Con la privación del derecho a la libertad a los Cinco comenzó la gran violación, dado el conjunto y sostenimiento de infracciones de los derechos humanos, de la Constitución de Estados Unidos y de múltiples tratados internacionales, a que han sido sometidos estos cubanos durante más de 14 años de injusto encierro
Ana Margarita González 09-12-2012
Era la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998. Habían cerrado la mayoría de los clubes y cantinas, terminado los espectáculos públicos; había silencio, y Miami dormía bajo la tenue luz del alumbrado citadino. Irrespetando esas condiciones, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), dotados de armas largas, trajes negros y chalecos antibalas, fraguaron un escandaloso operativo para capturar inocentes.
El toque violento contra la puerta despertó a René González Sehwerert, a quien, con solo quitar el cerrojo, tiraron al piso y esposaron; en menos de dos segundos fue desprendido del calor del hogar, de los brazos de su esposa.
Y al cuarto de Irmita, la mayor de sus dos niñas, entraron con igual insolencia, revolcándolo todo. Luego amainaron hasta recibir una orden de registro, el cual se prolongó por más de ocho horas, que parecieron interminables.
El mismo desacato se repitió para arrestar en sus propios hogares a Gerardo Hernández Nordelo, Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y a Fernando González Llort; este último estaba accidentalmente en casa de Ramón. A ninguno le dijeron que, conforme a la Constitución de EE.UU. podía guardar silencio y nombrar abogados para su defensa.
Con la privación del derecho a la libertad, comenzaba lo que el doctor Rodolfo Dávalos Fernández, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, calificó en su libro Estados Unidos VS Cinco Héroes, como la gran violación, dado el conjunto y sostenimiento de infracciones de los derechos humanos, de la Constitución de Estados Unidos y de múltiples tratados internacionales, a que han sido sometidos estos cubanos durante más de 14 años de injusto encierro.
De la tortura a la privación de la paternidad
Las primeras violaciones a la Declaración Universal de Derechos Humanos ya fueron descritas y se recogen en el artículo 9: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, y en el 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad…”
Los Cinco fueron interrogados ininterrumpidamente durante seis horas a partir del arresto, y ubicados en solitaria, sin tener contacto con ninguna otra persona, durante 17 días. A partir de ese momento los trasladaron a celdas que, por las condiciones infrahumanas, son conocidas como el hueco; allí permanecieron durante 17 meses, y por poco más de un año estuvieron privados de ver televisión, escuchar radio, leer la prensa y limitados para trabajar con sus abogados, al punto de que la comunicación se establecía tras un separador plástico.
Ese ilegal confinamiento, que pretendía quebrantar la moral y la dignidad de estos patriotas, se repitió durante el juicio con la clara intención de dificultar la preparación para la única oportunidad que tendrían de hablar ante el tribunal al presentar sus alegatos.
El mismo desacato se repitió para arrestar en sus propios hogares a Gerardo Hernández Nordelo, Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y a Fernando González Llort; este último estaba accidentalmente en casa de Ramón. A ninguno le dijeron que, conforme a la Constitución de EE.UU. podía guardar silencio y nombrar abogados para su defensa.
Con la privación del derecho a la libertad, comenzaba lo que el doctor Rodolfo Dávalos Fernández, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, calificó en su libro Estados Unidos VS Cinco Héroes, como la gran violación, dado el conjunto y sostenimiento de infracciones de los derechos humanos, de la Constitución de Estados Unidos y de múltiples tratados internacionales, a que han sido sometidos estos cubanos durante más de 14 años de injusto encierro.
De la tortura a la privación de la paternidad
Las primeras violaciones a la Declaración Universal de Derechos Humanos ya fueron descritas y se recogen en el artículo 9: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, y en el 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad…”
Los Cinco fueron interrogados ininterrumpidamente durante seis horas a partir del arresto, y ubicados en solitaria, sin tener contacto con ninguna otra persona, durante 17 días. A partir de ese momento los trasladaron a celdas que, por las condiciones infrahumanas, son conocidas como el hueco; allí permanecieron durante 17 meses, y por poco más de un año estuvieron privados de ver televisión, escuchar radio, leer la prensa y limitados para trabajar con sus abogados, al punto de que la comunicación se establecía tras un separador plástico.
Ese ilegal confinamiento, que pretendía quebrantar la moral y la dignidad de estos patriotas, se repitió durante el juicio con la clara intención de dificultar la preparación para la única oportunidad que tendrían de hablar ante el tribunal al presentar sus alegatos.
Y se reiteró sistemáticamente por cambio de prisiones o con cualquier pretexto vago, contradiciendo la letra del artículo 5, de la citada declaración, el cual dispone que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
El capítulo más extenso del libro del doctor Dávalos desmenuza meticulosamente cada violación de los derechos humanos y constitucionales en el proceso de los Cinco, convertido para la mayoría en un juicio político donde se juzga esencialmente a Cuba por su propia determinación de ser libre.
El derecho de ser juzgado por un jurado imparcial, contenido en la Constitución de Estados Unidos, también fue pisoteado, y según consta en la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 11, se debe juzgar “conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Se les acusó por delitos que no cometieron y que no han podido probar ni serán probados jamás.
El capítulo más extenso del libro del doctor Dávalos desmenuza meticulosamente cada violación de los derechos humanos y constitucionales en el proceso de los Cinco, convertido para la mayoría en un juicio político donde se juzga esencialmente a Cuba por su propia determinación de ser libre.
El derecho de ser juzgado por un jurado imparcial, contenido en la Constitución de Estados Unidos, también fue pisoteado, y según consta en la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 11, se debe juzgar “conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Se les acusó por delitos que no cometieron y que no han podido probar ni serán probados jamás.
El más arbitrario es condenar a Gerardo a cadena perpetua por el cargo de “conspiración para cometer asesinato en primer grado”. La Fiscalía pretendió vincular mensajes del antiterrorista con Hermanos al Rescate, con el derribo de las avionetas el 24 de febrero de 1996.
Lo condenó sin evidencias, porque sí pudo probarse que días antes de esa fecha, Gerardo viajó a La Habana y regresó días después a Estados Unidos, “por lo que no pudo ser él quien enviara el mensaje sobre el vuelo del día 24”, aseguró el doctor Dávalos.
Gerardo también está privado de ser padre, en su amoroso matrimonio con Adriana Pérez, con quien se le ha prohibido todo acercamiento físico, al negarle su solicitud de visa en más de 10 ocasiones con el increíble pretexto de ser un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Como es evidente, las sucesivas violaciones implican y se aplican además contra los familiares de los Cinco: con la deportación a Cuba de Olga Salanueva (esposa de René), las negativas de visas a ella y a Adriana, en la demora de los permisos a las madres, padres e hijos.
Lo condenó sin evidencias, porque sí pudo probarse que días antes de esa fecha, Gerardo viajó a La Habana y regresó días después a Estados Unidos, “por lo que no pudo ser él quien enviara el mensaje sobre el vuelo del día 24”, aseguró el doctor Dávalos.
Gerardo también está privado de ser padre, en su amoroso matrimonio con Adriana Pérez, con quien se le ha prohibido todo acercamiento físico, al negarle su solicitud de visa en más de 10 ocasiones con el increíble pretexto de ser un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Como es evidente, las sucesivas violaciones implican y se aplican además contra los familiares de los Cinco: con la deportación a Cuba de Olga Salanueva (esposa de René), las negativas de visas a ella y a Adriana, en la demora de los permisos a las madres, padres e hijos.
Las autoridades norteamericanas dificultan las visitas de los abogados de la Defensa y de funcionarios consulares cubanos radicados en Estados Unidos, contradiciendo el artículo 37 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, entre otras.
Ochenta periodistas denigrando un proceso
Ochenta periodistas denigrando un proceso
El artículo 12 de la declaración universal proclama que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias…, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Sin embargo, Martin Garbus, uno de los abogados de la defensa de Gerardo Hernández, presentó recientemente un recurso legal con pruebas documentales de que el Gobierno norteamericano pagó altas sumas de dinero a 80 periodistas con el objetivo de que crearan un clima hostil en torno al caso y presionaran a los jurados.
El documento se presenta “con el objetivo de anular la condena sobre la base de que se obtuvo de forma inconstitucional a través del ilegal comportamiento doloso del Gobierno, que interfirió en el juicio y convenció al jurado a condenar al Peticionante (Gerardo). Un organismo gubernamental, la Oficina de Transmisiones a Cuba, contrató deliberadamente y pagó de manera secreta a propagandistas comprometidos a influir sobre el jurado…
“Permitir que la maquinaria propagandística internacional del Gobierno se utilice para influenciar un juicio en los Estados Unidos es un insulto tanto al propio proceso judicial como a la integridad de la comunidad a la que el jurado representa. La utilización de propagandistas secretos y las acciones realizadas por estos, … están prohibidas por la Constitución.
El esfuerzo propagandístico de cinco años (1996- 2001), con mucho más de mil artículos y programas radiales y televisivos no tuvo tregua. Considero que una buena cantidad de recursos del Gobierno se utilizaron secretamente para apoyar actividades ilegales con fines que iban mucho más allá de la simple propaganda. La exitosa acción subversiva del Gobierno… raya en lo inconcebible y no tiene precedente alguno. Este caso fue juzgado en un vacío de ignorancia creado por el Gobierno.
“La integridad del proceso judicial nacional de los Estados Unidos no puede ser destruido por una maquinaria propagandística desarrollada con fines de seguridad nacional. Permitir que… actúe en el escenario de un proceso judicial estadounidense es un insulto no solo a la integridad del propio proceso judicial sino a la de la comunidad que los miembros del jurado representan.
“Cada artículo está falseado y, por ende, en materia de derecho, cada uno es una violación de la ley… Gerardo no puede permanecer en prisión porque no sabía nada en absoluto sobre los hechos de una astuta y bien disimulada práctica ilegal ocultada al Congreso y al Departamento de Justicia”.
En sus conclusiones Garbus confiesa: “Me sentí consternado y acepté representar al Peticionante, porque los hechos y circunstancias en este caso demuestran lo que considero un grave abuso de los derechos constitucionales.
“El concepto fundamental de un juicio imparcial fue anulado… La condena… debe ser anulada.
Sin embargo, Martin Garbus, uno de los abogados de la defensa de Gerardo Hernández, presentó recientemente un recurso legal con pruebas documentales de que el Gobierno norteamericano pagó altas sumas de dinero a 80 periodistas con el objetivo de que crearan un clima hostil en torno al caso y presionaran a los jurados.
El documento se presenta “con el objetivo de anular la condena sobre la base de que se obtuvo de forma inconstitucional a través del ilegal comportamiento doloso del Gobierno, que interfirió en el juicio y convenció al jurado a condenar al Peticionante (Gerardo). Un organismo gubernamental, la Oficina de Transmisiones a Cuba, contrató deliberadamente y pagó de manera secreta a propagandistas comprometidos a influir sobre el jurado…
“Permitir que la maquinaria propagandística internacional del Gobierno se utilice para influenciar un juicio en los Estados Unidos es un insulto tanto al propio proceso judicial como a la integridad de la comunidad a la que el jurado representa. La utilización de propagandistas secretos y las acciones realizadas por estos, … están prohibidas por la Constitución.
El esfuerzo propagandístico de cinco años (1996- 2001), con mucho más de mil artículos y programas radiales y televisivos no tuvo tregua. Considero que una buena cantidad de recursos del Gobierno se utilizaron secretamente para apoyar actividades ilegales con fines que iban mucho más allá de la simple propaganda. La exitosa acción subversiva del Gobierno… raya en lo inconcebible y no tiene precedente alguno. Este caso fue juzgado en un vacío de ignorancia creado por el Gobierno.
“La integridad del proceso judicial nacional de los Estados Unidos no puede ser destruido por una maquinaria propagandística desarrollada con fines de seguridad nacional. Permitir que… actúe en el escenario de un proceso judicial estadounidense es un insulto no solo a la integridad del propio proceso judicial sino a la de la comunidad que los miembros del jurado representan.
“Cada artículo está falseado y, por ende, en materia de derecho, cada uno es una violación de la ley… Gerardo no puede permanecer en prisión porque no sabía nada en absoluto sobre los hechos de una astuta y bien disimulada práctica ilegal ocultada al Congreso y al Departamento de Justicia”.
En sus conclusiones Garbus confiesa: “Me sentí consternado y acepté representar al Peticionante, porque los hechos y circunstancias en este caso demuestran lo que considero un grave abuso de los derechos constitucionales.
“El concepto fundamental de un juicio imparcial fue anulado… La condena… debe ser anulada.
El Departamento de Justicia debe presentar los hechos de estos sucesos al Presidente y al Congreso, a fin de poder tener la esperanza de que esto no vuelva a ocurrir jamás en los Estados Unidos”.
