La mandataria también promulgó una ley que pone fin al secreto por
tiempo indefinido para los documentos públicos y obliga a difundirlos
luego de un máximo de 50 años.
Enmarcada en sus medidas inéditas para investigar los crímenes
cometidos durante la dictadura, Rousseff afirmó este viernes – durante
una ceremonia oficial- que “el sigilo nunca más ofrecerá guarida al no
respeto de los derechos humanos”.
“Brasil se encuentra consigo mismo sin revanchismos. (…) No es un
proceso de venganza, sino de construcción de la verdad y de la memoria,
para tener un país más justo, más igual y principalmente más
democrático”, aseveró.
La dirigente precisó que el grupo estará formado por siete personas
designadas por ella misma y tendrá un plazo de dos años para investigar
los crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988,
período que engloba dos dictaduras militares y la época más cruenta de
la historia reciente del país suramericano.
En este sentido, la mandataria indicó que el conocimiento de la
verdad “será fundamental” para que no se repitan las torturas,
asesinatos y detenciones políticas “que mancharon la historia de
Brasil”, y agregó que “el silencio y el olvido son siempre una gran
amenaza a la democracia”.
“La verdad interesa mucho a las nuevas generaciones. Los jóvenes que
hoy tienen derecho a la libertad tienen que saber que muchos lucharon y
murieron por esa libertad preciosa”, añadió.
Acceso a documentos
En el mismo acto de este viernes, Rousseff también sancionó una ley
que regula el acceso a todos los documentos públicos y que solo
mantendrá en secreto aquellas informaciones de carácter personal o las
que atañen a la seguridad del Estado.
La normativa impide que se mantenga en secreto cualquier información o
documento que atente contra los derechos humanos, lo que fue calificado
por la mandataria como “una nueva conquista” y una prueba de su
compromiso con la transparencia.
“La ley de acceso a la información y la Comisión de la Verdad
quedarán para siempre en la historia y colocan a nuestro país en un
nivel superior, de subordinación del Estado a los derechos humanos”,
recalcó la Mandataria.
A finales de octubre, Rousseff ya había dicho en declaraciones a la
prensa local que la creación de una Comisión de la Verdad para
esclarecer los abusos cometidos por la dictadura militar (1964-1985)
permitirá conocer lo ocurrido en ese período y asegurar que Brasil no
vuelva a vivir sin democracia.
Previamente, en febrero de este año, con menos de dos meses de haber
asumido el máximo cargo del Ejecutivo de Brasil, Rousseff anunció que la
Policía Federal del país suramericano comenzó a emplear (en esa fecha)
una base de datos especialmente creada para identificar los cadáveres de
las víctimas de la última dictadura militar en ese país suramericano
(1964-1985).
Todas estas iniciativas nacen en respuesta a una propuesta
presidencial presentada por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
quien el pasado 1 de enero, cuando asumió su mandato, anunció la
intención de esclarecer los cerca de 400 asesinatos y desapariciones de
opositores en la época de la dictadura.
Se calcula que en esas dos décadas dictatoriales, en Brasil
desaparecieron cerca de 200 personas por motivos políticos, mientras que
miles de activistas fueron arrestados y torturados.
PL / AFP / EFE / Telesur
