José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
El Presidente Fernando Lugo está jugando a sorprender a la opinión pública y hasta a cercanos colaboradores, entre quienes algunos coinciden en que se está volviendo algo misterioso, que los escucha atentamente a todos, pero que a muy pocos oye, al punto que no falta quien opine que la conversación con él es un diálogo de sordos.
Primero aprobó una Ley Antisecuestro, cuyo contenido y utilidad puede discutirse, y en los últimos días sorprendió promulgando una Ley Antiterrorista, cuyo proyecto había concitado el rechazo masivo de las fuerzas progresistas, que temen se convierta en una herramienta represiva, contra la decisión popular de profundizar el proceso de cambios iniciado hace dos años.
En su función de sabotear toda iniciativa progresista del Ejecutivo Nacional y apoyar cuanta idea aparece a favor de los intereses de la rosca mafiosa que ha detentado el poder político y económico en los últimos setenta años, la oposición se regocija, feliz con esa última normativa, aprobada por el mandatario.
La primera ley, decidida por el Parlamento a instancias de Lugo desde meses atrás, faculta el congelamiento de los capitales de la víctima de un secuestro y los de su familia más cercana, generando dudas acerca de los criterios que serán empleados para reabrir, en tiempo y forma, el o los depósitos bancarios a cada propietario o, a su/s herederos, una vez que termine la extorsión, por liberación o por asesinato.
El proyecto presidencial había sido presentado a los legisladores por uno de los ministros más convencidos de su necesidad, el titular del Interior Rafael Filizzola, contra interpretaciones diversas, entre juristas, políticos y algunas de las personas que han sufrido secuestro o han estado involucradas de manera cercana.
Envalentonado por esa aprobación que, sin dudas, asesta un golpe duro al objetivo de extorsión, principal móvil de más de treinta secuestros ocurridos en Paraguay en los últimos 15 años, con unos 10 millones de dólares que habrían sido pagados, el sector más reaccionario del país, concentrado en el Congreso, presionó fuerte al Presidente para que ampliara y profundizara esa primera medida.
La Ley Antisecuestro simplemente fue parte de la estrategia de la derecha para forzar la promulgación por el mandatario de la Ley Antiterrorista, que era su real objetivo que desde tiempo atrás impulsa el Gobierno de Estados Unidos, a través de sus sicarios locales que, en su débil argumentación, utilizan el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Errónea elección de socios
Militante progresista, parlamentario de izquierda hasta la instalación del Gobierno del Cambio, el 15 de agosto del 2008, Filizzola se manifestó desde el inicio partidario de aceptar una cooperación militar en inteligencia y en operativos de contrainsurgencia ofrecida por el Pentágono a través del régimen colombiano, que finalmente quedó acordada en Bogotá, al acompañar a Lugo en su sorpresivo primer viaje al exterior, apenas 15 días después de asumir la presidencia.
Es fácil de suponer que alguna relación tiene con ese acuerdo, esta curiosa decisión de Lugo y Filizzola de combatir la inseguridad y a las bandas mafiosas del narcotráfico con la colaboración de dos países que se destacan por su fracaso en el combate de ambos flagelos.
Colombia está muy mal parada para dar clases de combate al narcotráfico y de contrainsurgencia, por dos razones fundamentales. La primera es que continúa impulsando el cultivo de cocaína, que ocupa el 43 por ciento de la cosecha total del planeta, según el reciente Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas y porque, además, continúa calificada como un Narco-Estado por conocidos estudiosos.
La segunda razón es que, durante más de medio siglo, ha sido incapaz de acabar con la guerrilla en su territorio, de la que el Gobierno de Uribe se sirve como pretexto para aplicar una feroz y sistemática represión de todos los movimientos sociales, de los pueblos indígenas y de la población campesina, víctima de los escuadrones paramilitares, sembradores de la muerte y ladrones de tierra de humildes labriegos.
Mal ejemplo, entonces, para combatir el terrorismo y el narcotráfico es Colombia, donde la mayoría de sus gobernantes desde “el bogotazo” en 1948, tienen complicidad con los capos narco-mafiosos, con particular destaque el saliente Álvaro Uribe y su incondicional Manuel Santos, recién electo Presidente con el voto del 22 por ciento de los 37 millones 500 mil colombianos habilitados, con 66 por ciento de abstención.
Estados Unidos, por su parte, está desacreditado en el combate al narcotráfico porque en su interior tiene 20 millones de adictos a los estupefacientes, con el 40 por ciento de consumidores de cocaína y creciente suba de las drogas sintéticas, acaparando el 40 por ciento del mercado mundial de drogas, según la ONU.
Ante esos datos, se hace difícil comprender el móvil de Lugo y su Ministro del Interior, para mantener tan fracasada cooperación de los servicios de inteligencia, que rechaza el titular de Defensa Luis Bareiro Spaini, quien la califica de apertura de las puertas para que continúe la injerencia imperial en los asuntos internos del país.
Temeraria negociación de Lugo
Esa postura del jerarca militar ha provocado una intensa campaña mediática exigiendo su reemplazo, tras un juicio político que la derecha parlamentaria ha postergado hasta conseguir algunas prebendas en la riesgosa negociación política que ha emprendido Lugo con todas las fuerzas opositoras.
Un principio de pacto ha conseguido, pero a un precio muy alto, porque permitió el retorno del Partido Colorado a las presidencias del Senado y de Diputados, dejando al oviedismo algunas comisiones. Versiones oficiosas, dejan entrever que recibiría, a cambio, que el Congreso cambie de posición y acepte el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, terminando con ese último obstáculo para ampliar el acuerdo regional.
El trato iría acompañado, asimismo, de la aceptación por ambas cámaras de los candidatos a Embajadores propuestos por el Ejecutivo para resolver las largas acefalias en las misiones diplomáticas en Brasilia, Buenos Aires, Montevideo y La Paz.
Acorralado por efecto de la incapacidad de su equipo de repeler la ofensiva de las fuerzas más reaccionarias, con un apoyo mediático donde anida el verdadero conductor de la oposición, el mandatario se lanzó a una pileta con poco agua, considerando oportuno negociar con el enemigo, para enfriar el clima y ganar tiempo.
La coyuntura que se ha ido armando en la escena nacional, ha permitido a la derecha pasar al frente, no por méritos propios sino por oportuno, aunque grotesco y nada creativo, aprovechamiento de los errores y poco acierto del Gobierno en la aplicación de una política social nueva, que convenza a la población de que realmente hay cambios importantes en la vida del ciudadano común, que algunos casos de corrupción obscurecen aún más el panorama.
El 15 de agosto se cumplirá dos años de la asunción del ex Obispo a la jefatura del Estado, y los seis puntos cardinales de su programa, entre ellos una reforma agraria integral, están todavía esperando que comience su aplicación, para combatir la pobreza de la mitad de la población, un cuarto en la inanición.
