En la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, se denuncio que el ejercito de la oligarquía colombiana. Recluta forzadamente a hijos de pobres que son llevados a otras regiones sin darles tiempo siquiera a comunicarse con sus familiares.
A mediados del mes de septiembre (2013) el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, denunció que el reclutamiento forzado de jóvenes no solamente ocurre en el sur de Bogotá, sino que también se registra con índices preocupantes en Norte de Santander, Sucre, Vaupés, Risaralda, Quindío y Córdoba.
Miles de jóvenes hijos de pobres son obligados ilegalmente a "prestar el servicio militar " aún contra su conciencia. El 26 de octubre de 2011 varias organizaciones sociales nacionales e internacionales expresaron en una rueda de prensa las constantes violaciones al derecho que tienen los jóvenes colombianos a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.
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EL periodista Sigifredo López de Chinchiná Caldas con la compañía del personero Municipal, denunció este acto de reclutamiento forzoso del ejercito Nacional de Colombia, evitando que se llevaran unos jóvenes que ya estaban detenidos por parte de algunos soldados del Distrito Militar 31 y Batallón Ayacucho donde estaban incumpliendo la sentencia judicial que prohíbe las Batidas.
"Muy a pesar de que existe una reciente sentencia en Acción Constitucional de Cumplimiento que declaró que el Ejército Nacional y el Distrito Militar 31, con sede en Manizales, no acatan lo establecido en la ley 48 de 1993, artículos 14 y 41, frente al reclutamiento forzado, y que este procedimiento denominado Batida, está prohibido por inconstitucional, varios hechos se sucedieron durante estos tres últimos días en Manizales y Chinchiná, con pruebas fotográficas, testimoniales y de videos", manifestó el Abogado Armando Ramírez Olarte
Para el demandante en la acción de cumplimiento, "está muy claro que los mandos de las fuerzas castrenses tiene la obligación de acatar y cumplir con la Constitución Política y los fallos judiciales, pues quedarían incursos en el delito de fraude a resolución judicial, lo que podría originar pena de prisión privativa de la libertad, además de las posibles investigaciones y sanciones disciplinarias".
Según el Vocero del Movimiento MIRA en Caldas, "se produjeron este 10 de septiembre, retenciones ilegales a través de las denominadas batidas, en las cuales sufrieron vulneración de su derecho fundamental a la libertad, jóvenes de los barrios Minitas, Sultana y la Enea, quienes fueron obligados a subir a un vehículo para posteriormente ser llevados a las instalaciones del Batallón Ayacucho".
"De este desacato se hará conocer al Tribunal Administrativo de Caldas, el que recientemente prohibió este tipo de actuaciones, a fin de que se tomen los correctivos necesarios para que la decisión del Juez Constitucional no quede sin aplicación por parte de las Unidades Militares", puntualizó el Abogado Armando Ramírez.
