Fragatas y aviones patrulleros de la Armada de Colombia permanecen en las aguas caribeñas que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concedió a Nicaragua y que rodean el archipiélago de San Andrés, cuyas islas y cayos han quedado en manos del país suramericano.
La agencia EFE constató esa presencia durante un sobrevuelo del área en disputa, entre 70.000 y 90.000 kilómetros cuadrados del Caribe Occidental que están incluidos en la Reserva de la Biosfera Seaflower.
El objetivo de mantener las fragatas y los sobrevuelos es -según una actitud hostil de dicho gobierno- proteger a un grupo de diez a doce barcos colombianos que siguen practicando pesca de altura, así como garantizar la seguridad de sus tripulantes y custodiar las líneas de comunicación, dijeron a EFE fuentes de la Armada.
La Marina efectúa un promedio de dos vuelos diarios sobre las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, rodeado en buena parte por la franja de mar que la CIJ atribuyó a Nicaragua en su fallo del pasado 19 de diciembre.
La Marina efectúa un promedio de dos vuelos diarios sobre las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, rodeado en buena parte por la franja de mar que la CIJ atribuyó a Nicaragua en su fallo del pasado 19 de diciembre.
También vigilan los siete cayos sobre los que la Corte de La Haya confirmó la soberanía colombiana, que se ubican alrededor de las tres islas mayores, aunque dos de ellos (Quitasueños y Serrana) han quedado como enclaves precisamente en uno de los mayores bancos de pesca y langosta de esa parte del Caribe.
Hasta que se conoció la sentencia, esos sobrevuelos tenían como objetivo vigilar y contribuir a la lucha contra el narcotráfico en un archipiélago que sirve de puente para el traslado de cocaína desde Colombia a Centroamérica por su situación estratégica entre Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, e incluso Jamaica.
Hasta que se conoció la sentencia, esos sobrevuelos tenían como objetivo vigilar y contribuir a la lucha contra el narcotráfico en un archipiélago que sirve de puente para el traslado de cocaína desde Colombia a Centroamérica por su situación estratégica entre Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, e incluso Jamaica.
Así, fragatas de 80 a 95 metros de eslora, con capacidad de carga para hasta 95 personas y que contienen hasta helipuerto, siguen circulando por esa gran área concedida a Nicaragua pero sobre la que Colombia sigue ejerciendo su soberanía de facto.
Insisten en desconocer a La Haya
Según aseguró el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no se descuidará ni un milímetro de su supuesta jurisdicción -usurpada a Nicaragua durante una ocupación militar de los Estados Unidos y restituida por el fallo de La Haya- y por tanto no acatará la sentencia hasta que se garanticen los derechos de los habitantes.
Insisten en desconocer a La Haya
Según aseguró el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no se descuidará ni un milímetro de su supuesta jurisdicción -usurpada a Nicaragua durante una ocupación militar de los Estados Unidos y restituida por el fallo de La Haya- y por tanto no acatará la sentencia hasta que se garanticen los derechos de los habitantes.
Por eso la prioridad para Colombia es dar seguridad, tal y como expresó hoy la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, durante un acto para celebrar el aniversario de la constitución del archipiélago como departamento colombiano.
"Algunos (pescadores) artesanales refieren el temor a salir (a faenar) por incidentes con embarcaciones nicaragüenses", advirtió Guerrero.
La gobernadora calculó que a consecuencia del fallo judicial el archipiélago ha perdido el 50 % de su territorio marítimo y se ha visto afectado el sustento de 1.250 familias de pescadores artesanales y el 3 % de los ingresos del departamento.
La gobernadora calculó que a consecuencia del fallo judicial el archipiélago ha perdido el 50 % de su territorio marítimo y se ha visto afectado el sustento de 1.250 familias de pescadores artesanales y el 3 % de los ingresos del departamento.
El presidente Santos anunció hoy en Lima, donde asistió a la VI Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), nuevas ayudas para los sanandresanos bajo el paraguas del "Plan Panamá" que se sumarán a los 170.000 millones de pesos (unos 93.510 dólares) invertidos hasta ahora por su gobierno en el archipiélago.
Estas turísticas islas distan 190 kilómetros de las costas de Nicaragua y 775 kilómetros de las colombianas.
"El propio presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (el colombiano Luis Alberto Moreno) se ha ofrecido a ayudar también para que realmente aprovechemos estas dificultades, como lo he dicho tantas veces, y convirtámosla en una oportunidad para los isleños", matizó Santos.
Sus planes para superar este desafortunado fallo para Colombia pasan también por la diplomacia, cuyos mecanismos el presidente Santos planea agotar.
Sus planes para superar este desafortunado fallo para Colombia pasan también por la diplomacia, cuyos mecanismos el presidente Santos planea agotar.
Además de retirarse del Pacto de Bogotá, por el que reconoce la jurisdicción de la CIJ, Colombia estudia interponer una demanda de interpretación de la sentencia mientras busca "un tratado con Nicaragua", adelantó el mandatario.
Para lograr ese acuerdo Santos espera reunirse mañana en México con su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, con motivo de la investidura de Enrique Peña Nieto como presidente de esa nación. Su intención, según confesó, es poder decirle a Ortega: "manejemos esto de la forma más civilizada y más respetuosa posible".
No pueden ser "incongruentes"
El experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, aclaró que el recurso de interpretación que solicitó Colombia a la Corte Interamericana de Justicia no es para apelar, cambiar o modificar la sentencia.
No pueden ser "incongruentes"
El experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, aclaró que el recurso de interpretación que solicitó Colombia a la Corte Interamericana de Justicia no es para apelar, cambiar o modificar la sentencia.
"Cualquier tipo de solicitud debe hacerse ante la propia Corte Internacional de Justicia y se estaría recibiendo como respuesta una confirmación de lo dicho por la misma Corte. Si a la CIJ le consultan qué quiso decir en relación con determinados alcances del fallo, pues dirá lo mismo que estipula la sentencia.
Renovará y apoyará el beneficio obtenido por Nicaragua", aseguró.
En el caso, de la revisión, Herdocia explicó que "es un proceso extraordinariamente complejo porque significaría que ha surgido un hecho nuevo capaz de incidir o afectar la naturaleza del fallo.
En el caso, de la revisión, Herdocia explicó que "es un proceso extraordinariamente complejo porque significaría que ha surgido un hecho nuevo capaz de incidir o afectar la naturaleza del fallo.
Se presupone que tendría que haber sido desconocido por la Corte y la parte, además, no será atribuible a la negligencia de esa parte", dijo a Noticias 12.
Por su lado, El magistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Carlos Guerra, indicó que el presidente Juan Manuel Santos no podría ser "incongruente" respecto a las pláticas de paz que desarrolla su gobierno con Colombia y la denuncia al Pacto de Bogotá donde se solucionan los conflictos limítrofes pacíficamente.
"Todos los firmantes de ese pacto estarían preocupados cuando un país se retira, supongo que llamará a Colombia para volver dentro de esas premisas ya firmadas y para que no tengamos hechos que lamentar posteriormente".
"Colombia firmó en nombre de su pueblo el Pacto de Bogotá, por lo menos, para denunciar este tipo de tratados deberían haberle consultado a la población, pero es una potestad que tiene el gobierno colombiano.
"Colombia firmó en nombre de su pueblo el Pacto de Bogotá, por lo menos, para denunciar este tipo de tratados deberían haberle consultado a la población, pero es una potestad que tiene el gobierno colombiano.
Santos ha dado una buena muestra de madurez al sentarse a platicar con la guerria de las Farc, no podría ser incongruentes las pláticas de paz con la renuncia a la solución pacífica", declaró a TV Noticias (Canal 2).
Para el jurista Julio Icaza Gallard la denuncia de Colombia al Pacto de Bogotá responde a la necesidad de ejecutar acciones frente a una sentencia que favorece a Nicaragua.
Sin embargo, estimó que ese país no tiene "otra opción más que cumplir".
Gallard consideró necesario el diálogo bilateral entre ambos países, porque "el orden internacional es descentralizado, en el derecho internacional se aplican y se ejecutan por los mismos estados, aún cuando hay una sentencia emitida por la Corte Internacional, no es la Corte quien ejecuta la sentencia, sino los estados", opinó a Noticias 12.
