La construcción de una carretera
paralela al Río San Juan, es solamente uno de los varios proyectos y
acciones que el gobierno de Costa Rica pretende ejecutar en la zona
fronteriza con Nicaragua, pese al tenso conflicto limítrofe que persiste
entre ambos países, y al llamado a la prudencia que ordenó la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) en su última sentencia del 8 de marzo
pasado.
De hecho, según información del gobierno de Costa Rica
revisada por Conexiones, al menos seis obras viales ya se estaban
ejecutando durante el primer semestre de este año en las localidades
fronterizas costarricenses.
Sin embargo, el alcance de estos proyectos, no se limitará
únicamente a infraestructura de caminos y carreteras, sino que implica
desarrollo de proyectos de vivienda, de comunicaciones y la
reinstauración de servicios públicos y de actividades productivas en la
zona.
Estado de Emergencia en localidades fronterizas
La
decisión de la presidenta Laura Chinchilla tiene su origen en el
conflicto revivido entre Costa Rica y Nicaragua, luego que esta última
iniciara en octubre de 2010 -bajo las órdenes del presidente Daniel
Ortega-, las operaciones de dragado en el Río San Juan.
Como consecuencia de estas
operaciones de dragado, la presidenta Chinchilla declaró el 21 de
febrero de este año, a través del Decreto 36440-MP -apenas unos días
antes que la CIJ se pronunciara el 8 de marzo-, "Estado de Emergencia"
en seis cantones ubicados a lo largo de la frontera con Nicaragua,
argumentando "las actividades que ilícitamente Nicaragua realiza en
territorio de Costa Rica", las cuales "atentan contra la vida, la
integridad física y los bienes de quienes se encuentran en el territorio
nacional, así como contra la soberanía nacional y el medio ambiente".
Bajo ese Estado de Emergencia, Chinchilla orientó, con el
mismo decreto, efectuar "todas las acciones y obras necesarias para la
protección de la vida, la integridad física, los bienes y el ambiente,
así como la atención, rehabilitación, reconstrucción y reposición de la
infraestructura, las viviendas, las comunicaciones y las actividades
productivas dañadas y en general todos los servicios públicos dañados
que se ubiquen dentro de la zona de cobertura".
"Emergencia" financiada con "donaciones"
Así
mismo, ordenó al Ministerio de Seguridad Pública, a la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al Centro
de Operaciones de Emergencia y a "otras instancias de coordinación", la
elaboración de un "Plan General de Emergencia" para contrarrestar el
supuesto impacto sufrido "con la invasión militar y ocupación"
nicaragüense en Costa Rica desde octubre de 2010.
Para financiar estos proyectos y acciones de "emergencia"en
la zona fronteriza del lado costarricense, Chinchilla autorizó a las
instituciones públicas y entes autónomos y semiautónomos del gobierno,
así como a las municipalidades y a cualquier órgano público, brindar
aportes y donaciones a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias.
También autorizó a la Comisión, recibir
donaciones de entes privados y hasta "fondos remanentes no comprometidos
de otras emergencias finiquitadas o vigentes" para responder al
"Estado de Emergencia".
Todas estas decisiones
quedaron establecidas en el Decreto 36440-MP, que entró en vigencia al
ser publicado en La Gaceta No. 46, el 7 de marzo del corriente. El
propósito que Chinchilla se trazó con este decreto, del cual ahora se
visualizan sus efectos, es contrarrestar -desde la óptica de su
gobierno-, el impacto sufrido por la supuesta "invasión" de Nicaragua en
su territorio.
En junio habían ejecutado US$ 7 millones
Un
informe elaborado por el Consejo Nacional de Vialidad costarricense,
sobre la ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2011, revela,
que hasta junio pasado, se habían invertido unos siete millones de
dólares en la construcción y rehabilitación de seis vías y caminos en la
zona de la frontera norte con Nicaragua, bajo el amparo del Decreto
36440-MP.
El informe señala, que el desglose presupuestario de seis de
los nueve proyectos ejecutados durante el segundo trimestre de este año
–y que asciende a unos 7 millones de dólares--, "corresponden al pago
de la intervención realizada para atender la situación de los caminos en
la frontera norte de nuestro país, necesarios para llegar por vía
terrestre a los puntos de control de seguridad nacional amenazada por la
invasión de Nicaragua, caminos necesarios también para que las
comunidades costarricenses fronterizas tuvieran acceso a los servicios
públicos básicos".
Y a renglón seguido, el
informe añade: "Esta intervención se basa en el Decreto Ejecutivo N.
36440-MP del 21 de febrero del 2011, el cual establece un llamado a las
instituciones públicas para atender la situación presentada".
En tanto,
"los caminos fronterizos aledaños a la frontera norte, así como aquellos
de orden estratégico fueron incluidos dentro de la red vial nacional
mediante artículo III de la Sesión N. 813-11 del día 15 de marzo del
2011", celebrada por el Consejo Nacional de Vialidad.
Reglamento "específico" para contratar con mayor celeridad
Las
medidas que la Presidenta Laura Chinchilla pretende implementar en la
zona fronteriza con Nicaragua son de tal prioridad para su gobierno, que
inclusive se orientó la creación de un reglamento "específico" para
"agilizar" las contrataciones derivadas de los proyectos a ejecutar.
El instrumento se denomina "Reglamento específico para los procesos de
compra y contratación al amparo de los mecanismos de excepción por la
Declaratoria de Emergencia, bajo Decreto No. 36440", el cual ya fue
publicado en La Gaceta costarricense en noviembre pasado.
El decreto de Laura Chinchilla tuvo un efecto casi inmediato
en el cantón de Sarapiquí, uno de los declarados bajo Estado de
Emergencia en la zona fronteriza con Nicaragua.
De acuerdo al acta
número 12-2011, en la cual se registró la sesión ordinaria de las
autoridades de ese municipio, celebrada el 21 de marzo de este año, el
alcalde de Sarapiquí, Pedro Rojas Guzmán, confirmó la ejecución de
"inversiones" y "maquinaria contratada" para construir caminos en la
zona.
"Les informo, que con respecto a la intervención que hace el
Estado en los cantones fronterizos con relación a la problemática que se
vive con la Isla Calero, ha venido el Gobierno a puntualizar algunas
inversiones y Sarapiquí no es la excepción", anunció el alcalde en la
sesión municipal.
"Ya hay una serie de
maquinaria contratada para que construya o reconstruya caminos en la
zona fronteriza y ya está el Decreto 36440-MP que regula el estado de
emergencia con la que el Gobierno ha visto la situación en esta parte
fronteriza", añadió.
Señaló que "hay un plan regulador de esa
emergencia", el cual es "importante" que el Concejo lo conozca."Al final
se van a priorizar algunos proyectos que se van a ejecutar; por lo
pronto Fátima y Delta se han visto beneficiadas", aseguró el alcalde
local.
Mauricio Miranda
Tomado de Conexiones
Tomado de Conexiones
