El País.- Aguas de Barcelona, Altadis, Freixenet, Repsol o Iberia hasta un total de 25 compañías han sido las empresas españolas vigiladas estrictamente desde hace años por Estados Unidos en Españas. El delito: comerciar o interesarse por tener relaciones comerciales con Cuba.
De acuerdo con cables suministrados por Wikileaks y divulgados hoy por el diario El País, Estados Unidos ha evitado por ahora imponer sanciones, aunque llegó a planteárselo tras la vuelta de los socialistas al Gobierno español y el cambio de la política de ese país hacia la isla.
Los diplomáticos estadounidenses han vigilado con mucha atención la política española hacia Cuba desde que Zapatero llegó al Gobierno.
Los papeles de la Embajada se deshacen en elogios con el Gobierno de Aznar que, con su línea dura de “crítica estridente”, “hizo mucho para impulsar la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba”, según la versión estadounidense.
Llegado Zapatero al poder, la Embajada se planteó en julio de 2004 si era conveniente mantener la moratoria a la imposición de sanciones a las empresas españolas con inversiones en la isla. En esa fecha, la idea era que aunque Zapatero no sería en sus planteamientos tan cercano a EE UU como Aznar, no había hecho aún nada para suavizar la línea dura.
El análisis de la Embajada concluía que imponer sanciones daría al Gobierno de España la excusa para la normalización del diálogo con Cuba. Además, España alegaría que con ello se rompía el acuerdo entre la UE y EE UU para dejar en suspenso las sanciones.
“El Gobierno de EE UU tiene poco que ganar y mucho que perder en sus objetivos de política exterior no renovando la moratoria”, concluía la comunicación del embajador George L. Argyros al Departamento de Estado.Pronto, sin embargo, los tímidos gestos de apertura al diálogo con Cuba del Gobierno español hicieron a EE UU replantearse esa política.
En un despacho fechado el 1 de diciembre de 2004, EE UU volvía a plantearse la posibilidad de establecer sanciones ante ese giro. “En materia de derechos humanos, el Gobierno ha roto con el énfasis de la Administración de Aznar en apoyar a los activistas democráticos para buscar en su lugar un mayor diálogo con el régimen de Castro”.
A continuación, sin embargo, la Embajada dudaba de la eficacia de imponer sanciones.
“Pese a nuestro disgusto sobre la dirección de la política española con Cuba, debemos analizar si nos interesa ahondar nuestras diferencias con la UE autorizando sanciones contra entidades españolas”, decía el cable.
“Incluso los países que se han resistido a los esfuerzos españoles por debilitar las posiciones de la UE sobre Cuba podrían sentirse obligados a apoyar a un socio de la UE ante las acciones legales de EE UU” contra empresas españolas.
No obstante, ese despacho, a diferencia del anterior, incluía ya información sobre qué empresas españolas tienen inversiones en Cuba, con la localización de sus inversiones y, en unos pocos casos, una cuantificación de las mismas.
Las empresas identificadas por EE UU en esa comunicación como susceptibles de potenciales sanciones eran las siguientes: Sol Meliá, Inversiones Ibersuizas, Occidental Hoteles, Grupo Piñero, Iberostar, Barceló, NH Hoteles, Grupo Riu, Hotetur, Aguas de Barcelona, Altadis, Freixenet, Repsol e Iberia. No obstante, la Embajada se justificaba por la parquedad de sus datos diciendo que las compañías procuraban ser opacas en relación con Cuba ante la amenaza de sanciones.
Esa misma información se incluye en las comunicaciones del año 2005, con algunos añadidos sobre la evolución de las relaciones España-Cuba y con una consideración de política interna: aunque el PP está en desacuerdo con la política de Zapatero hacia la isla, rechazaría que las compañías españolas recibiesen sanciones.
En 2006, el Consejo de Seguridad Nacional pidió a la Embajada en Madrid que ampliase la información sobre las relaciones económicas entre España y Cuba. En las respuestas, junto a las compañías antes citadas se menciona la presencia pasada de Iberdrola, Banesto y BBVA en Cuba.
El informe del año 2007 explicaba las dificultades que para inversores estadounidenses habían supuesto las inversiones en empresas españolas presentes en Cuba. Así, por ejemplo, Pullmantur trasladó su base en el Caribe de Cuba a República Dominicana tras ser adquirida por la estadounidense Royal Caribbean.
La agencia de viajes digital eDreams dejó de ofrecer Cuba como destino tras ser adquirida por TA Associates, de Boston.
En cambio, agencias de viajes de Orizonia han seguido ofreciendo Cuba como destino pese a que la compañía pasó a estar controlada por la estadounidense Carlyle.
Carta inquisitorial
En paralelo, la Comisión del Mercado de Valores de EE UU (la SEC) remitió a Repsol una carta inquisitorial pidiendo explicaciones sobre sus operaciones tanto en Cuba como en Irán en la que pedía toda clase de datos así como una valoración del “potencial impacto de las actividades sobre la reputación de la compañía y el valor de sus acciones”.
Con respecto a Cuba, Repsol contestó que tenía desde 2000 un acuerdo con la petrolera estatal para buscar petróleo en siete bloques de sus aguas territoriales, sin haber logrado resultados.
Los activos en la isla son mínimos y los pagos al Estado cubano, en concepto de impuestos, casi testimoniales. La petrolera, eso sí, logró ingresos de 18 millones de dólares (cerca de 14 millones de euros) al ceder participaciones en sus derechos de exploración a otras dos compañías.
La Embajada se hizo eco de ese requerimiento en una comunicación en 2008 citando la información que publicó en su día EL PAÍS.
En el informe sobre inversiones españolas en Cuba de 2008, aparecen citadas nuevas compañías, aunque ya en forma de listado y sin especificar el grado de presencia.
Junto a las anteriores, también se menciona a Marsans, Iberostar, Globalia, Endesa, Iberdrola, Peñasanta, y a las entidades financieras BBVA, Banco Sabadell, CAM, Caja Madrid (de las que se precisa que solo tienen pequeñas oficinas de representación para finanzas comerciales).
En 2009 fue la Administración Obama la que dio pasos para retirar restricciones a envío de remesas y viajes de familiares a Cuba y la comunicación de la Embajada refleja la felicitación del Gobierno español por esos pasos. Los telegramas de los últimos años no reabren el debate sobre imposición de sanciones a las empresas españolas, pero la Embajada sigue vigilante.
En el último despacho sobre inversiones españolas en Cuba, por ejemplo, se hace eco del interés manifestado por Telefónica por entrar en la isla.
