The Guardian
| Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos |
El Tribunal Supremo estadounidense ha confirmado una ley de gran alcance que permite procesar como terroristas a aquellos ciudadanos estadounidenses que ofrezcan asesoramiento a organizaciones prohibidas, incluyendo asesoramiento legal e información sobre resolución de conflictos.
El caso surgió a raíz del asesoramiento sobre derechos humanos dado por un grupo de California a organizaciones kurdas y tamiles que están en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.
El Tribunal Supremo confirmó el argumento del gobierno Obama de que incluso el asesoramiento destinado a ser utilizado con propósitos pacíficos equivales a “apoyo material” al terrorismo.
Esto incluye a un abogado que someta un expediente amicus curiae* en nombre de un grupo prohibido o ayude a una organización proscrita a elevar una petición ante organismos internacionales para poner fin a un conflicto violento.
“El Tribunal Supremo ha dictaminado que los abogados de derechos humanos que proporcionen formación y asistencia en la resolución no violenta de disputas pueden ser procesados como terroristas” afirmó David Cole, un profesor de derecho de la Universidad de Georgetown que discutió el caso ante el tribunal.
“En nombre de la lucha contra el terrorismo, el tribunal ha afirmando que la Primera Enmienda [sobre la libertad de expresión] permite al Congreso convertir en un crimen luchar por la paz y los derechos humanos. Esto es un error”.
Este veredicto posiblemente complicará aún más el trabajo de los activistas que apoyan causas polémicas, que ya ha conocido procesos extremadamente polémicos en relación con otras formas de apoyo, como la colecta de fondos.
Activistas palestinos han sido procesados y encarcelados por recolectar fondos para grupos sociales que trabajan en ámbitos como la vivienda y las ayudas sociales, y que tienen relaciones con Hamás, que gobierna Gaza.
Ahora están expuestos a sufrir un proceso judicial los individuos y grupos que ofrezcan asesoramiento legal u otro asesoramiento especializado a estos grupos.
El veredicto afectaba al [grupo] Proyecto Jurídico Humanitario de Los Ángeles, que proporcionó formación en derechos humanos al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
Este grupo argumentó en su defensa que el asesoramiento era no violento y que no promovía los objetivos del PKK.
Uno de los demandados, Ralph Fertig, es un abogado retirado que trataba de ayudar al PKK a atraer la atención de organismos internacionales sobre los derechos de los kurdos.
El gobierno estadounidense afirmó que lo consideraba apoyo al terrorismo. Argumentó que Fertig era libre para hablar en apoyo de los objetivos del PKK, pero no podía proporcionarle asesoramiento.
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán es una de las aproximadamente 30 organizaciones incluidas en la lista de las organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense. Esta lista incluye a Hamás, Hizbolá y los Kemeres Rojos.
Una primera instancia había declarado la ley no aplicable por imprecisa sin ningún tipo de reservas. Pero por una mayoría de 6-3 el Tribunal Supremo falló que el gobierno tenía derecho a “prohibir que se proporcione apoyo material en la forma de formación, asesoría experta, personal y servicios a grupos terroristas extranjeros aun cuando quienes proporcionan este apoyo pretendan promover sólo los fines no violentos de los grupos”.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó: “En el fondo, los demandados solamente están en desacuerdo con el veredicto del Congreso y del ejecutivo de que proporcionar apoyo material a determinada organización extranjera considerada terrorista –aunque sea un apoyo aparentemente benigno– refuerza las actividades terroristas de esta organización”.
Los jueces disidentes afirman que esta decisión “priva a los individuos que están ante nosotros de la protección que exige la Primera Enmienda”.
En la audiencia los jueces habían discutido qué equivale a asesoramiento especializado y si es un crimen enseñar a un terrorista a tocar la armónica.
Elena Kagan, que ahora es la persona nombrada por el gobierno Obama para el Tribunal Supremo, fue quien defendió el caso del gobierno en febrero. “Hizbolá construye bombas. Hizbolá también construye casas. Lo que ha decidido el Congreso es que cuando se ayuda a Hizbolá a construir casas también se está ayudando a Hizbolá a construir bombas. Esta es toda la teoría que sustenta la ley” declaró al tribunal.
* N. de la t.: Amicus curiae, “amigo del tribunal”, es una expresión latina utilizada para referirse a expedientes presentados por terceras personas ajenas a un litigio las cuales ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto de proceso.
