En medio de interminables perogrulladas patrióticas e intentos de
incitar al chauvinismo en el décimo aniversario de los ataques del 11-S,
poca atención se prestó en los medios, y ninguna por parte de los
funcionarios del gobierno, al recuerdo de los devastadores ataques
contra los derechos democráticos y constitucionales a lo largo de la
pasada década.
Una mesa redonda celebrada el 8 de septiembre en el
John Jay College de Justicia Penal de la ciudad de Nueva York, pocos
días antes del aniversario, destacó como uno de los pocos intentos de
explicar lo que ha sucedido y continúa perpetrándose en el campo de la
prisión de Guantánamo y en más lugares como parte de la “guerra contra
el terror” lanzada tras los ataques de 2001.
La mesa redonda de
abogados formaba parte de una serie de programas del John Jay College,
que complementan el Proyecto de Actuaciones del 11-S, incluyendo tres
obras de teatro y una serie de actuaciones que tienen por objetivo
examinar “el incremento de la islamofobia, la violencia y la codicia”
durante este último período.
Los oradores del evento del 8 de
septiembre, que estuvo presidido por la premiada actriz Kathleen
Chalfant, incluían a un grupo de abogados que han pasado la mayor parte
de la década luchando a favor de quienes se encuentran indefinidamente
detenidos en Guantánamo.
En la reunión se escuchó a la profesora Martha
Reyner, del Fordham Law School; a Alexander Abdo, de la Unión por las
Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU; por sus siglas en inglés); a
Jonathan Hafetz, del Seton Hall Law School, y a Gitanjali Gutierrez, del
Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en
inglés).
Un folleto del CCR, repartido en la reunión y titulado
“Guantánamo en Cifras” proporcionaba una breve descripción de la
historia de Guantánamo durante los últimos diez años.
Hasta ahora, se ha
liberado a 600 hombres, pero 171 permanecen aún encarcelados allí. El
92% de los que pasaron por Guantánamo no eran combatientes de Al-Qaida,
“según los propios archivos del gobierno estadounidense”.
89 han sido
liberados pero siguen allí detenidos. 20 o más podrían salir de
inmediato pero tienen miedo de que les torturen o maltraten en sus
países de origen.
Solo 7 hombres fueron acusados de un delito, y dos de
ellos están ya libres.
La cifra de “altos funcionarios del gobierno a
los que se ha hecho responsable de detenciones equivocadas y torturas”,
nos informa el CCR, “es cero”.
Los participantes detallaron el
significado de esas estadísticas. Abdo, un abogado del equipo del
Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, señaló en la apertura de su
intervención que la administración Obama, aunque afirma que trata de
“mirar hacia adelante y no hacia atrás”, se niega a investigar las
conductas criminales que se produjeron durante la presidencia de Bush,
pero al mismo tiempo sigue utilizando los testimonios extraídos mediante
torturas para justificar la continuada detención indefinida de decenas
de presos que no han visto a sus familias en casi una década.
Desde
luego, lo que ahí está en juego es más que el encubrimiento de la
administración Bush.
La administración demócrata sigue cometiendo gran
parte de los ilegales abusos de poder perpetrados por su predecesor.
Abdo
se refirió a las 2.000 fotografías existentes sobre torturas en
Afganistán e Iraq, a las que tanto los gobiernos de Bush como de Obama
niegan el acceso, que demostrarían incuestionablemente cuán ridícula es
la afirmación de que Abu Ghraib fue el trabajo de “unas cuantas manzanas
podridas”.
Se refirió también a la continuada clasificación de un
documento del 17 de septiembre de 2001, por el cual George W. Bush
autorizaba el establecimiento de los denominados “sitios negros” que
fueron proyectados para la tortura.
De unos 200 resultados de las
autopsias realizadas de fallecidos en prisión, Abdo continuó, 30 fueron
claramente homicidios, pero ni una sola víctima o familia de las
víctimas ha tenido un día en un tribunal.
Al contrario, el ex
Vicepresidente Cheney siente la suficiente confianza como para
atribuirse el mérito de su papel en las torturas.
El procedimiento
se diseñó con la inmunidad in mente, explicó el orador.
Todos los
implicados podrían señalar con el dedo hacia otra parte, en una especie
de “juego circular de trileros”.
Estaban quienes solo seguían órdenes,
los políticos por encima de ellos, que solo estaban siguiendo los
consejos de sus propios abogados y, finalmente, los mismos abogados del
gobierno, que solo eran “abogados”.
El tristemente célebre caso de José Padilla fue uno de los ejemplos más flagrantes del tipo de lógica “Catch-22”
que se utilizó para justificar crímenes indescriptibles.
Padilla, a
quien representó la ACLU, fue un ciudadano estadounidense a quien se
mantuvo incomunicado y brutalmente tratado durante tres años y ocho
meses, antes de que le trasladaran y le juzgaran a partir de acusaciones
con las que no tenía nada que ver.
El tribunal de distrito
estadounidense rechazó sus esfuerzos para obtener reparaciones por el
trato cruel e inhumano al que se había visto sometido.
Jonathon
Hafetz discutió la forma en que las autoridades habían manipulado el
lenguaje para encubrir y justificar violaciones flagrantes de los
derechos constitucionales.
Por ejemplo, “enemigo combatiente”, se
utilizó para sustituir a prisionero de guerra.
Aunque el gobierno de
EEUU afirmaba que estaba combatiendo “una guerra contra el terror”,
reclamaba el derecho a ignorar los Convenios de Ginebra y a mantener
indefinidamente a “combatientes enemigos” sin celebrar juicio.
Hafezt
explicó también cómo la existencia misma de Guantánamo, en territorio
cubano, se utilizó para manipular la cuestión de la jurisdicción.
Al
encontrarse formalmente fuera de los EEUU, se convirtió en un lugar
adecuado para torturar y abusar a los detenidos más allá del alcance de
las acciones legales que podrían haberse aplicado en territorio
estadounidense.
Por otra parte, la cláusula del Comandante-en-Jefe de la Constitución de EEUU se utilizó de una forma orwelliana,
ampliando la definición de líder de las fuerzas armadas durante un
tiempo de guerra a la de, prácticamente, monarca dotado de un poder
ejecutivo sin control.
Esto se interpretó para justificar la suspensión
de tratados, la captura de ciudadanos estadounidenses, el espionaje sin
orden judicial y la creación de comisiones militares para eludir los
juicios con jurado.
Los tribunales, a pesar de más de 70
decisiones en casos de habeas corpus, no han hecho nada para acabar con
ninguno de los serios abusos de poder, declaró Hafetz.
Las detenciones
extrajudiciales continúan, y no sólo en Guantánamo.
En la base aérea de
Bagram, en Afganistán, sigue habiendo más de 2.000 prisioneros.
Ni una
sola víctima de tortura ha recibido indemnización alguna por haber
padecido tal violación.
Además, prosiguió Hafetz, existen planes
para ampliar en gran medida las horrendas violaciones de los derechos
humanos perpetradas en la pasada década.
El Congreso está considerando
legislaciones diversas que supondrían detención indefinida para ciertas
acusaciones “relacionadas con el terrorismo”, sin que importe que el
presidente decidiera conceder la celebración de un juicio.
Gitanjati
Gutierrez explicó con toda crudeza como cayeron la inmensa mayoría de
los detenidos de Guantánamo en las garras de la maquinaria de guerra
estadounidense.
Hombres y muchachos fueron capturados por las calles en
las siguientes semanas al 11-S y vendidos a cambio de un botín.
La
mayoría de ellos no tenían nada que ver en absoluto con actividad alguna
de combate.
Gutierrez discutió algunos de los casos importantes
en los cuales había estado trabajando durante la anterior década en
relación con Guantánamo.
Estos casos incluían los de Moazzam Begg y
Feroz Abbasi, dos de los nueve hombres británicos a quienes se mantuvo
incomunicados hasta su liberación a principios de 2005, y cuya posterior
lucha para limpiar sus nombres y exigir responsabilidades a sus
torturadores pudo llegar a una amplia audiencia internacional.
Gutierrez
es también una de las abogadas de Mohammed al-Qahtani, un ciudadano
saudí que lleva retenido en Guantánamo desde enero de 2002.
El ex
Secretario de Defensa Donald Rumsfeld justificó la tortura de al-Qahtani
y otros cuando hizo el infame comentario de “Yo estoy de pie ocho horas
al día, ¿por qué ellos no pueden?”
A al-Qahtani se le permitió dormir
solo cuatro horas por la noche, se le mantuvo en confinamiento solitario
durante meses, se le sometió a humillaciones sexuales y se amenazó a su
familia.
Se llevó a personal médico para que calibrara los métodos
permisibles y dar el visto bueno a las torturas.
La primera vez que
Gutierrez se reunió con su cliente, en 2005, “era un ser humano
destruido”.
“Guantánamo es ahora como una muerte en vida”, declaró
Gutierrez. “EEUU sigue utilizando la tortura.
Con suerte, han terminado
algunos de los hechos más extremos, como la simulación de ahogamiento.
Pero todavía se permite la privación del sueño y la detención indefinida
sin que puedas saber tu destino. La Cruz Roja llama a eso tortura.”
Su
experiencia ha “alterado profundamente mi forma de pensar sobre mi
país”, dijo.
“Como ciudadana estadounidense ya no puedo creer nunca más
en nuestro país…
Creo en las personas”. Nuestro papel debe ser “mantener
viva la llama, sin que importe lo pequeña que esa luz pueda ser”.
Hay
un cierto pesimismo reflejado en esos comentarios.
Esos abogados, y
otros, han emprendido durante muchos años una lucha muy valiente. Como
explicó uno de los oradores presentes en el foro, se han topado con los
límites de los tribunales y del sistema legal.
Los sentimientos de
desaliento y aislamiento, a pesar de ser comprensibles, especialmente a
la luz de la continuada farsa de Guantánamo, no son la respuesta.
Tenemos
que elaborar lecciones políticas urgentes.
Los crímenes de guerra tanto
de la administración de Bush como la de Obama son el producto de un
sistema anticuado y reaccionario, no de los individuos.
Las batallas
legales deben ir guiadas por una estrategia política, que incluya sobre
todo la necesidad de una ruptura fundamental con los defensores tanto
demócratas como republicanos de la tortura y otros ataques a los
derechos democráticos, y hay que basar la lucha contra esas atrocidades
en las clases trabajadoras de EEUU y en las de todo el mundo.
rCR
