En los últimos años algunos ciudadanos norteamericanos han encontrado una lucrativa forma de ganar dinero en los tribunales de ese país. Se trata de reclamaciones legales que buscan confiscar los ingresos de Cuba, bloqueados en bancos norteamericanos.
Más de 1000 millones de dólares es el resultado de los fallos de tribunales norteamericanos en contra del gobierno cubano y no cesa la búsqueda de nuevas fuentes donde cobrar las reclamaciones.
El 19 de octubre se cumplen 44 años de que el Departamento del Tesoro norteamericano, ordenara el bloqueo de los fondos que pudieran corresponder a compañías cubanas por concepto del balance del servicio telefónico entre ambos países.
Se especificaba que los fondos que normalmente deberían transferirse a Cuba, tendrían que depositarse en una cuenta bloqueada en un banco de los Estados Unidos, los que estarían bajo la custodia de la compañía ATT. Surge así la cuenta bloqueada por concepto de telecomunicaciones.
Pasaron los años y en diciembre de 1997, un Juez Federal de Miami (Alexander King), dictó contra el Estado cubano y su Fuerza Aérea, el pago de 187,6 millones de dólares a favor de los familiares de los pilotos de la organización contrarrevolucionaria “Hermanos al Rescate” derribados en sus aviones cuando violaban el espacio aéreo de Cuba, el 24 de febrero de 1996.
Un año después, el 12 de noviembre de 1998, el juez King solicitó ante una Corte Federal de Nueva York la ejecución de la sentencia contra los fondos bloqueados, dirigiendo oficio contra AT&T y el Chase Manhattan Bank.
El 25 de julio del 2000, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de “Ley de Justicia para Víctimas del Terrorismo”, dirigido a permitir la ejecución de sentencias judiciales, dictadas bajo la Ley Antiterrorismo, contra los bienes de estados extranjeros, sus agencias e instrumentos, y contra los dineros adeudados o pagaderos por los EE.UU. o cualquiera de sus agencias a dicho Estado.
En esencia, se pretendía que con esta Ley las empresas cubanas respondiesen con sus bienes por las supuestas deudas del Estado cubano y con ello los demandantes de “Hermanos al Rescate” en el caso llamado “Caso Alejandro”, pudieran cobrar la sentencia dictada por el Juez King de la Florida. Quedaba pendiente su aprobación en el Senado y Congreso.
En los inicios, el gobierno de Estados Unidos trató de evitar que avanzara esta legislación; pero en negociaciones posteriores con los abogados de “Hermanos al Rescate” los congresistas llegaron al acuerdo de que se abandonara la legislación sobre la “Ley de Justicia” y en su lugar introducir enmiendas en otro proyecto denominado “Ley de Protección de las Víctimas del Tráfico y la Violencia”, cuyo propósito original era sólo de combatir el tráfico de personas, especialmente el comercio sexual y la esclavitud.
Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes el 6 de octubre del 2000.
Antes de la aprobación del proyecto, mientras sesionaba el Comité de Conferencia (sin el conocimiento de varios miembros de este Comité) que daba los toques finales a la ley, se insertó una nueva versión del texto en la que se compensaba a los demandantes de “Hermanos al Rescate”.
El gobierno norteamericano fue débil y cedió ante las presiones de la mafia cubano norteamericana de Miami. Finalmente, el 12 de octubre del 2000, la Ley de Protección de Víctimas del Contrabando Humano fue aprobada y los demandantes recibieron aproximadamente 97,6 millones de dólares, de los fondos cubanos bloqueados en el Chase Manhattan Bank.
La enmienda aprobada constituye un grosero acto de agresión a la economía de Cuba para recrudecer el bloqueo, al destinar fondos cubanos arbitrariamente congelados en los Estados Unidos a grupos terroristas radicados en ese país, culpables de decenas de violaciones del espacio aéreo de la Isla, llevadas a cabo durante años, cuyas peligrosas consecuencias fueron advertidas muchas veces a las autoridades norteamericanas.
A estas alturas, los activos cubanos provenientes de las comunicaciones telefónicas con Estados Unidos, bloqueados en bancos norteamericanos, han sido completamente saqueados, con las “indemnizaciones” decretadas por los fallos judiciales. El injusto y cruel bloqueo ha devenido también en saqueo.
