La semana pasada, una delegación del Vaticano compareció ante la ONU para dar explicaciones sobre los casos de abuso sexual a menores perpetrados por sacerdotes, monjas y demás funcionarios de la Iglesia alrededor del mundo.
En ocasiones previas, el papa Francisco y el ex pontífice Benedicto XVI, reconocieron públicamente los casos de abusos. Sin embargo, era la primera vez que una comisión de la Santa Sede se presentaba en Ginebra ante las Naciones Unidas para reconocer los delitos de pederastia que históricamente ha intentado ocultar su organización religiosa.
Si bien este es un hecho sin precedentes para la Iglesia, no es ni mínimamente suficiente para las cientos de miles de víctimas efectivas (y posibles) alrededor del planeta. En Ginebra, la comisión del Vaticano continuó manteniendo ocultos los nombres de los miles de sacerdotes que están envueltos en estos delitos, aún teniendo registros internos de los mismos. Además, se negó a proporcionar documentación referida al “protocolo de actuación” que ejerce la Iglesia Católica en estos supuestos.
En casi la totalidad de los casos, los sacerdotes implicados en crímenes de pederastia no son procesados por el derecho penal de sus países de residencia, sino que son “escarmentados” por las altas autoridades católicas de la localidad donde viven –quienes los suelen encubrir trasladándolos de parroquia o de país–.
Otra opción, que dependerá de la discrecionalidad de la autoridad eclesiástica local, es que los clérigos criminales sean enviados a la Ciudad del Vaticano donde un tribunal católico dirimirá su culpabilidad o inocencia, penalizándolos a través de la excomunión o permitiendo su permanencia en la organización cristiana.
Hasta la fecha, no se conoce un solo caso en el que el sacerdote haya tenido que enfrentar una pena de cárcel por pederastia al pasar por estos tribunales eclesiásticos. De hecho, muchos de ellos, ni siquiera son cesados, sino que, de aprobar un test psicológico, serán reinsertados en las labores pastorales, poniendo en peligro –una vez más– a miles de niños y niñas.
La gran mayoría de ataques sexuales que han sido denunciados ante las autoridades judiciales de los Estados “seculares”, fueron atajados ágilmente mediante pagos extrajudiciales por parte de la Iglesia Católica a las familias de las víctimas, comprando así su silencio y frenando las investigaciones.
La opacidad también ha sido la tónica, incluso en escándalos abiertamente “populares”, como es el caso de Irlanda. En este país se destaparon abusos sexuales masivos en instituciones (orfanatos, colegios, reformatorios, etcétera) regentadas por la Iglesia Católica.
En 1999, el Gobierno irlandés creó una comisión para investigar el alcance del abuso infantil en estos centros católicos, desde los años 30 hacia adelante. Tras interesadas dilaciones, en 2009 fue presentado finalmente el documento, conocido como el Informe Ryan.
Entre sus páginas se señala claramente que la violación y el acoso sexual eran "endémicos" en estos centros, financiados principalmente por el Ministerio de Educación irlandés, y dirigidos por la Iglesia Católica.
Las más de 2 mil páginas del informe mantuvieron en secreto los nombres de los abusadores del clero, y en el capítulo de las recomendaciones no se hace ninguna mención a las sanciones que deberían imponerse a los criminales.
A lo largo de los años de denuncias, el Gobierno irlandés y la Iglesia Católica pactaron acuerdos con las víctimas por los que recibirían indemnizaciones económicas a cambio de renunciar a su derecho de demandar a la Iglesia y al Gobierno, además de mantener oculta la identidad de los abusadores.
Se calcula que, en total, se habría entregado una indemnización de alrededor de 1,3 mil millones de euros. Como consecuencia de estas “expiaciones monetarias”, la Iglesia irlandesa atravesó, en 2011, una importante crisis financiera, de la que aún continúa recuperándose.
El mes pasado, representantes de la Santa Sede comparecieron ante un comité de las Naciones Unidas para dar cuenta de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Vaticano en 1990.
Esta semana, el comité de la ONU emitió un informe consignando las conclusiones a partir de la histórica audiencia, un documento que trata temas de abusos sexuales, discriminación, torturas y demás atropellos cometidos por la “inmaculada” Iglesia católica contra niños y niñas alrededor del mundo.
Lo primero que se extrae del documento es que el Vaticano no ha cumplido con la CDN y que, por el contrario, ha infringido los pilares de la misma, poniendo en riesgo a millones de menores.
Respecto a los casos de abusos sexuales, la ONU señala que "la Santa Sede no ha reconocido la magnitud de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil, y ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a la persistencia de los abusos, y a la impunidad de los perpetradores".
“La Iglesia ha estado más preocupada por evitar el escándalo, que por proteger a los niños abusados”.
“Debido al código de silencio impuesto a todos los miembros del clero, bajo pena de excomunión, los casos de abuso sexual a menores casi nunca han sido reportados ante las autoridades seculares”. En este sentido, se insta al Vaticano a que “retire inmediatamente de sus cargos a todos los clérigos abusadores (conocidos y sospechosos)”.
Además, se exige la “distribución transparente de todos los archivos que puedan ser utilizados para mantener sin castigo a los criminales”, información que el Comité de la ONU alega haber solicitado, pero que el Vaticano se ha negado a entregar.
En el informe se denuncia que “es ampliamente conocido y documentado que los violadores han sido trasladados de parroquia en parroquia o incluso a otros países, en un intento por encubrir sus delitos”.
Durante la comparecencia del mes pasado, la Santa Sede intentó exculparse ante la ONU arguyendo que son las autoridades de los países donde se cometen los delitos los responsables de iniciar los procesos judiciales contra los criminales.
En respuesta, la ONU defiende que “la Santa Sede, al ratificar la CDN, se comprometió a aplicarla no sólo en el territorio de la Ciudad del Vaticano, sino también como poder supremo de la Iglesia Católica, a través de las personas y las instituciones bajo su mando”. En otro apartado, la ONU menciona que “las denuncias ante las autoridades nacionales nunca fueron obligatorias para la Iglesia”; y que inclusive, “la consecución de las mismas han sido rechazadas explícitamente en países como Irlanda, en una carta oficial dirigida a los miembros de la Conferencia Episcopal en 1997.
En muchos casos, autoridades eclesiásticas, incluyendo a los más altos rangos de la Santa Sede, han mostrado renuencia o se han negado a cooperar con las autoridades civiles”.
El Vaticano, como apunta la ONU, debe modificar el Código de Derecho Canónico. Bajo este sistema de leyes se considera a los abusos sexuales infantiles como "delitos contra la moral", y no como crímenes en toda regla.
Ante tanto agravio sistemático, sería de justicia que la Iglesia hiciera un verdadero mea culpa y acatara las recomendaciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, parece que estamos lejos de que ello suceda.
La Santa Sede ya se ha pronunciado en contra del documento, alegando que en estos últimos años su institución ha efectuado importantes avances, por lo que el informe del Comité de la ONU es producto de la inquina, de ideologías parciales y de una perspectiva incorrecta.
Para comprobar la veracidad de las declaraciones vertidas, la próxima semana repasaremos los últimos casos de pederastia de la Iglesia católica. Les puedo asegurar que los caminos nos llevarán directamente a Roma.
