Giacopuzzi es un experto conocedor de la realidad vasca desde hace décadas y ha escrito varios libros al respecto.
En este artículo analiza la trascendencia de una sentencia cuyo impacto
ha superado las fronteras de Euskal Herria y que provoca una
incomprensión total se analice desde donde se analice.
Su repaso incluye
varias voces que coinciden en que el Estado tira piedras a su propio
tejado.
La sentencia que ha condenado a Sonia Jacinto, Arkaitz
Rodríguez, Rafa Díez, Arnaldo Otegi y Miren Zabaleta se podría definir
como «algo más de lo mismo».
No hay novedades bajo el cielo ibérico,
sino evidencias, otra vez, de que en el fondo esos actos jurídicos
políticos surgen para enfrentar «los problemas de fondo» desde la óptica
española; es decir, el conflicto vasco-español y la existencia de la
izquierda independentista y soberanista vasca.
La noticia de la
condena ha dado la vuelta al mundo desde la agencia china Xhinua hasta
la inglesa BBC, sobre todo por la extrañeza que conlleva leer que
hombres y mujeres han sido condenados como dirigentes y miembros de una
«banda armada» a la que piden el abandono de su práctica armada.
La
magistratura española, por contra, se cierra en una defensa
corporativista del fallo.
Conde Pumpido, fiscal general del
Estado, dice por su parte que esta sentencia «nos acerca más a la paz».
Unas declaraciones en sintonía con la del entonces ministro de Interior
Angel Acebes cuando definió el cierre policial del único diario en
euskara, Euskaldunon Egunkaria, como «una operación en defensa y
protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su
cultura, de su pensamiento, y de la expresión de su lengua en libertad».
Ideas peculiares las de la democracia española: se encarcela como
«terroristas» a quienes piden el fin de la lucha armada igual que se
«defiende la cultura vasca» cerrando el único diario en euskera.
Para
defender lo indefendible se utilizan argumentaciones más sutiles,
empleando un lenguaje jurídico para difuminar unas tesis acusatorias
claramente políticas.
Este axioma aparece constantemente en las
sentencias y en el debate político: «Aquí no se juzgan ideas, sino
hechos criminales».
Eso lo había «explicado» el mismo Garzón en el
muchas veces citado auto 35/2002 cuando admitía que el problema en el
fondo no es ETA, «aunque no hubiera existido», sino ¡Batasuna!
Y
qué decir del referéndum, consultivo, sobre la reforma del Estatuto de
Autonomía de la CAV y del abandono de la lucha armada por parte de ETA,
que llevó al Gobierno Aznar a amenazar con la cárcel al lehendakari
Ibarretxe.
El golpe de Honduras se «motivó» con la misma argumentación:
un referéndum consultivo propuesto por el presidente Manuel Zelaya.
La
lista de criminalización política de las ideas es larga a pesar de
algunas sentencias del Tribunal Constitucional, y también a veces de la
Audiencia Nacional, intentando salvar las formas, como en el caso de la
legalización de Bildu, que según repiten políticos y medios informativos
está en «suspenso», o como en el caso de Iniciativa Internacionalista, a
cuya legalización puede no ser ajena como «moneda de cambio» la
confirmación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la
ilegalización de Batasuna.
Se trata de excepciones que confirman la
regla, hechas para cuidar las formas. «Quizás nos hemos pasado», dijo el
fiscal general del Estado en 2007 a raíz de la ilegalización de mitad
de las listas de ANV.
El editorialista de El País ha comentado que la sentencia vuelve a incidir en esa particular concepción del Derecho Penal
basada en «lógicos supuestos», «probables certidumbres», «multitudes de
inferencias lógicas que trascienden las meras suposiciones».
Pero, ¿qué
dice el diario del Grupo Prisa?
Ya en el titulo, los imputados están
bien condenados: «¿Habría salido Otegi?».
La tesis del artículo es que
estaría en la calle «si ETA hubiera anunciado su disolución», aunque
inconscientemente el autor matiza que eso ocurriría «casi seguramente» o
«si la izquierda abertzale (o el propio Otegi y sus compañeros) hubiera
exigido de manera creíble la desaparición de ETA y condenado su recurso
a la estrategia terrorista».
A su vez El País', para
justificar la condena, busca una interpretación temporal «en las fechas
de los hechos juzgados», señalando que era palmaria la ausencia en los
procesados de cualquier actitud que denotara un real distanciamiento de
las tesis de la banda.
¿Significa esa referencia temporal que más tarde
sí ha habido síntomas de distanciamiento que no han sido considerados?
Podría ser, porque en los tres documentos de la ex Batasuna que analiza
la sentencia, redactados entre octubre de 2009 y febrero de 2010, se
reconoce que hay una «evolución en esa dirección».
O sea, siempre según
el diario madrileño, en diciembre y primeros meses de 2009 los imputados
estarían a favor de «las tesis de estrategia político militar» mientras
en octubre de 2009, no.
O sea, un movimiento que tiene mas de
cincuenta años de historia, que ha resistido y puesto, a veces, contra
la cuerdas a un Estado, protagonizado por centenares de miles de hombres
y mujeres y basado en su protagonismo directo y su altruismo tendría un
liderazgo que, en apenas tres o cuatro meses, hace un giro estratégico
de semejante nivel, convenciendo a la mayoría del movimiento.
Y no sólo
eso, sino poniendo en marcha un proceso que en poco menos de dos años
permite aglutinar una serie de fuerzas políticas y sociales que llegan a
ser actualmente las más importantes electoralmente en las provincias
vascas. Lo sobrenatural no es de este mundo.
En realidad El País
admite que hay cuestiones políticas en la base de la sentencia: «No
condenan a ETA porque justifican el cambio de estrategia con el
argumento de que la lucha armada ha impedido la consolidación de la
autonomía, lo que hace posible negociar hoy un cambio de marco político a
cambio de la retirada definitiva de la banda».
La estrategia de
la izquierda abertzale, las mismas declaraciones de ETA, las ultimas
elecciones municipales, los primeros pasos de los gobiernos de Bildu
deberían hacer entender que el cambio del escenario político llegará a
través de una negociación -¿cómo si no?-, pero no «a cambio de la
definitiva retirada de la banda» sino mediante la relación de fuerzas
que el movimiento político y social para la soberanía y de izquierdas
consiga determinar (si la política del Estado español sigue por esos
derroteros el hecho de que llegue a ser «mayoría suficiente» no está
lejano).
La lectura de la sentencia trasluce en sus 144 páginas una argumentación inquisitorial,
sin que haya pruebas de las acusaciones, solo interpretaciones que
llegan hasta la paradoja más sorprendente.
Por ejemplo, la condena de
Otegi y Díez es «por ser parte de una organización con el grado de
dirigentes» y esa organización habría ordenado a ellos, los supuestos
dirigentes, o sea se habrían ordenado a sí mismos, ¡desarrollar la
dirección en la izquierda abertzale para actuar en una política
subordinada a la supervisión y tutela de ETA!
La sentencia, siguiendo
esta trama fantástica, no explica si ETA es una entidad extraterrestre o
una organización hecha por personas, ya que no aparecen en ningún
párrafo de la sentencia los nombres de supuestos miembros de ETA que den
órdenes a los imputados.
Así que siguiendo la lógica del
tribunal, siendo los únicos nombres de dirigentes de ETA Otegi y Díez,
éstos habrían elaborado un documento en donde se planteaba el fin de la
lucha armada, en contraste con otro favorable a mantener como
instrumento de presión la estrategia político-militar, elaborado por ETA
(?!).
Pura y llanamente, esquizofrenia. ¿Absurdo? Como evidencia
Iñaki Iriondo en GARA, si toda la apuesta estratégica de la izquierda
abertzale a partir del documento "Zutik Euskal Herria'', según el
tribunal, se reduce a que «con los acusados privados de libertad, no
resulta ilógico percibir una evidente táctica defensiva tendente a
desligarlos de la estrategia político-militar en la que hasta entonces
claramente se alineaban, con el propósito de conseguir la libertad y más
tarde la absolución», es lógico suponer que los magistrados en cuestión
tengan más aprecio a Torquemada que a Montesquieu.
Lo recordaba Vicenç Fisas en las páginas de Público':
«Desde hace años me dedico a seguir y comparar los procesos de paz que
hay en el mundo, y es difícil encontrar tanta torpeza como en España,
que quiere acabar con ETA pero no entiende que ello no es posible sin
dar espacio político al independentismo vasco, repito que desde
parámetros democráticos y de respeto, no de coacción o amenaza».
La
clase política española en lugar de aceptar el desafío político, en el
que tendría muchas cartas que jugar, ensaya un pantomima de la
dialéctica política en donde, al final, todos coinciden en las mismas
opiniones.
Todavía patético fue el debate-polémica sobre la legalización
de Bildu por el Tribunal Constitucional, con un PP que acusa al PSOE de
haber «condicionado» la decisión cuando fue el mismo PSOE el que le dio
el impulso a través de sus inefables ministros de Interior y de
Justicia, con la impugnación de las listas.
Quien por contra
entiende claramente que «las recetas del pasado ya no valen» y aboga por
un diálogo incluyente y a todo terreno es la abrumadora mayoría de la
sociedad vasca, hasta el punto de que los mismos antagonistas de la
izquierda abertzale se dan por aludidos. Patxi López admite que hay
«sorpresa y frustración» después de la sentencia para, enseguida,
manifestar su principal preocupación: que Batasuna «aparezca como
victima».
Y en esa pescadilla que se muerde la cola, ahora ése es
precisamente el miedo que invade los estamentos políticos españoles.
Como muestra añadida están los comentarios de los lectores en los
diarios españoles, por no hablar de los vascos, que subrayan que ya son
muchos los que entienden que esta estrategia de acoso permanente huele a
podrido.
Y que en la próximas elecciones del 20-N, como admite Luis R.
Aizpeolea en El País', «Bildu, (con el añadido Aralar) puede arrasar aún más de lo que ya se preveía».
Por
cierto, los mensajes de la izquierda abertzale y de los propios Otegi y
Díez después de la sentencia son reveladores de la confianza en sus
proyectos políticos: «Que nadie abandone el camino porque vamos a
ganar», escribe en Twitter Otegi.
El mismo Rafa Díez señala en una
entrevista en GARA, aun reconociendo que la sentencia puede «generar
interrogantes», que «no debemos entrar en respuestas clásicas propias de
otros momentos, sino lograr que sea la sociedad en su conjunto la que
responda, y que lo haga en un sentido determinado: para convertir todo
esto en irreversible.
Hay que lograr ese protagonismo de la sociedad,
para que nadie pueda condicionar o negar su futuro.
Nadie se lo puede
robar».
Que el día después de la sentencia 27.000 personas se den cita
en Donostia para reclamar derechos humanos y políticos para los presos y
presas vascas atestigua que está claro que una parte importante de la
sociedad vasca quiere protagonismo.
Por eso, las cosas son como son y no como dictan en la Zarzuela, la Audiencia Nacional, Ferraz o la calle Génova.
Que las cosas están cambiando, por los menos en Euskal Herria, es
notorio.
Y lo que intentan es atrasar el momento de algo que va a venir.
Como escribe Alberto Moyano en El Diario Vasco, «en cualquier
caso, a falta de saber si el fallo de la AN complica el panorama
político, parece claro que despeja enormemente el electoral.
Ahora
mismo, enfrentado a los 'ultraligeros' López, Basagoiti y ¿Erkoreka? en
unos comicios se corría el riesgo de que un Otegi en libertad sin cargos
se los merendara como buñuelos de viento».
