La postura de estos países fue sostenida al momento de votar el
proyecto de resolución “Utilización de mercenarios como medio de violar
los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los
pueblos a la libre determinación”, discutida este jueves en la III
Comisión de la Asamblea General del organismo internacional.
La iniciativa fue impulsada por Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Bielorrusia, reseña Prensa Latina.
Pese al rechazo de esas potencias, el proyecto fue adoptado por 118 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones.
La postura negativa a la iniciativa también fue respaldada por Bosnia
y Herzegovina y Portugal, que junto a Estados Unidos, Francia y Reino
Unido forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU.
Rusia y China, miembros permanente del Consejo, más Brasil, Gabón,
Líbano, Nigeria, India y Sudáfrica, integrantes no permanentes del
órgano, avalaron la propuesta.
De los 52 votos en contra de la crítica a la utilización de
mercenarios, 36 provinieron de países europeos, mientras que por América
Latina se registraron 20 sufragios a favor, ninguno opuesto y tres
abstenciones: Chile, México y Colombia.
El texto de la iniciativa expresa que la utilización, el
reclutamiento, el financiamiento y el entrenamiento de mercenarios
infringen los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU.
Reconoce además que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico
de armas y las operaciones encubiertas fomentan la demanda de
mercenarios y llama a tomar medidas contra la amenaza que entrañan las
actividades de estos individuos.
La iniciativa solicita que los Estados adopten normas para impedir
que su territorio y su habitantes sean utilizados para reclutar,
concentrar, financiar, entrenar, proteger o de tránsito de mercenarios.
Según el texto aprobado, las actividades mercenarias están dirigidas a
obstaculizar el ejercicio del derecho a la libre determinación y a
desestabilizar o derrocar gobiernos, sumado a la destrucción total o
parcial de la integridad territorial o la unidad política de Estados
soberanos e independientes que actúan bajo el derecho a la libre
determinación.
También se llama la atención sobre el uso de mercenarios por empresas
privadas de seguridad militares y exige que se prohíba la intervención
de esas firmas en conflictos armados o acciones que desestabilicen
gobiernos constitucionales.
Se exhorta a su vez a los Estados a investigar la posible
participación de mercenarios “cuando y dondequiera se produzcan actos
criminales de índole terrorista” y a enjuiciar o extraditar a los
responsables de conformidad con las leyes nacionales y los tratados
pertinentes.
Por último, el proyecto condena “cualquier forma de impunidad que se
otorgue a quienes perpetran actividades mercenarias” y a los
responsables de su utilización, reclutamiento, financiación y
entrenamiento.
Esta resolución se vota en medio de las crecientes críticas por la
utilización de mercenarios para desestabilizar a los gobiernos de Libia y
Siria.
En el caso sirio, la agencia de noticias iraní Fars denunció que en
esa nación árabe actúan mercenarios que son entrenados en bases
militares Qatar, Arabia Saudita y Turquía, construidos con la
supervisión de la empresa estadounidense Blackwater Worldwide, implicada
en diferentes hechos de violaciones a los derechos humanos en Irak.
AVN
