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| Diana Arón. |
ERNESTO CARMONA – Recordarán la memoria de 28 estudiantes y
académicos de la Pontificia Universidad Católica asesinados o hechos
desaparecer por la dictadura militar de 17 años establecida por los
mismos grupos económicos y políticos civiles que gobiernan de nuevo
Chile, e inicialmente incluso por el ahora opositor Partido Demócrata
Cristiano, PDC.
Tras una indiferencia de más de tres décadas de esa
casa de estudios respecto a la suerte de estos miembros de la comunidad
universitaria, las víctimas serán recordadas por segunda vez en un
recinto universitario católico el jueves 17 de noviembre, a las 18:30
horas, en el Campus San Joaquín, Vicuña Mackenna 4860, en una ceremonia
organizada por el Colectivo Memoria PUC, integrado por exalumnos de los
años 60/70, y la Federación de Estudiantes de la Católica, FEUC.
En la PUC ahora soplan otros vientos políticos, como lo demuestra la
activa participación de su Federación de Estudiantes en el conflicto
estudiantil en curso hace más de 6 meses, bajo el liderazgo de Giorgio
Jackson, quien no postuló a la reelección, cuya segunda vuelta se
realiza hoy martes.
Noam Titelman, de Nueva Acción Universitaria (NAU), el mismo grupo de
Jackson, compite con el derechista pro gobierno Juan José Silva, del
Movimiento Gremial (MG), alentado por la Unión Demócrata Independiente
(UDI), que convirtió a la PUC en el “think tank” de la dictadura.
La PUC fue históricamente la cuna formadora de la clase política de
las dos facciones de la derecha conservadora que hoy gobiernan Chile con
Sebastián Piñera, la alianza UDI y Renovación Nacional (RN).
Casi todos
los ministros y altos funcionarios del actual gobierno se formaron en
las aulas de la PUC y después cursaron el clásico postgrados en
universidades emblemáticas del capitalismo estadounidense, Harvard,
Yale, Chicago y otras.
La Escuela de Economía de la PUC suscribió tan
temprano como en 1956 el convenio con su homónima de la Universidad de
Chicago que bajo la dictadura introdujo en Chile por la fuerza el modelo
neoliberal que tiene en problemas a Piñera y a sus seguidores de todo
el planeta.
La desaparición y/o muerte de estas 28 personas fue un tabú jamás reconocido por las autoridades de la Católica.
Incluso, desapareció misteriosamente una placa recordatoria informal
ubicada en la cafetería de la escuela de sociología, pero al parecer el
grabado resultó molesto porque nadie supo cuándo, por qué, ni quién lo
retiró.
En 2007 hubo una misa y eso fue todo… Pero hace poco más de un
año, el 6 de octubre 2010, este mismo Colectivo Memoria PUC, junto al
académico Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia y ex profesor de
esa casa de estudios, presentaron el libro “Una luz sobre la sombra:
detenidos desaparecidos y asesinados de la Pontificia Universidad
Católica de Chile”, que en 180 páginas refleja una investigación del
equipo editor y de la periodista/escritora Nancy Guzmán, con prólogo del
historiador Salazar y diseño gráfico y portada de José Bórquez.
La
presentación de ese libro fue la primera actividad en memoria de estas
28 víctimas realizada oficialmente en un recinto de la PUC, gracias al
interés de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios,
presidida entonces por Joaquín Walker.
¿Quiénes fueron “los 28”?
Entre las víctimas se encuentran talentosos jóvenes, como las (os)
periodistas Diana Arón y Eduardo Jara, la incipiente cinematografista
Carmen Bueno y su pareja, el documentalista Jorge Hernán Müller Silva
–camarógrafo de la trilogía “La batalla de Chile”, de Patricio Guzmán–,
el estudiante de ingeniería Allan Bruce, el profesor de inglés Alejandro
Ávalos, el pedagogo y ex sacerdote Omar Venturelli y otras vidas
truncadas.
El ex fiscal del ejército Alfonso Podlech, abogado y
terrateniente anticomunista que envío a la muerte a Venturelli y a
decenas de personas en la Araucanía-Temuco, estuvo preso en Italia desde
2006, juzgado por un tribunal que investiga el asesinato de éste y
otros ciudadanos de origen italiano ultimados en Chile, Argentina y
Uruguay, pero resultó “absuelto” en julio de 2011, aunque la Fiscalía
italiana pidió cadena perpetua.
Cinco víctimas –Ismael Chávez, María Teresa Eltit, Ángel Guerrero,
Samuel Lazo y Ernesto Ríos– estudiaban en el Departamento Universitario
Obrero Campesino (DUOC), que nació en 1968, con la Reforma Universitaria
y el primer rector laico de la PUC, Castillo Velasco, para dar
educación gratuita a hijos de obreros y campesinos, tal como otros
programas de las universidades de Chile, Técnica del Estado y Federico
Santa María dirigidos a trabajadores y alumnos pobres que recibían
formación en carreras técnicas de alto nivel. Al año de fundarse, el
DUOC tenía 475 alumnos y siguió creciendo, pero hoy la educación debe
pagarse.
Entre las víctimas figuran también Eugenio Ruiz Tagle-Orrego,
ingeniero civil y militante del Mapu, pariente del ex presidente y
actual senador demócrata cristiano Eduardo Frei R-T, quien perdió las
elecciones ante Sebastián Piñera.
Sus ideas políticas condujeron a todas
las víctimas de la Católica a militar o simpatizar con los diferentes
partidos y movimientos que caracterizaron la diversidad política de la
época que marcaron la presidencia de Salvador Allende (1970-1973) y el
ascenso de las luchas sociales en Chile en la década del 60.
Según el orden alfabético de sus apellidos, las víctimas cuya memoria
se recuerda en la PUC son Diana Frida Arón Svigilsky, Alejandro Ávalos
Davidson, Jenny del Carmen Barra Rosales, Leopoldo Raúl Benítez Herrera,
Patricio Biedma Schadewaldet, Alan Roberto Bruce Catalán, Carmen
Cecilia Bueno Cifuentes, Mauricio Jean Carrasco Valdivia, María Teresa
Eltit Contreras, Ismael Darío Chávez Lobos, Ángel Gabriel Guerrero
Carrillo, Ignacio Orlando González Espinoza, Luis Enrique González
González, José Eduardo Jara Aravena, Juan Alberto Leiva Vargas, José
Patricio del Carmen León Gálvez, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado,
Enrique López Olmedo, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Jaime Ignacio Ossa
Galdámez, Ernesto Igor Ríos Céspedes, Alicia Viviana Ríos Crocco, Juan
Carlos Rodríguez Araya, Eugenio Ruiz Tagle Orrego, Enrique Antonio
Saavedra González, Jilberto Patricio Urbina Chamorro, Omar Roberto
Venturelli Leonelli y Héctor Patricio Vergara Doxrud.
De las víctimas, 5 pertenecieron al Mapu, 2 al PC, 1 al partido
Socialista, 18 al MIR y el resto no registran militancia específica,
como Ernesto Ríos, de 18 años, muerto en 1986 de un balazo en el cráneo
disparado desde un helicóptero mientras presenciaba una protesta popular
en su barriada.
También hay tres extranjeros, como el sociólogo Enrique
López Olmedo, nacido en España, y el arquitecto Patricio Biedma,
oriundo de Buenos Aires, quien terminó sus estudios en la Católica, y se
quedó a vivir y trabajar en Chile, tras huir de la dictadura argentina
de Juan Carlos Onganía.
Su asesinato secreto, al igual que la
desaparición de otras 118 personas, fue enmascarado por la Operación
Colombo del Plan Cóndor, con el montaje periodístico de un falso
enfrentamiento “en las pampas argentinas” en que murieron 119 supuestos
refugiados izquierdistas provenientes de Chile.
Esta colosal mentira
fabricada por los diarios de las cadenas El Mercurio, La Tercera y otros
grandes medios, con la complicidad de ciertos periodistas de la época,
también es conocida como el caso de “Los 119”.
Otro episodio terrorífico sesgó la vida del joven boliviano Enrique
Saavedra, 18, quien jamás mostró ningún interés por la política.
Sólo
viajó a Chile para formarse como ingeniero comercial en la PUC, que ya
había se había hecho famosa por su adscripción a las teorías
neoliberales que impartía la escuela de economía de la universidad de
Chicago.
Alcanzó a aprobar el primer semestre en 1973 y con su primo
Ramiro Carlos González enfrentaban la aventura de vivir solos en un
hotel céntrico de la capital chilena.
Cuatro días después del golpe del
11 de septiembre de 1973, salieron a caminar por las calles, a curiosear
y comprar alimentos, tras el prolongado toque de queda impuesto por el
nuevo gobierno. Jamás reresó a su hotel, al igual que el primo. Nunca
más se supo de ellos.
Tampoco apareció cadáver alguno, ni hubo causa
judicial. Pasaron al olvido como si nunca hubieran existido.
La única explicación de esta desaparición es la fobia racista contra
los extranjeros estandarizada por los militares como pilar ideológico
del golpe contra Allende “para defender la patria amenazada por el
comunismo internacional”.
Las fantasías castrenses pregonaban el mito de
un ejército secreto de 10.000 checoslovacos, húngaros, cubanos, etc., y
toda clase de “comunistas” empeñados en dominar el país.
Cualquier
latinoamericano sospechoso de “tropical”, o que hablara de manera
distinta al chileno, se convirtió en un peligroso “comunista cubano”,
aunque fuera brasilero o centroamericano, y si era negro, peor.
Por lo
demás, desde la expansión territorial chilena conquistada en la llamada
Guerra del Pacífico de 1879, los bolivianos siempre han padecido en
Chile la xenofobia racista subyacente en la propaganda de una clase
propietaria bicentenaria.
Empatía PUC-dictadura
La PUC, que se llama Pontificia porque pertenece al Vaticano, fue un
importante soporte ideológico y teórico de los militares.
La universidad
jamás mostró interés en rescatar la memoria de estos 28 miembros de la
casa de estudios, en contradicción con el innegable esfuerzo de 17 años
de la jerarquía católica por “dar voz a quienes no la tienen”
defendiendo los derechos humanos de las víctimas de la dictadura
(1973-1990) a través de la Vicaría de la Solidaridad.
La facultad de
economía de la PUC motorizó las teorías político-económicas acuñadas por
Milton Friedman en la Universidad de Chicago, que del debate académico
pasaron a implantarse por la fuerza en Chile sobre una clase trabajadora
incapaz de defenderse de la feroz represión castrense, en el primer
experimento neoliberal de la historia contemporánea en todo el mundo.
Muchos académicos de la facultad de economía de la PUC se
convirtieron en millonarios, ministros y altos cuadros del aparato
económico-financiero del estado, que bajo la dictadura militar privatizó
todas las empresas públicas, incluida la línea aérea LAN, que al cabo
de los años terminó en manos de Sebastián Piñera.
El mayor aporte
teórico de esos ingenieros comerciales fue un pesado texto
fundamentalista de teoría económica neoliberal apodado “El Ladrillo”,
que se convirtió en el catecismo de la dictadura.
En el ámbito jurídico, el académico de derecha Jaime Guzmán, ideólogo
del régimen militar, muy cercano a Pinochet y profesor de derecho de la
Católica, fundador del movimiento de extrema derecha que se hace llamar
“gremialismo”, fue uno de los forjadores de la constitución impuesta
por la dictadura en 1980, después de gobernar 7 años sin ninguna carta
fundamental.
Esta constitución sigue vigente en Chile gracias al
maquillaje de sucesivas modificaciones que más bien legitimaron una
carta caduca que sólo refleja los intereses de la clase política.
Algunos profesores, como el abogado y ex senador UDI Carlos Bombal,
incluso ayudaron a la DINA a capturar y torturar a sus colegas y alumnos
de ideología izquierdista.
“Son conocidos los casos del abogado Carlos Bombal, que ayudó a la
DINA en la detención de Alejandro Ávalos Davidson, [de] Andrés Terrisse,
quien habría participado en interrogatorios a detenidos de la
Universidad Católica, y el de la enfermera egresada de esta casa de
estudios María Eliana Bolumburú Taboada, que fue conocida en la DINA
como la ‘Reina del Pentotal’ por ser quien lo inyectaba a los detenidos
antes de ser subidos al helicóptero que los lanzaba al mar”, cita un
párrafo del libro (pág. 24)
“Una luz sobre la sombra…”
