IPS
El mexicano Alberto Rivero ingresó en el programa de trabajo temporal de Estados Unidos en 2005 y desde hace tres años tiene que abonar todos sus gastos de visa, transporte y alojamiento, aunque la norma indique que es responsabilidad de su empleador.
"Este último año pagué como 800 dólares. Con la primera empresa con la que trabajé no pagué nada", contó a IPS, vía telefónica, este emigrante de 33 años que se desempeña como jardinero en la localidad de West Chester, en el nororiental estado de Pennsylvania.
Los receptores mexicanos de las visas H2A y H2B, creadas por el gobierno estadounidense para reglamentar el empleo temporal, padecen abusos a manos de sus empleadores, prácticas que podrían derivar incluso en el delito de trata de personas, sin que el gobierno mexicano los proteja, denuncian activistas y especialistas.
"Los abusos se dan por los reclutadores. Les piden cuotas de contratación y por visa y transporte. El problema es que no hay regulación pública de los contratos y los contratistas", explicó a IPS Alejandra Ancheita, abogada del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), que asesora a grupos de trabajadores migratorios.
En 1943, Estados Unidos instituyó las visas H2 para trabajadores extranjeros y en la década de los 80 estableció las categorías H2A para trabajadores de plantaciones agrícolas y H2B para otras labores como jardinería, construcción y personal para servicio de limpieza de hoteles.
Los reclutadores han creado empresas en México para atraer la mano de obra proveniente de comunidades de todo el país y la vinculan con similares estadounidenses, sin que haya inspecciones por parte de la Secretaría (ministerio) del Trabajo y Previsión Social, debido a la falta de un convenio bilateral en el tema.
Esas visas son una camisa de fuerza laboral, pues sus portadores sólo pueden trabajar para el contratante en un sitio determinado. Las reglas del programa estipulan que el patrón debe cubrir todos los desembolsos del inmigrante.
"Si el patrón no cumple sus obligaciones legales, el trabajador no tiene opción de ir a otro lugar y tiene miedo de quejarse, porque lo pueden despedir y se queda sin papeles", dijo a IPS Victoria Gavito, directora de Asuntos Legales del no gubernamental Centro de Derechos del Migrante (CDM), ubicado en el central estado de Zacatecas.
Cada año unos 130.000 mexicanos se enrolan en el programa temporal, según datos coincidentes del gobierno estadounidenses y de organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema. Provienen principalmente de los centrales estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas y se dirigen especialmente a los territorios estadounidenses de Louisiana (fronterizo), y los orientales Carolina del Norte, Massachusetts, Nueva York y Washington.
Organizaciones como ProDesc y CDM asesoran a grupos de trabajadores afectados para que puedan organizarse y litigar sus casos en México. Para ello, elaboraron el "Manual de justicia binacional", un marco legal para la defensa de trabajadores inmigrantes en ambas naciones.
La Ley Federal del Trabajo de México estipula que las compañías deben cubrir los gastos de trámites del trabajador y registrar los contratos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el ente responsable de velar por la justicia laboral. Pero tal obligación no se cumple, según los activistas.
El argumento que ha dado el gobierno mexicano ante esta carencia es que se trata de un acuerdo entre particulares, por lo cual no puede intervenir.
"El gobierno no se involucra ni quiere saber de qué manera son contratadas estas personas", comentó a IPS Enrique González, cuya tesis de maestría en Estudios Internacionales por la estatal Universidad Nacional Autónoma de México versa sobre el programa H2.
En su investigación de campo, González encuestó a 867 hogares en el municipio de El Naranjo, en el central estado de San Luis Potosí, y detectó 24 casos de trabajadores temporales. El 70 por ciento de la muestra respondió haber pagado por la visa y casi 92 por ciento por el traslado. Sólo 45 por ciento recibió un reembolso.
ProDesc asesora a dos grupos de trabajadores temporales que padecieron abusos en Louisiana. Uno de ellos es el caso de 35 inmigrantes oriundos de San Luis Potosí, que trabajaron en 2008 en un campo de fresas, donde fueron despojados por sus patrones de pasaportes, se los hizo laborar en pésimas condiciones y se los sometió a vejámenes físicos y verbales.
Los receptores mexicanos de las visas H2A y H2B, creadas por el gobierno estadounidense para reglamentar el empleo temporal, padecen abusos a manos de sus empleadores, prácticas que podrían derivar incluso en el delito de trata de personas, sin que el gobierno mexicano los proteja, denuncian activistas y especialistas.
"Los abusos se dan por los reclutadores. Les piden cuotas de contratación y por visa y transporte. El problema es que no hay regulación pública de los contratos y los contratistas", explicó a IPS Alejandra Ancheita, abogada del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), que asesora a grupos de trabajadores migratorios.
En 1943, Estados Unidos instituyó las visas H2 para trabajadores extranjeros y en la década de los 80 estableció las categorías H2A para trabajadores de plantaciones agrícolas y H2B para otras labores como jardinería, construcción y personal para servicio de limpieza de hoteles.
Los reclutadores han creado empresas en México para atraer la mano de obra proveniente de comunidades de todo el país y la vinculan con similares estadounidenses, sin que haya inspecciones por parte de la Secretaría (ministerio) del Trabajo y Previsión Social, debido a la falta de un convenio bilateral en el tema.
Esas visas son una camisa de fuerza laboral, pues sus portadores sólo pueden trabajar para el contratante en un sitio determinado. Las reglas del programa estipulan que el patrón debe cubrir todos los desembolsos del inmigrante.
"Si el patrón no cumple sus obligaciones legales, el trabajador no tiene opción de ir a otro lugar y tiene miedo de quejarse, porque lo pueden despedir y se queda sin papeles", dijo a IPS Victoria Gavito, directora de Asuntos Legales del no gubernamental Centro de Derechos del Migrante (CDM), ubicado en el central estado de Zacatecas.
Cada año unos 130.000 mexicanos se enrolan en el programa temporal, según datos coincidentes del gobierno estadounidenses y de organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema. Provienen principalmente de los centrales estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas y se dirigen especialmente a los territorios estadounidenses de Louisiana (fronterizo), y los orientales Carolina del Norte, Massachusetts, Nueva York y Washington.
Organizaciones como ProDesc y CDM asesoran a grupos de trabajadores afectados para que puedan organizarse y litigar sus casos en México. Para ello, elaboraron el "Manual de justicia binacional", un marco legal para la defensa de trabajadores inmigrantes en ambas naciones.
La Ley Federal del Trabajo de México estipula que las compañías deben cubrir los gastos de trámites del trabajador y registrar los contratos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el ente responsable de velar por la justicia laboral. Pero tal obligación no se cumple, según los activistas.
El argumento que ha dado el gobierno mexicano ante esta carencia es que se trata de un acuerdo entre particulares, por lo cual no puede intervenir.
"El gobierno no se involucra ni quiere saber de qué manera son contratadas estas personas", comentó a IPS Enrique González, cuya tesis de maestría en Estudios Internacionales por la estatal Universidad Nacional Autónoma de México versa sobre el programa H2.
En su investigación de campo, González encuestó a 867 hogares en el municipio de El Naranjo, en el central estado de San Luis Potosí, y detectó 24 casos de trabajadores temporales. El 70 por ciento de la muestra respondió haber pagado por la visa y casi 92 por ciento por el traslado. Sólo 45 por ciento recibió un reembolso.
ProDesc asesora a dos grupos de trabajadores temporales que padecieron abusos en Louisiana. Uno de ellos es el caso de 35 inmigrantes oriundos de San Luis Potosí, que trabajaron en 2008 en un campo de fresas, donde fueron despojados por sus patrones de pasaportes, se los hizo laborar en pésimas condiciones y se los sometió a vejámenes físicos y verbales.
El otro lo constituyen 17 mexicanos que estuvieron expuestos a un trato similar.
El objetivo es que puedan demandar a reclutadores y patrones ante los tribunales mexicanos mientras los juicios en Estados Unidos siguen su marcha.
"El gobierno tiene la obligación de regular esos vínculos. Pero el litigio es una herramienta que no va a resolver el asunto de fondo. Hay que hacer transparente el proceso de contratación y otorgamiento de visas y de transporte", planteó Ancheita, egresada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana.
Este año el CDM, que construye una base de datos sobre contratistas, ha recibido tres denuncias de trabajadores de instalación de parques de atracciones en los estados estadounidenses de Carolina del Norte, Georgia y California, por violaciones a derechos laborales.
"Debe haber más vigilancia. Es una oportunidad muy grande para cambiar las condiciones en México", refirió Gavito, abogada graduada de la privada Universidad de Saint Mary, de Texas.
Desde marzo pasado el programa H2 opera con cambios, como el aviso escrito de los términos del contrato, la identificación de reclutadores extranjeros y de posibles abusos y de ser sujeto penal por anomalías en la contratación.
Antes de su versión actual, el mayor programa de empleo temporal fue el llamado "Bracero", de 1942 a 1964, dentro del cual miles de mexicanos se trasladaron al otro lado de la frontera norte para realizar tareas agrícolas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, no contiene alusiones sobre el trabajo temporal, ni siquiera en su acuerdo laboral paralelo.
Pero México sí cuenta con un mecanismo con Canadá, el llamado Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de 1974 y mediante el cual unos 15.000 mexicanos viajan anualmente para efectuar esas actividades, según fuentes gubernamentales.
El objetivo es que puedan demandar a reclutadores y patrones ante los tribunales mexicanos mientras los juicios en Estados Unidos siguen su marcha.
"El gobierno tiene la obligación de regular esos vínculos. Pero el litigio es una herramienta que no va a resolver el asunto de fondo. Hay que hacer transparente el proceso de contratación y otorgamiento de visas y de transporte", planteó Ancheita, egresada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana.
Este año el CDM, que construye una base de datos sobre contratistas, ha recibido tres denuncias de trabajadores de instalación de parques de atracciones en los estados estadounidenses de Carolina del Norte, Georgia y California, por violaciones a derechos laborales.
"Debe haber más vigilancia. Es una oportunidad muy grande para cambiar las condiciones en México", refirió Gavito, abogada graduada de la privada Universidad de Saint Mary, de Texas.
Desde marzo pasado el programa H2 opera con cambios, como el aviso escrito de los términos del contrato, la identificación de reclutadores extranjeros y de posibles abusos y de ser sujeto penal por anomalías en la contratación.
Antes de su versión actual, el mayor programa de empleo temporal fue el llamado "Bracero", de 1942 a 1964, dentro del cual miles de mexicanos se trasladaron al otro lado de la frontera norte para realizar tareas agrícolas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, no contiene alusiones sobre el trabajo temporal, ni siquiera en su acuerdo laboral paralelo.
Pero México sí cuenta con un mecanismo con Canadá, el llamado Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de 1974 y mediante el cual unos 15.000 mexicanos viajan anualmente para efectuar esas actividades, según fuentes gubernamentales.
