hay que preocuparse con la sentencia de la Corte pues ya están en ejecución 94.000 millones de pesos.
Frente a la renuncia y a las críticas de Hommes, anunció que el jueves se reunió con él y no solo acordaron que seguirá haciendo parte del grupo de trabajo sino que definieron los cuatro proyectos prioritarios: crear un sistema de buses, con pasaje subsidiado, que le darán la vuelta a San Andrés, crear una línea de ferry entre la isla y Providencia y darle fuerza a la universidad y a la enseñanza del lenguaje creole.
Es evidente que el gobierno tiene la voluntad de sacar adelante el archipiélago, pero en San Andrés hay una fuerte sensación de letargo, con bloqueos a todos los niveles y megaproyectos encallados en discusiones interminables y afectados por la corrupción.
Por ejemplo, la planta incineradora de basura, que desde hace un año está lista para generar energía y reducir el costo del servicio, el más caro del país, inexplicablemente no arranca en medio de todo tipo de especulaciones.
SEMANA también visitó la cárcel de menores, cuya obra está parada por problemas en la contratación y la compra del lote. Los edificios tienen vidrios, puertas, inodoros y hasta bombillos, pero la maleza carcome desde hace dos años la construcción. Otra obra en suspenso es la nueva sede de la corporación ambiental local. La Contraloría General le tiene la lupa puesta y ya abrió varios procesos de responsabilidad fiscal.
A estos graves bloqueos administrativos se añaden las tensiones permanentes con las comunidades raizales, que tienen en jaque varios proyectos como el dragado del puerto o la ampliación del aeropuerto, debido a las consultas previas.
Para un periodista que vive hace décadas en la isla, “los fundamentalistas no dejan hacer nada, ni una obra, bloquean todo”. Se refiere al rechazo, cada vez más grande de los raizales, por todo lo que viene de Colombia.
“Nos dicen que acá la consulta previa es una extorsión. ¿Pero, para quién es el progreso? Para los gremios que quieren explotar el territorio”, dice Corrinne Duffis, líder de la comunidad, que cada vez se exaspera más con las políticas trazadas desde Bogotá y su convivencia con los residentes continentales, conocidos como ‘pañas’. Otro raizal, Albert Howard, dijo que “siempre hay muchos roces entre nosotros y los colombianos que nos roban y nos roban las tierras. Somos afrocaribeños, de otra cultura, otra religión. Aquí no es Colombia, aquí es nuestra casa y ahora somos minoría en nuestra propia tierra.
Nos invadieron y ahora nos quieren sacar, pero nos van a tener que matar”.
A la tardanza en resolver problemas históricos y de seguridad se suma la ausencia de nuevas inversiones en la isla. Los hoteleros dicen que es difícil atraer socios sin agua potable, con energía cara y problemas de basuras. “No hay un ambiente propicio”, dijo uno de ellos.
Entre tanto, varios hoteles piden a gritos una renovación y aunque por ahora viven llenos gracias a las aerolíneas de bajo costo, eso no es sostenible a mediano plazo.
Por eso muchos sienten que un huracán amenaza al departamento insular. Se requiere tomar acciones urgentes que destraben los proyectos que ayudarían a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y que permitan reestablecer la confianza de los isleños. Hay sectores que están reaccionando, que están hablando fuerte y que quieren dejar de callarse con la excusa de no “dañar la imagen de la isla”.
Porque lo único cierto es que el archipiélago colombiano no puede seguir por ese camino de deterioro y decadencia.
http://www.semana.com/nacion/articulo/san-andres-la-deriva/401847-3
