PL – Una petición inédita en el sistema de justicia en
Guatemala hizo la Fiscalía General para juzgar a un exgeneral acusado de
ser el principal responsable de más de 10 mil asesinatos.
El Ministerio Público le imputa esos crímenes a Héctor Mario López,
de 81 años, detenido el pasado 17 de junio, además de miles de
desplazamientos y violaciones de mujeres indígenas ordenados como jefe
del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
López desempeñó ese cargo del 1 de septiembre de 1982 al 8 de agosto
de 1983 durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt.
Por primera vez en este país para un militar de tan alto rango se
hace la solicitud de ser procesado por delitos contra la humanidad
durante el conflicto armado interno, de 1960 a 1996.
Todos aquellos crímenes de las tropas ocurrieron al poner en práctica
los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, creados y ejecutados
durante el mandato castrense de López.
Aquellos se desarrollaban como parte de las acciones
contrainsurgentes, fundamentalmente en estrategias trazadas como la de
tierra arrasada para el exterminio masivo de quienes acusaban de
pertenecer o apoyar a la guerrilla.
Esos hechos fueron en buena parte los responsables de los 250 mil
muertos calculados en Guatemala durante la guerra, atribuidos por
estudios en su inmensa mayoría al Ejército, los cuerpos de seguridad y
las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil.
Dicha cifra incluye más de 45 mil detenidos y luego desaparecidos
tanto en las zonas rurales como en las ciudades, sobre todo en las
primeras de ellas donde las comunidades indígenas eran las principales
víctimas.
Entre las evidencias presentadas para la acusación contra López hay
testimonios de familiares de víctimas y los informes de la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico y de la Recuperación de la Memoria
Histórica.
La Asociación para la Justicia y la Reconciliación y el Centro para
la Acción Legal en Derechos Humanos destacaron en un comunicado este
hecho histórico, de suma importancia para los miles de sobrevivientes de
aquellos años.
Señalan esperar que el caso del exgeneral continúe tramitándose como
establece la ley y pronto se abran más procesos para quienes como él
ordenaron el genocidio en Guatemala.
