El 6 de junio de 1982 Israel invadió Líbano utilizando como excusa la tentativa de asesinato de su embajador en Londres dos días antes.
En realidad, la invasión de Líbano (bautizadaPaz para Galilea) había sido preparada con mucha antelación por el gobierno israelí, que inicialmente tenía previsto penetrar y ocupar una franja de 40 kilómetros a fin de desalojar a la resistencia libanesa y palestina de la frontera norte de Israel.
La agresión fue dirigida por el ministro de Defensa Ariel Sharon, actual primer ministro de Israel, quien decidió proseguir su avance hasta la capital, Beirut, ciudad a la que somete a un cruel asedio a partir del 18 de junio, que ocasionó 18.000 muertos y 30.000 heridos, en su mayoría civiles.
Tras dos meses de combates y asedio, el mediador norteamericano Philip Habib logra el compromiso de la OLP de desalojar Beirut-Oeste a cambio de garantizar la protección internacional para la población palestina de los campos de refugiados situados en la periferia sur de la ciudad, los de Sabra y Chatila.
Los combatientes palestinos abandonan la capital libanesa el 1 de septiembre, y el 10 de septiembre lo hace la fuerza multinacional desplegada. Tras el asesinato -nunca esclarecido- el día 15 del recién elegido nuevo presidente libanés Bachir Gemayel (dirigente del Partido Kataeb o Falange, formación de la extrema derecha maronita aliada de Israel), el ejército israelí ocupa Beirut-Oeste en contra de lo pactado con EEUU.
Previamente, Ariel Sharon había anunciado que aún quedaban en los campos de Sabra y Chatila "dos mil terroristas [palestinos]" y había acordado con Gemayel, tres días antes de su asesinato, que las milicias del Partido Kataeb (las llamadas Fuerzas Libanesas), bien conocidas por su odio y brutalidad hacia los palestinos, entrarían en los campamentos palestinos para "limpiarlos", asistidas por el ejército israelí, que previamente procede a bombardearlos intensivamente.
Del 16 al 18 de septiembre, mientras el ejército israelí ilumina día y noche los campamentos con potentes reflectores, impide la huida de sus residentes y presta sus excavadoras para enterrar a los masacrados o demoler las viviendas, los falangistas torturan, violan y matan a una cifra de civiles palestinos y libaneses que puede alcanzar los 3.500.
Los demandantes
Los demandantes de la acción contra Sharon, representados por un equipo de tres abogados (dos belgas y un libanés), son personas que acreditan haber sido víctimas y testigos de las masacres cometidas contra ellos, contra sus familiares, contra terceras personas y contra sus bienes materiales. Las 23 acusan -con el respaldo del testimonio de cinco testigos- a Ariel Sharon de permitir que las milicias de las Fuerzas Libanesas (la organización militar del Partido Kataeb o Falange) en connivencia con el ejército israelí asesinaran hasta más de tres millares de civiles en los campamentos de Sabra y Chatila, en aquel momento bajo control militar del ejército israelí.
El fundamento jurídico
El fundamento jurídico de la demanda se acoge a la Ley belga de 16 de junio de 1993 (modificada por la Ley de 10 /2/1999) relativa a la represión de las violaciones graves del derecho internacional humanitario en los casos de actos de genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes contra personas y bienes protegidos por la IV Convención de Ginebra de agosto de 1949.
Asimismo, el fundamento de la demanda se acoge al Derecho Consuetudinario Internacional en relación con los mismos crímenes.
La combinación de ambas normativas, que habilita a los tribunales del Estado belga a enjuiciar a cualquier persona (sin límites de nacionalidad, tiempo transcurrido o cargo) por crímenes de guerra, actos de genocidio y otros crímenes contra la Humanidad cometidos en cualquier parte del mundo, fue la misma que sirvió de base el año pasado para procesar en Bélgica a personas halladas finalmente responsables de las matanzas de Ruanda.
Merece la pena señalar que el Estado de Israel invocó el mismo instrumento jurídico del Derecho Consuetudinario Internacional cuando juzgó a Eichman por crímenes de guerra cometidos contra comunidades judías en la época nazi y que EEUU recurrió a la misma legislación en el caso del enjuiciamiento de Demyanyuk.
La particularidad que ofrece la legislación belga respecto a la practica del Derecho Consuetudinario Internacional es que, a diferencia de otros Estados, acepta procesar a criminales de guerra aunque sean beneficiarios de la inmunidad por cargo (como es el caso de Sharon, actualmente primer Ministro de Israel).
En el caso del Estado español, y tras el enjuiciamiento de Pinochet apelando a la Ley de Justicia Universal, que incluye perseguir delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, dos querellas presentadas posteriormente mediante acción popular ante la Audiencia Nacional (contra el presidente de Guinea, Obiang y contra Fidel Castro) fueron rechazadas alegando que disfrutan de la inmunidad que les confiere el cargo.
Presiones políticas
De acuerdo con fuentes cercanas a la defensa de los demandantes, y debido a la incidencia política asociada al fondo de la Demanda presentada en Bélgica que criminaliza la actuación del actual primer ministro de Israel como genocida, las corrientes prosionistas belgas así como algunos círculos políticos de la Unión Europea habrían empezado a ejercer presiones en ámbitos diplomáticos, políticos y mediáticos a fin de influir en la decisión de los tribunales belgas para que la demanda, que ya ha sido admitida a trámite y la investigación oficialmente abierta sean desestimadas.
Por su parte, la Administración estadounidense ya declaró por medio de su portavoz Ari Flesicher la posición de EEUU sobre esta cuestión el mismo día en que Sharon visitaba la Casa Blanca: "Creo que el simple hecho de que el presidente [Bush] esté manteniendo en este momento un encuentro en el Despacho Oval con un líder debidamente elegido por una nación democrática habla por si solo de lo que el presidente hará y de a quien apoya"
Otras iniciativas para investigar y procesar a Sharon
A raíz de la apertura del expediente belga, el Estado de Líbano podría estar considerando reabrir una investigación sobre las masacres para procesar a Sharon por su responsabilidad en las matanzas.
También en Líbano, una abogada libanesa, May Jansa, ha iniciado un pleito contra el primer Ministro de Israel por los mismos cargos que en Bélgica y basada en informes y documentación emitidos por el canal árabe Al Yasira que revelan el papel determinante del ex -parlamentario libanés y comandante de las milicias falangistas libanesas en Sabra y Chatila, Elia Hobeika y el también ex comandante falangista Fuad Abu Nader. La abogada ha presentado una lista de 24 testigos, libaneses y palestinos que fueron víctimas totales o parciales de las masacres.
Asimismo, la organización Human Rights Watch (HRW) con base en EEUU ha solicitado recientemente una investigación del papel del primer Ministro Sharon en las masacres de Sabra y Chatila.
"Existen suficientes evidencias de que los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueron cometidos a gran escala en los campamentos de Sabra y Chatila aunque hasta la fecha ni un solo individuo ha sido enjuiciado por ello" (Hanny Megally, directora de HRW).
La organización de derechos humanos considera que EEUU debería tener un interés sustancial en investigar este caso debido a que la ocupación israelí de Beirut Occidental en 1982 fue seguida del documento emitido por EEUU en el que se reclamaban, como parte del acuerdo de evacuación de las fuerzas de la OLP de Líbano, garantías de seguridad para los palestinos que permaneciesen en la ciudad.
A mediados de junio, la emisora británica BBC ha emitido unreportaje que evalúa la posibilidad de llevar a Sharon ante los tribunales por su responsabilidad en el asesinato de miles de palestinos a manos de las milicias falangistas libanesas en 1982.
La emisión del documental ha desencadenado las protestas oficiales de Israel, que ha acusado a la BBC de antisemitismoy al reportaje de tomar una posición antiisraelí.
El Informe de la Comisión Kahan
Como consecuencia de las masacres, en el mismo año de 1982, el gobierno israelí hubo de hacer frente a las presiones internacionales que condenaron duramente las masacres (Naciones Unidas emitió de manera inmediata una resolución que calificaba los hechos de acto de genocidio) y decretó la creación de una comisión de investigación de los hechos asociados a las masacres.
El Informe de la Comisión Kahan(encabezada por el presidente del Tribunal Supremo de Israel en aquel momento, Eailan Kahan) determinó en su investigación (1983) las responsabilidades políticas y personales de los implicados israelíes (desde el primer Ministro Begin hasta los mandos oficiales del ejército israelí) y concluyó hallando responsable personal indirecto a Ariel Sharon en su calidad de ministro de Defensa y comandante de la operación del asalto a los campamentos.
Las conclusiones del Informe Kahan determinaron la dimisión de Sharon pero no se inició acción legal alguna para procesarle.
Las 23 víctimas y los 5 testigos representan a un extenso número de personas a las que nunca se las ha reconocido como víctimas ni se las ha indemnizado por las pérdidas.
Todas ellas perdieron miembros cercanos de sus familias. La lectura de sus testimonios devuelve el grado de horror el carácter de una masacre que se encuentra entre las peores cometidas en el siglo XX.
Texto íntegro en castellano de la Demanda ante los tribunales belgas (Traducido del francés por Natasha Litvina para el CSCA)
