Pablo Gonzalez

La protesta queda prohibida en España


Los ciudadanos españoles que realizan escraches o actos de protesta prohibidos o no comunicados serán multados por infracciones administrativas de carácter muy grave, según prevé el borrador de una nueva ley.

Según el nuevo plan, los ciudadanos serán multados con entre 30 001 a 600 000 euros, si realizan concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, si protagonizan protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas o realizan escraches o actos de acoso a cargos públicos.

El Ministerio del Interior español, que ha elaborado el borrador de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, busca llevarlo como anteproyecto el próximo viernes al Consejo de Ministros.

También los ciudadanos no deben grabar y difundir imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo, al mismo tiempo que no pueden alterar el orden público encapuchados o con cualquier elemento que dificulte su identificación; mientras que insultar a un policía en una protesta puede costarles 30 000 euros.

La Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, también prevé multas por ejercer o demandar la prostitución en lugares donde haya presencia de niños, así como conducir una ‘cunda’ (taxis de la droga).

Además de los escraches, protestas multitudinarias y huelgas sociales, la profunda crisis económica en España arrecia la prostitución debido al alto nivel de desempleo en el país ibérico.

El término “escrache” actualmente está siendo utilizado en España para referirse a unas concentraciones pacíficas frente a domicilios de cargos públicos en defensa a una ley hipotecaria impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que prevé un remedio ante las ejecuciones hipotecarias.

La crisis económica y alto déficit presupuestario han obligado a las autoridades españolas a aprobar duras medidas de austeridad para superar sus dificultades económicas, no obstante hasta el momento estas medidas, rechazadas por la opinión pública, no han logrado mejorar la situación de los ciudadanos.

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