José Cecilio Pérez Martínez, presidente de la cooperativa El Despertar, perteneciente al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), fue secuestrado el pasado 9 de noviembre por hombres armados y ultimado de varios balazos.
El MARCA repudió ese nuevo atentado en contra de sus miembros y del campesinado organizado del Bajo Aguán.
Según un comunicado de esta organización, Pérez Martínez y dos acompañantes se encontraban haciendo diligencias en la ciudad de Tocoa, al noreste de Honduras, cuando fueron interceptados por tres hombres fuertemente armados, quienes, a través de la fuerza, bajaron del vehículo a dos de los tres ocupantes y se llevaron al presidente de la cooperativa, junto con el carro de la empresa campesina.
De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los miembros del MARCA habían retirado de un banco los fondos destinados al pago de salarios de los integrantes de la cooperativa El Despertar.
El cuerpo de Pérez Martínez fue hallado al día siguiente cerca de la aldea El Tigre, a pocos kilómetros de Tocoa, dentro del carro en el que había sido secuestrado.
“Consideramos inaudito estar enfrentándonos a la intolerancia de particulares y del mismo Estado. Repudiamos este nuevo golpe a nuestra organización y pedimos a las organizaciones nacionales e internacionales que nos ayuden a proteger la vida de todos los miembros de nuestra organización y de las organizaciones fraternas, para que ya no siga corriendo más sangre en el valle del Aguán”, se lee en el comunicado del MARCA.
En agosto de 2011, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta acribillaron a Secundo Ruíz, presidente de la cooperativa San Isidro, también perteneciente al MARCA.
El pasado 22 de septiembre, en Tegucigalpa, fue ultimado de varios balazos el abogado Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal del MARCA, quien en más de una ocasión había denunciado la colusión entre el poder judicial y los principales terratenientes y productores palmeros del Aguán, para detener el proceso de recuperación de tierras de parte de las familias campesinas.
En junio del año en curso, el Juzgado de Letras de Tegucigalpa había ejecutado unas sentencias firmes a favor de cientos de familias que integran el MARCA, restituyéndoles el derecho de propiedad sobre tres fincas (San Isidro, La Trinidad y El Despertar). Unas 1.800 hectáreas que venían reclamando desde hace 18 años, y que aparentemente fueron adquiridas de forma ilegal por los terratenientes y productores palmeros Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo.
Días después, Trejo y los miembros del MARCA habían denunciado supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricato y abuso de autoridad de parte de las autoridades judiciales de las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba.
Según ellos, los magistrados admitieron de forma ilegal recursos de amparo presentados por los abogados de los terratenientes, tratando de revertir las sentencias. Sin embargo, la nueva orden de desalojo no se pudo ejecutar por la fuerte resistencia de las organizaciones campesinas de la zona, y las tres fincas están todavía en posesión del MARCA.
El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) se solidarizó con la organización hermana y condenó “la actitud en la que hoy están operando estos grupos armados liderados por los terratenientes, en muchas ocasiones en total confabulación con la policía y el ejército”.
El MUCA responsabilizó a los tres poderes del Estado y a los terratenientes “de la ola de persecución, represión y asesinato que impera en contra del sector campesino y personas afines”.
Finalmente, hizo un llamado a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales “a mantenerse en constante alerta ante la ola de asesinatos en el Bajo Aguán”.
Según las organizaciones internacionales que han realizado un monitoreo constante de la situación en el Bajo Aguán, mediante la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de Derechos Humanos (marzo 2011), y la Audiencia Pública Internacional (mayo 2012), son 55 las personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, que han sido asesinadas en los últimos tres años.
Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011.
Fuente: Rel-UITA
El MARCA repudió ese nuevo atentado en contra de sus miembros y del campesinado organizado del Bajo Aguán.
Según un comunicado de esta organización, Pérez Martínez y dos acompañantes se encontraban haciendo diligencias en la ciudad de Tocoa, al noreste de Honduras, cuando fueron interceptados por tres hombres fuertemente armados, quienes, a través de la fuerza, bajaron del vehículo a dos de los tres ocupantes y se llevaron al presidente de la cooperativa, junto con el carro de la empresa campesina.
De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los miembros del MARCA habían retirado de un banco los fondos destinados al pago de salarios de los integrantes de la cooperativa El Despertar.
El cuerpo de Pérez Martínez fue hallado al día siguiente cerca de la aldea El Tigre, a pocos kilómetros de Tocoa, dentro del carro en el que había sido secuestrado.
“Consideramos inaudito estar enfrentándonos a la intolerancia de particulares y del mismo Estado. Repudiamos este nuevo golpe a nuestra organización y pedimos a las organizaciones nacionales e internacionales que nos ayuden a proteger la vida de todos los miembros de nuestra organización y de las organizaciones fraternas, para que ya no siga corriendo más sangre en el valle del Aguán”, se lee en el comunicado del MARCA.
En agosto de 2011, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta acribillaron a Secundo Ruíz, presidente de la cooperativa San Isidro, también perteneciente al MARCA.
El pasado 22 de septiembre, en Tegucigalpa, fue ultimado de varios balazos el abogado Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal del MARCA, quien en más de una ocasión había denunciado la colusión entre el poder judicial y los principales terratenientes y productores palmeros del Aguán, para detener el proceso de recuperación de tierras de parte de las familias campesinas.
En junio del año en curso, el Juzgado de Letras de Tegucigalpa había ejecutado unas sentencias firmes a favor de cientos de familias que integran el MARCA, restituyéndoles el derecho de propiedad sobre tres fincas (San Isidro, La Trinidad y El Despertar). Unas 1.800 hectáreas que venían reclamando desde hace 18 años, y que aparentemente fueron adquiridas de forma ilegal por los terratenientes y productores palmeros Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo.
Días después, Trejo y los miembros del MARCA habían denunciado supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricato y abuso de autoridad de parte de las autoridades judiciales de las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba.
Según ellos, los magistrados admitieron de forma ilegal recursos de amparo presentados por los abogados de los terratenientes, tratando de revertir las sentencias. Sin embargo, la nueva orden de desalojo no se pudo ejecutar por la fuerte resistencia de las organizaciones campesinas de la zona, y las tres fincas están todavía en posesión del MARCA.
El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) se solidarizó con la organización hermana y condenó “la actitud en la que hoy están operando estos grupos armados liderados por los terratenientes, en muchas ocasiones en total confabulación con la policía y el ejército”.
El MUCA responsabilizó a los tres poderes del Estado y a los terratenientes “de la ola de persecución, represión y asesinato que impera en contra del sector campesino y personas afines”.
Finalmente, hizo un llamado a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales “a mantenerse en constante alerta ante la ola de asesinatos en el Bajo Aguán”.
Según las organizaciones internacionales que han realizado un monitoreo constante de la situación en el Bajo Aguán, mediante la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de Derechos Humanos (marzo 2011), y la Audiencia Pública Internacional (mayo 2012), son 55 las personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, que han sido asesinadas en los últimos tres años.
Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011.
Fuente: Rel-UITA
