Una ley de 1998 permite a los obispos adueñarse de templos de culto
de forma opaca. Pueblos de toda España descubren con sorpresa la
apropiación.
La Iglesia española viene durante años poniendo a su nombre casas
rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos que pertenecían a
los pueblos o que, en todo caso, nunca se registraron.
Y lo ha hecho
calladamente, sin que nadie percibiera esta suerte de voracidad
inmobiliaria amparada por los artículos 206 y 304 de la Ley y el Reglamento Hipotecario.
Los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si fueran
funcionarios públicos.
Este privilegio se agrandó en 1998, cuando el
Gobierno de entonces suprimió el artículo 5 del reglamento citado, que
impedía la misma práctica sobre edificios de culto, iglesias, catedrales
o ermitas.
Desde aquel año, también pueden inscribir las
propiedades a su nombre.
A eso se llama, en la jerga administrativa,
inmatricular.
Y lo están haciendo a destajo. Puede decirse que en
Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio.
A nombre de
la diócesis figuran ya cientos de templos parroquiales, ermitas,
basílicas, con todo lo que tienen dentro; también tienen a su nombre
casas, almacenes y hasta cementerios, garajes o frontones.
¿Solo
en Navarra? No.
Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es
tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano
particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con
sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio
cultural e inmobiliario que consideran arrebatado.
"Robo" y "expolio",
repiten cuando se les pregunta por el caso.
"Inconstitucional", dicen los expertos jurídicos.
"No siendo funcionarios públicos, pueden actuar como si lo fueran. Si el artículo 16 de la Constitución
no otorga carácter estatal a ninguna confesión, ellos no pueden
equipararse a un funcionario público", empieza Alejandro Torres,
catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.
Torres
cita una sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo
76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Hasta entonces, un cura podía
desalojar a un inquilino de una casa sin tener que probar la necesidad
de ocupación.
Un padre no podía hacerlo sin demostrar, por ejemplo, que
su hijo necesitaba la casa.
La Iglesia sí. Pero aquella sentencia venía a
decir que "no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos,
ni fines públicos con fines religiosos.
Ni a la Iglesia con una
corporación de derecho público", recuerda Alejandro Torres. "Esa
filosofía es trasladable al pie de la letra en el caso de las
inmatriculaciones que se están produciendo", asegura.
Puede ser,
pero para que uno de estos casos llegue al Constitucional se necesita
que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, o un recurso
de amparo.
O bien que un particular agote las instancias jurídicas hasta
llegar a este tribunal.
"Ellos tienen tiempo y dinero, nosotros
no", dice el alcalde de Garisoain, Javier Ilzarbe, que solo ha podido
salvar una ermita.
"Se han quedado con la iglesia de la Asunción, con el
atrio, con la casa parroquial, con un solar de esa casa y los restos de
otra ermita.
Nos dimos cuenta hace un par de años, pero no pensamos
recurrir, no tenemos posibilidades. Ganas ya tenemos, ya...".
A
los alcaldes de los pueblos pequeños, como este de Navarra, apenas les
queda el derecho a la pataleta.
"Les cortamos la luz, que siempre la
habíamos pagado nosotros; ahora la pagan ellos, y aunque nos siguen
pidiendo que les arreglemos cosas ya no les hacemos las obras.
En los
ochenta les reparamos el tejado", dice Ilzarbe.
"Para esto se
necesita voluntad política, que los grandes partidos frenen esto o que
alguien lo pare en los tribunales.
Esto está ocurriendo en toda España,
es un escándalo monumental", dice Josemari Esparza, de la Plataforma navarra Ekimena, creada en 2007 para la defensa del patrimonio en esa comunidad.
Pero
a los tribunales van los obispos, como hicieron con la ermita del
Pilar, en Garisoain, que el Ayuntamiento se apresuró a registrar antes
que ellos. Ganó el pueblo.
"Les propusimos que la propiedad fuera del
pueblo y ellos siguieran con el culto.
Nanay, que ellos quieren la
propiedad y punto.
Encima no pagan ni el impuesto de bienes inmuebles",
critica Ilzarbe.
En Huarte, también en Navarra, el alcalde pidió
reunirse con el obispo. "Se negó y nos recibió el ecónomo.
Nos mandó a
los tribunales, y ahí estamos. Suerte que tenemos un documento de 1820
en donde la Iglesia da por buena la propiedad del pueblo sobre el
templo", dice.
La Conferencia Episcopal Española
deja el asunto en manos de cada diócesis.
La de Navarra contesta: "La
Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselos, sino que los
inscribe porque le son propios".
Otra cosa, responden en un correo
electrónico, "es que los Ayuntamientos quieran apropiárselos", por lo
que tienen que "defenderse", aseguran.
"Si los edificios pasan a
otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para el
que fueron creados, como ya ha ocurrido", afirman.
Y niegan que pasen a
ser suyos solo porque los inscriban.
"Cumplimos la ley de 1998: la
Iglesia registra lo que es suyo", dicen en el mensaje.
Explican también
que su gasto en conservación del patrimonio es muy alto:
"No es la
Iglesia quien se está enriqueciendo con las aportaciones del Estado,
sino que es el Estado el que se está ahorrando dinero con las
aportaciones de la Iglesia".
Volvamos a Navarra.
Y a su catedral.
Con dinero público se pagaron millonarias reparaciones meses antes de
que la diócesis la inmatriculara: 15 millones de euros.
En 2006, el
obispado la hizo suya y pusieron precio a las visitas y a las
actividades que allí se desarrollaban, explican en la plataforma.
"La
Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o
hipotecar. Sabemos que ya se está vendiendo y alquilando, y desconocemos
si se usa para hipotecas", dice Josemari Esparza.
Esparza cita un
caso singular recogido en el libro que han publicado, el de San Miguel
de Lizoain, un templo del siglo XIII "quemado y desacralizado donde el
Ayuntamiento iba a montar un centro cívico.
En 2003 la Iglesia la
inmatriculó, el mismo día que el resto de los templos del valle, y ahora
el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que
planeaba.
Un negocio redondo", se indigna Esparza.
Recuerda que
antiguamente las iglesias eran el centro municipal, la escuela, el lugar
de reuniones.
Todo. "Finalmente, quedó casi en exclusiva como lugar de
culto, pero nunca fue de ellos.
Ahora en Tafalla cobran 300 euros por
los conciertos de las bandas que se celebraban tradicionalmente allí.
El
negocio del futuro de la Iglesia es el inmobiliario", sigue Esparza.
En
el libro de la plataforma se analiza también el caso de la capilla de
San Fermín, emblemática en Pamplona. "En los archivos se recogen los
inmensos esfuerzos que hubo de hacer la ciudad para construirla; tanto
que tuvieron que suspender las corridas de toros durante seis años.
No
puede estar más acreditado que era de propiedad pública. Pues la
diócesis la inmatriculó en 2003.
Y hace bien de dinero con ella, por las
bodas y otros ritos", explica Esparza.
En Navarra, la plataforma
está pidiendo a los alcaldes que saquen normas que impidan especular con
los terrenos aledaños a las iglesias, esos que se están inmatriculando.
¿De
quién son las iglesias?
Hay que bucear en los archivos para saberlo, y
no siempre se tiene constancia.
Para la Iglesia, "la posesión pacífica
de bienes inmuebles durante más de 100 años es, jurídicamente, título de
propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el Registro de
la Propiedad".
Temen que los templos se usen para otros fines.
Pero ese
temor no puede extenderse a los frontones, los olivares, las casas
rectorales, los cementerios.
¿O sí?
