La ex procuradora general de Panamá Ana Matilde Gómez afirmó hoy que en su país se repudia el asilo otorgado por el Gobierno a la ex directora de la policía secreta colombiana María del Pilar Hurtado.
Magistrados, políticos, ex funcionarios públicos, opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales fueron objeto de vigilancia por el organismo de inteligencia, del cual Hurtado fue directora.
En declaraciones a una radioemisora local, Gómez sostuvo que el Gobierno panameño ha sido autoritario en su decisión, pues las encuestas de opinión arrojan que 75 por ciento de la población rechaza su actuación en el caso referido.
La ex funcionaria dijo que pese a ese repudio en su país, los panameños no pueden hacer nada al respecto porque, según las leyes internacionales, el convenio de asilo territorial no le permite a ningún ciudadano actuar sobre ese tema.
Gómez, quien fue destituida por el presidente panameño, Ricardo Martinelli, por investigar un caso de corrupción e interceptar las comunicaciones con orden judicial de un subalterno acusado de corrupción, rechazó así el asilo otorgado a Hurtado.
En su opinión, la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) cometió graves fallas al interior de ese organismo de inteligencia colombiano.
"Este Gobierno (Panamá), que me condenó a seis meses de prisión y cuatro años de inhabilidad, al mismo tiempo califique a la señora Hurtado, involucrada en temas como concierto para delinquir, eso rebasa con creces lo que el Estado panameño considera como delito", apuntó.
La ex procuradora panameña también aseguró a Caracol Radio que en su país se considera como delito las vinculaciones contra Hurtado en Colombia, donde es investigada por espionaje ilegal.
Hurtado es considerada pieza clave en las investigaciones que se realizan aquí por el referido escándalo de espionaje ilegal durante el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
La noticia del asilo se registró en medio de esas pesquisas, en la cual cada nueva revelación involucra más a Uribe, a quien la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le abrió investigación preliminar para determinar responsabilidades.
En tanto, para la mayoría el asilo a Hurtado abre un camino a la impunidad, al considerarse que esa figura es para los perseguidos y no para los perseguidores.
