La larga experiencia de contactos y entrevistas encaminados a la materialización de acciones humanitarias o de conversaciones de paz entre gobierno e insurgencia, enseña que su utilización por parte del Estado a efectos de cumplir tareas de inteligencia u operaciones militares, no sólo mina la confianza en la seriedad del interlocutor, sino que conduce al fracaso de los propósitos perseguidos con las aproximaciones y encuentros.
De la histórica realización de tales prácticas cabe citar dos casos emblemáticos:
Desde el mes de mayo del año 2000 se cumplieron en el área rural de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, contactos y reuniones entre representantes del ELN, el gobierno nacional y miembros de la comunidad internacional, con miras al inicio de conversaciones de paz.
En marzo de 2001, el Ejército Nacional, en alianza abierta con bandas paramilitares, dio comienzo a la llamada Operación Bolívar, con grandes desembarcos de tropas, justo en el área de seguridad elegida para dichos encuentros, cuando se realizaba incluso una reunión en la que participaban además del comisionado de paz Camilo Gómez, embajadores de varios países amigos.
Por otro lado, es un hecho que la semejanza de los protocolos de seguridad implementados con ocasión de las liberaciones unilaterales de prisioneros de guerra por parte de las FARC-EP, sirvió de base para que la CIA y el Ejército Nacional acumularan información y prepararan la operación que con el empleo de la perfidia de utilizar emblemas de la Cruz Roja Internacional, entre otros, les permitió presentar a Jaque como una heroica acción de rescate, cuando se trataba de un sucio negocio de traición paga, del que tomaron parte tanto el ministro de defensa de la época como el propio Presidente Uribe.
El reciente escándalo conocido como Andrómeda ha puesto al descubierto que esa vieja práctica estatal continúa viva y activa.
El seguimiento, la persecución y puesta en mira de dirigentes de la oposición política y de los propios voceros gubernamentales en la Mesa de Conversaciones de La Habana reúnen todos los ingredientes, incluida la presencia de la CIA, para concluir que desde oficinas del Estado se preparan operaciones contra la consecución de la paz y la democratización del país, viejos anhelos de nuestro pueblo que se procuran alcanzar con la Mesa de Conversaciones de la Habana y la aproximaciones entre el gobierno nacional y el ELN.
Las manifestaciones de indignación y repudio, unidas a las solicitudes imperiosas de investigaciones disciplinarias y judiciales que todo el país está escuchando en los medios, resultan poco convincentes cuando se tienen antecedentes como el asesinato del Comandante Alfonso Cano en los mismos momentos en que el gobierno nacional y las FARC-EP celebraban las primeras reuniones reservadas con miras a establecer conversaciones.
Por encima del mal disimulado desprecio por la insurgencia que se trasluce en diversas declaraciones y entrevistas oficiales, la paz y la reconciliación son bienes invalorables para el pueblo de Colombia, que pueden echarse a perder torpemente si no se apartan definitivamente de sus gestiones las acciones de inteligencia militar y policial.
Con mucha más razón si, como se desprende de las primeras excusas públicas, estas operaciones encubiertas resultan achacadas a ruedas sueltas que operan a la sombra de la institucionalidad.
¿Paramilitarismo oficial?
Montañas de Colombia, 7 de febrero de 2014.
Por el Comando Central del ELN
Nicolás Rodríguez Bautista.
Por el Secretariado Nacional de las FARC-EP,
Timoleón Jiménez.
