CARTA ABIERTA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE NUESTRA AMÉRICA
Hermanos y hermanas:
Estamos
profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está
alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la
región norte de Honduras.
Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas
desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra.
Con una presencia
militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos
tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad
en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar
desenlaces peores.
Especial
preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños
y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y
el miedo a los que están permanentemente sometidos - perdurarán y
afectarán su vida de manera permanente.
Hace algunos días, cuando se
iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago,
un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde
visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos
caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos
asesinados y otros heridos.
Los niños y las niñas que les acompañaban
fueron testigos de ese brutal ataque.
Por
todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y
eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de
nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una
justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La
gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el
marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los
asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre
septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e
intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman
su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total
indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía
hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en
esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras
el golpe de estado de 2009.
A esos asesinatos se agregan los procesos
judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del
2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y
medios de vida de pueblos enteros.
Según
informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600
mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado
hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problematica
social.
El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de
Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes
existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes
plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes
como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En
vez de responder por esta situación de violaciones graves y
sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la
población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II,
que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos
policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería
con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en
torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias
privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y
paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares
ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente,
mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del
Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la
militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se
avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando
así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias
internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo
con plenos derechos.
Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos
de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de
profundizar el saqueo y la depredación.
Lejos de alcanzar esa
pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de
un sistema colapsado.
La
Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los
criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su
historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y
los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la
vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen
organizado, y al sicariato.
En
lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año
-y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo
según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las
Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña
ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan
algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por
la tierra.
Respuestas Desatinadas
Ante
este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden
más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la
plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados
Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión
jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad
reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia,
entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres
nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A
partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y
otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad
que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras
formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y
aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo.
Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de
seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos
antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de
seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la
vista.
Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de
inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y
las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan
imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”,
“reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la
resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada
vez más violentadas.
Nuestra Solicitud
Por estas razones:
-
Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y
caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a
la OEA, para:
- Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando
a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región,
y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática
agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
- Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
-
Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que
proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la
situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
-
Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar
que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de
las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
-
Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los
inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan
toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y
legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las
comunidades afectadas.
-Nos
dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los
compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos humanos:
2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:
- Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
- Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
- Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
3) Desmilitarización de la región:
- Deteniendo los desalojos forzosos.
- Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
- Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
- Suspender los operativos militares.
- Poner fin a la presencia militar extranjera.
-
Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se
mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se
presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen
la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las
organizaciones populares de la región, como el Observatorio
Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas
solidarias.
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Jubileo
Sur/Américas - Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las
Américas, COMPA - Espacio Refundacional-Honduras - Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH - Organización
Fraternal Negra de Honduras OFRANEH - Rights Action/Derechos en Acción -
Colectivo Italia Centro America CICA - Equipo de Educación Popular
Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)
11 de Noviembre del 2011
Para adherir enviar email a Rte. jubileosur@gmail.com
