Son intocables los militares en Colombia?
Hoy fue asesinada
Gloria Constanza Gaona, la juez penal de Saravena, Arauca, que
investigaba a un subteniente del Ejército por la muerte de tres niños y
la violación de una de ellas.
En otros casos en los que han estado
implicados miembros de las Fuerzas Armadas, los investigadores también
han sufrido amenazas, atentados, o incomodidades de parte de fuentes no
siempre identificables.
Si bien esto no ocurre en todas las
investigaciones en las que hay militares, ni se ha encontrado
responsables a los militares en estos casos, sí es cierto que en varias
oportunidades quienes llevan procesos contra ellos terminan en
problemas.
Este caso se une al de otros jueces, fiscales y
testigos que tras su protagonismo en casos contra militares corren un
destino fatal. Estos son algunos ejemplos recientes.
Gloria Constanza Gaona
Esta mañana la juez penal especializada del Circuito Penal de Saravena, Arauca, Gloria Constanza Gaona, fue asesinada a balazos en el centro de ese municipio llanero.
La juez, queadelantaba
procesos por terrorismo y rebelión en la región, alcanzó cierta
prominencia desde que comenzó a investigar el caso de tres niños
asesinados el año pasado en Flor Amarillo, una vereda de Tame, Arauca.
En esos hechos, ocurridos en octubre del año pasado, dos hermanos, de 6 y 9 años, y su hermana de 14, fueron encontrados
muertos en una fosa común de la vereda de Caño Tembladores.
El cuerpo
de la niña, además, presentaba signos de violación. Álvaro Torres, el
padre de los niños, mantuvo desde un principio que el asesino y violador hacía parte del Ejército y que poco antes del asesinato había recibido
una visita sospechosa de uniformados de la unidad militar de Tame.
El 3
de noviembre un subteniente de la Brigada Móvil No. 5, Raúl Muñoz, aceptó
haber tenido relaciones sexuales con la niña asesinada y con otra niña
también de Flor Amarillo y de 13 años, pero mantuvo que eran
consensuadas y que él no tuvo nada que ver en el asesinato.
Por esa
confesión, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía.
Ese día el Ejército destituyó
a 7 militares entre oficiales y suboficiales que consideró que estaban
relacionados con el caso.
En diciembre la Fiscalía, que había abierto investigación desde finales de octubre, radicó
una acusación contra Muñoz ante el Juzgado Penal del Circuito de
Saravena.
Desde entonces Gaona se ocupó del caso.
En él, además,
rechazó solictudes de las abogadas de la Defensoría Militar de que se
aplicara el vencimiento de términos y las acusó
de falta de indoneidad y de utilizar tácticas dilatorias, después de
que dos abogadas renunciaran a la defensa de Muñoz.
También regañó públicamente a la defensa de Muñoz por esas "tretas" dilatorias.
Por esto, hace pocos días, había anunciado
que compulsaría copias para que el Consejo Superior de la Judicatura
investigara a las abogadas de Muñoz, integrantes de la Defensoría
Militar Integral, DEMIL.
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, pidió que el proceso se trasladara a otra parte de país por razones de seguridad, pero Gaona no habíadenunciado amenazas, ni pedido protección especial.
El Gobierno ya ofreció
una recompensa de 500 millones a quien dé información sobre los
asesinos, mientras que Luis Eduardo Ataya, Gobernador de Arauca, dijo que ya tenían identificado al sicario responsable.
María Stella Jara
María Stella Jara fue la juez quecondenó
a 30 años de prisión al Coronel Alfonso Plazas Vega en junio del año
pasado cuando era Juez Tercera Penal Especializada de Bogotá.
Después de
esa sentencia, aumentaron las amenazas en su contra que ya venía
recibiendo desde que el caso llegó a sus manos en 2009.
Eventualmente tuvo que irse al exilio.
En agosto de ese año denunció
públicamente que estaba siendo intimidada para influenciar su decisión
final en el caso de Plazas Vega.
Dijo que desconocidos intentaron
forzar la entrada de su casa.
Luego, en septiembre, denunció que las
intimidaciones se habían transformado en amenazas.
Recibió un sufragio
invitándola a su propio entierro y una carta, atribuida a un
paramilitar, en la que le daba el pésame por su muerte y la de su
familia y en la que se adjuntaba una columna que criticaba su
parcialidad en el proceso.
También ese año apareció
un informe falsificado del DAS en el que un supuesto testigo decía que
una red de narcotraficantes había sobornado a Jara para que fallara a
favor de sus miembros.
Desde enero de 2010 se dictaron unas medidas de
protección para Jara y su familia que, según ella, la Rama Ejecutiva no
hizo cumplir y que sólo entraron en efecto cuando ella denunció sus
problemas de seguridad en una audiencia pública tras la que el coronel
Salamanca, de la Dirección de Protección de la Policía, se enteró de su
situación. Jara diceque
antes de eso tuvo que recurrir a la Comisión Interameriacana de
Derechos Humanos para pedir medidas cautelares, pues en Colombia nadie
parecía creer que su vida estuviera en riesgo.
Dos semanas después del
fallo decidió exiliarse en Alemania, desde donde ha sido crítica de la persecución contra la Rama Judicial en Colombia.
Fiscales de los falsos positivos
A finales de 2008 se descubrió que, desde 2003, algunos miembros del
Ejército disfrazaban a muertos civiles de bajas guerrilleras para
aumentar las estadísticas de efectividad y acceder a ciertos beneficios.
Varios organismos de control comenzaron investigar y, para 2009, la
Fiscalía estaba investigando a 943 personas y la Procuraduría a 1043.
Además, el Ejército destituyó, en noviembre de 2008, a 27 oficiales y suboficiales por este caso.
En
marzo de 2010, Christian Salazar representante en Colombia de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, presentó el informe
de 2009 sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
El informe
habla que en ese año hubo amenazas de muerte y presiones a los
fiscales e investigadores vinculados a los procesos judiciales por
falsos positivos, así como a algunos militares que decidieron colaborar
con el proceso.
Ángela María Buitrago
Buitrago fue la fiscal encargada ante la Corte Suprema de Justicia desde
2005.
Ella desenterró el proceso del Palacio de Justicia y pidió la
condena a 30 años de cárcel a Alfonso Plazas Vegas. Por la firmeza en la
toma de decisiones en este caso, los medios la llamaron ‘la fiscal de
hierro’.
En septiembre del año pasado fue relevada
por orden del Fiscal encargado de ese entonces Guillermo Mendoza Diago
justo cuando llamó a indagatoria a tres generales retirados por el
asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán durante la retoma del
Palacio de Justicia.
Mendoza Diago dijo que la salida de
Buitrago se debió a su ineficiencia, debido a que tenía 54
investigaciones que no había tocado desde 2008, aunque fuentes de la
Fiscalía le contaron entonces a La Silla Vacía que la congestión en su despacho no era mayor a la de los demás fiscales.
Javier Giraldo
En 2005, una comisión de fiscales de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos había ido a San José de Apartadó, Antioquia, dos meses después
de ocurrida la masacre en la que fueron asesinados tres niños y cinco
adultos, y fue recibida
con disparos de fusil y fuegos de mortero mientras intentaba
investigar los hechos. Además, la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria
Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo hicieron públicas
amenazas a sus vidas luego de denunciar la participación de militares
en la masacre.
Giraldo también
acusó, en 2008, al General (r.) Rito Alejo del Río de haber sido
cómplice de las autodefensas del Urabá, entre al menos otros 200
crímenes cometidos por el Ejército en la zona de Urabá.
Desde 2008 ha habido amenazas contra la Comisión intereclesiástica de Justicia y Paz, de la que hace parte Giraldo. Además, en 2010 comenzaron a aparecer graffitis por Bogotá en la que se pedía la muerte de Giraldo y se le acusaba de “cura marxista”.
Jorge Lara
En julio de 2002 fue asesinado en Medellín el juez penal militar Jorge Lara. Lara estaba a cargo de la investigación
de la muerte de seis niños por un error militar en Puerto Rico,
Antioquia.
Durante dos años, el Ejército había culpado a la guerrilla
por la muerte de los niños, pero tres meses antes del asesinato de Lara
los militares aceptaron su responsabilidad
