Un comisionado militar y cuatro expatrulleros de Autodefensa
Civil (exPAC) enfrentarán juicio por su presunta participación en la
masacre de 256 pobladores de la comunidad Plan de Sánchez, Rabinal, Baja
Verapaz, cometida en 1982, resolvió ayer la jueza primera de Alto
Riesgo, Carol Patricia Flores, reporta Prensa Libre.
Los acusados son el comisionado Lucas Tecún y los exPAC Santos
Rosales García, Eusebio Geleano y los hermanos Julián y Mario Acoj,
quienes enfrentarán proceso penal por asesinato y contra deberes de
humanidad contra 256 pobladores de Plan de Sánchez.
En el expediente del Ministerio Público (MP) se señala que el 18 de
julio de 1982, efectivos del Ejército masacraron a sus víctimas después
de violar a varias mujeres y torturar a otras.
“Muchos sobrevivientes fueron hostigados y se refugiaron en la
montaña. Militares y patrulleros quemaron las casas y sembrados de los
pobladores”, refiere la acusación presentada.
Manuel Vásquez, fiscal del caso, explicó que en el hecho fueron
utilizados fusiles de asalto, y que luego de la masacre, los victimarios
quemaron con gasolina los cadáveres, algunos tenían el tiro de gracia,
lo cual —según él— demuestra que no hubo enfrentamiento.
“Algunos de los pobladores fueron quemados vivos”, agregó Vásquez.
Fueron guías
El MP determinó que los cinco acusados ayudaron, guiaron y brindaron
información al Ejército acerca de la ubicación de la aldea para ejecutar
su plan contrainsurgente, además de que habrían participado en la
masacre.
De acuerdo con la entidad investigadora, la decisión de eliminar esa
comunidad fue porque los exPAC proporcionaron información de que los
pobladores colaboraban con grupos de guerrilleros que operaban en el
sector, además de que se oponían a patrullar.
Sin embargo, se determinó que era población civil.
Según el expediente, ese día —18 de julio de 1982— hubo violaciones,
torturas y otros vejámenes contra las víctimas, conforme lo estipulaba
el plan Victoria 82, que tenía como objetivo aniquilar a la comunidad
del lugar.
El fiscal Vásquez refiere que en este caso no solicitaron que los
acusados fueran juzgados por genocidio, ya que había una mezcla de la
etnia maya achí y grupos ladinos.
Entre los medios de prueba del MP se encuentran 47 declaraciones
testimoniales de sobrevivientes, además de 158 medios documentales y
peritajes, mediante los cuales lograron identificar a las víctimas —por
medio de ADN—.
También hay informes militares que contienen la puesta en marcha del plan Victoria 82.
La masacre ocurrió durante el régimen de facto del general José
Efraín Ríos Montt (1982-1983), y el proceso estuvo detenido durante
varios años, debido a la amnistía de que gozaban los militares de la
época.
Presentan demanda
En 1996, los sobrevivientes de ese hecho presentaron una demanda en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2004 ordenó
compensar de forma monetaria, no monetaria y de manera simbólica a
familiares de las víctimas.
El acoso del Ejército a la comunidad comenzó a principios de julio de
1982, cuando un helicóptero sobrevoló el área y disparó en las
cercanías, relató María Lajuj, superviviente.
Juan Manuel Gerónimo, otro afectado, expresó: “Creo que es justo
decir que fue una violación a los derechos humanos o, mejor dicho, un
genocidio”.
La madrugada del 18 de julio de 1982, el Ejército lanzó bombas contra
Plan de Sánchez, desde el destacamento instalado en el campo de
Rabinal.
Como era día de mercado, varias personas viajaban a la cabecera
municipal. Las explosiones las alertaron, por lo que se refugiaron en
barrancos; sin embargo, los soldados regresaron por la tarde y las
ejecutaron.
La defensa de los sindicados alegó que no se debía acusar a sus
clientes por las 256 víctimas, ya que el MP solo presentó documentación
de 88 osamentas, lo cual provocó polémica en la audiencia.
