La información se desprende de documentos desclasificados
La información se desprende de documentos desclasificados este sábado por el independiente Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington.
Letelier, quien ejerció sus cargos en el gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973), sufrió un atentando con explosivos el 21 de septiembre de 1976, orquestado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Kissinger revocó el 16 de septiembre de 1976 la orden que había dado un mes antes a los embajadores de este país en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay de que advirtieran a los regímenes militares de la región de no cometer una "serie de asesinatos internacionales", según el cable desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional.
Los documentos se pueden consultar en el sitio de Internet de la organización sin fines de lucro, fundada en 1985 con apoyo de fundaciones privadas.
La orden redactada el 18 de agosto y despachada el 23 de ese mes a los embajadores obedeció a "la profunda preocupación" de Washington por información que había recibido sobre los "planes de asesinar a subversivos, políticos y destacadas figuras dentro de las fronteras nacionales de los países del cono sur americano como en el exterior".
Pero luego, Kissinger da marcha atrás y ordena "no llevar a cabo más acciones en relación con ese asunto", según el cable del 16 de septiembre de 1976, enviado por su oficina de Zambia, donde se encontraba entonces, a su secretario adjunto para asuntos interamericanos, Harry Shlaudeman.
El "asunto" era la orden enviada en nombre de Kissinger a los embajadores de Estados Unidos el 23 de agosto del mismo año para que advirtieran a las máximas autoridades de esos países de que con esos crímenes "crearían un grave problema político y moral".
Los planes secretos formaban parte del llamado Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras de la región en las décadas del 70 y 80, y del que Estados Unidos estaba al tanto.
De hecho, por entonces la eliminación de opositores era algo más que planes. En Buenos Aires ya habían sido asesinados el ex ministro del Interior y de Defensa de Chile, Carlos Prats, los legisladores opositores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el ex presidente de Bolivia, Juan José Torres.
El embajador de Estados Unidos en Montevideo, Ernest Siracusa, se mostró reacio a efectuar esa advertencia a la dictadura uruguaya y alegó que su vida podía correr peligro.
Entonces Shlaudeman envió un memorando a Kissinger el 30 de agosto sugiriendo cómo instruir a Siracusa, en el que afirmaba que la orden inicial era para "prevenir una serie de asesinatos que podían dañar la reputación y el estatus internacional de los países involucrados".
El cable del 16 de septiembre llena un vacío en la sucesión de hechos que llevaron al homicidio cinco días después de Letelier y de su asistente, Ronni Karpen Moffitt, cuando se dirigían a su trabajo en el Instituto de Estudios Políticos, a menos de dos kilómetros de la Casa Blanca.
Hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y Washington, el ataque con coche bomba sufrido por Letelier había sido el mayor acto terrorista perpetrado en la capital de Estados Unidos.
El documento desclasificado pone fin a la controversia generada por una orden dada por Shlaudeman a su segundo, William Luers, el 20 de septiembre de 1976 de que "instruyera a los embajadores de la región a no tomar más medidas" respecto de la disposición del 18 de agosto, porque "en las últimas semanas no hubo información que indique la intención de activar el Plan Cóndor".
Los documentos del 18 de agosto y del 20 de septiembre ya habían sido desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional en otra oportunidad.
"El cable del 16 de septiembre es la pieza que faltaba en el histórico rompecabezas sobre el papel desempeñado por Kissinger, y el no desempeñado por el gobierno de Estados Unidos, tras enterarse de las conspiraciones del Plan Cóndor", señaló Peter Kornbluh, especialista en asuntos de Chile de esa organización.
"Sabemos lo que pasó: el Departamento de Estado (cancillería) trató en forma oportuna de frustrar los ‘Asesinatos Inc.’ en el cono sur, y Kissinger, sin explicaciones, lo suspendió", remarcó.
Kissinger nunca se refirió a su participación en esos hechos, pero sus defensores insisten en que no tuvo nada que ver con el cable enviado por Shlaudeman el 20 de septiembre que rectifica la orden del 18 de agosto.
Pero el último documento desclasificado, enviado por Kissinger desde Lusaka, deja claro que Shlaudeman actuó en nombre de su jefe.
"La contraorden de Kissinger impidió una protesta diplomática que pudo haber evitado un atentado terrorista en Washington", señaló Kornbluh, autor de "The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability" ("Archivo Pinochet: un expediente desclasificado sobre atrocidad y responsabilidad").
Numerosos analistas como Kornbluh consideran que una dura advertencia de Washington, como la impulsada por la oficina de Shlaudeman, pudo frenar las desapariciones y asesinatos cometidos por los servicios de inteligencia de la región en el marco del Plan Cóndor.
Siracusa, el embajador de Estados Unidos en Montevideo, se resistió a la orden del 18 de agosto alegando que su vida podía estar en peligro, según documentos de la época.
Shlaudeman recomendó a Kissinger que autorizara un telegrama a Siracusa "para que hablara con el canciller uruguayo Juan Carlos Blanco y el general Julio César Vadora, mientras él se reunía con el embajador de Uruguay en Estados Unidos".
Como alternativa, Shlaudeman sugirió que un alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se reuniera con su contraparte en Montevideo.
El representante de Washington en Chile, David Popper, también se resistió a la orden del 18 de agosto porque "dadas las susceptibilidades de Pinochet, podría considerar como un insulto toda inferencia que lo vincule con conspiraciones de asesinato".
Kissinger deja claro en el cable del 16 de septiembre que "se negó a enviar un mensaje a Montevideo y que ordenó que no se tomaran más medidas sobre el asunto", lo que revocó, de hecho, las órdenes dadas anteriormente a Popper y al embajador de Estados Unidos en Argentina para que cumplieran la misión que se les había encomendado antes.
A principios de octubre de 1976, tras el asesinato de Letelier, un oficial de la CIA se reunió con el jefe de la chilena Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), coronel Manuel Contreras Sepúlveda, para hablar sobre el procedimiento, pero en los archivos desclasificados no hay pruebas de que se mencionara el atentado.
La DINA operó en Chile entre 1973 y 1977.
El primero en vincular el asesinato de Letelier con el Plan Cóndor fue el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Tras el atentado, un general argentino sugirió a un agente del FBI que era posible que la DINA estuviera involucrada. El dato llevó al procesamiento y condena de varios agentes de ese órgano en Estados Unidos.
El propio Contreras, quien se hacía llamar "cóndor uno", fue preso y condenado en Chile.
A la postre, el régimen chileno asesinó o hizo desaparecer a más de 3.000 personas. El de Argentina, a unas 30.000, y el uruguayo a más de 200. Fueron muchos los casos de opositores detenidos o secuestrados en un país y luego trasladados a otro para darles muerte u ocultar sus restos.
Letelier, quien ejerció sus cargos en el gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973), sufrió un atentando con explosivos el 21 de septiembre de 1976, orquestado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Kissinger revocó el 16 de septiembre de 1976 la orden que había dado un mes antes a los embajadores de este país en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay de que advirtieran a los regímenes militares de la región de no cometer una "serie de asesinatos internacionales", según el cable desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional.
Los documentos se pueden consultar en el sitio de Internet de la organización sin fines de lucro, fundada en 1985 con apoyo de fundaciones privadas.
La orden redactada el 18 de agosto y despachada el 23 de ese mes a los embajadores obedeció a "la profunda preocupación" de Washington por información que había recibido sobre los "planes de asesinar a subversivos, políticos y destacadas figuras dentro de las fronteras nacionales de los países del cono sur americano como en el exterior".
Pero luego, Kissinger da marcha atrás y ordena "no llevar a cabo más acciones en relación con ese asunto", según el cable del 16 de septiembre de 1976, enviado por su oficina de Zambia, donde se encontraba entonces, a su secretario adjunto para asuntos interamericanos, Harry Shlaudeman.
El "asunto" era la orden enviada en nombre de Kissinger a los embajadores de Estados Unidos el 23 de agosto del mismo año para que advirtieran a las máximas autoridades de esos países de que con esos crímenes "crearían un grave problema político y moral".
Los planes secretos formaban parte del llamado Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras de la región en las décadas del 70 y 80, y del que Estados Unidos estaba al tanto.
De hecho, por entonces la eliminación de opositores era algo más que planes. En Buenos Aires ya habían sido asesinados el ex ministro del Interior y de Defensa de Chile, Carlos Prats, los legisladores opositores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el ex presidente de Bolivia, Juan José Torres.
El embajador de Estados Unidos en Montevideo, Ernest Siracusa, se mostró reacio a efectuar esa advertencia a la dictadura uruguaya y alegó que su vida podía correr peligro.
Entonces Shlaudeman envió un memorando a Kissinger el 30 de agosto sugiriendo cómo instruir a Siracusa, en el que afirmaba que la orden inicial era para "prevenir una serie de asesinatos que podían dañar la reputación y el estatus internacional de los países involucrados".
El cable del 16 de septiembre llena un vacío en la sucesión de hechos que llevaron al homicidio cinco días después de Letelier y de su asistente, Ronni Karpen Moffitt, cuando se dirigían a su trabajo en el Instituto de Estudios Políticos, a menos de dos kilómetros de la Casa Blanca.
Hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y Washington, el ataque con coche bomba sufrido por Letelier había sido el mayor acto terrorista perpetrado en la capital de Estados Unidos.
El documento desclasificado pone fin a la controversia generada por una orden dada por Shlaudeman a su segundo, William Luers, el 20 de septiembre de 1976 de que "instruyera a los embajadores de la región a no tomar más medidas" respecto de la disposición del 18 de agosto, porque "en las últimas semanas no hubo información que indique la intención de activar el Plan Cóndor".
Los documentos del 18 de agosto y del 20 de septiembre ya habían sido desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional en otra oportunidad.
"El cable del 16 de septiembre es la pieza que faltaba en el histórico rompecabezas sobre el papel desempeñado por Kissinger, y el no desempeñado por el gobierno de Estados Unidos, tras enterarse de las conspiraciones del Plan Cóndor", señaló Peter Kornbluh, especialista en asuntos de Chile de esa organización.
"Sabemos lo que pasó: el Departamento de Estado (cancillería) trató en forma oportuna de frustrar los ‘Asesinatos Inc.’ en el cono sur, y Kissinger, sin explicaciones, lo suspendió", remarcó.
Kissinger nunca se refirió a su participación en esos hechos, pero sus defensores insisten en que no tuvo nada que ver con el cable enviado por Shlaudeman el 20 de septiembre que rectifica la orden del 18 de agosto.
Pero el último documento desclasificado, enviado por Kissinger desde Lusaka, deja claro que Shlaudeman actuó en nombre de su jefe.
"La contraorden de Kissinger impidió una protesta diplomática que pudo haber evitado un atentado terrorista en Washington", señaló Kornbluh, autor de "The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability" ("Archivo Pinochet: un expediente desclasificado sobre atrocidad y responsabilidad").
Numerosos analistas como Kornbluh consideran que una dura advertencia de Washington, como la impulsada por la oficina de Shlaudeman, pudo frenar las desapariciones y asesinatos cometidos por los servicios de inteligencia de la región en el marco del Plan Cóndor.
Siracusa, el embajador de Estados Unidos en Montevideo, se resistió a la orden del 18 de agosto alegando que su vida podía estar en peligro, según documentos de la época.
Shlaudeman recomendó a Kissinger que autorizara un telegrama a Siracusa "para que hablara con el canciller uruguayo Juan Carlos Blanco y el general Julio César Vadora, mientras él se reunía con el embajador de Uruguay en Estados Unidos".
Como alternativa, Shlaudeman sugirió que un alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se reuniera con su contraparte en Montevideo.
El representante de Washington en Chile, David Popper, también se resistió a la orden del 18 de agosto porque "dadas las susceptibilidades de Pinochet, podría considerar como un insulto toda inferencia que lo vincule con conspiraciones de asesinato".
Kissinger deja claro en el cable del 16 de septiembre que "se negó a enviar un mensaje a Montevideo y que ordenó que no se tomaran más medidas sobre el asunto", lo que revocó, de hecho, las órdenes dadas anteriormente a Popper y al embajador de Estados Unidos en Argentina para que cumplieran la misión que se les había encomendado antes.
A principios de octubre de 1976, tras el asesinato de Letelier, un oficial de la CIA se reunió con el jefe de la chilena Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), coronel Manuel Contreras Sepúlveda, para hablar sobre el procedimiento, pero en los archivos desclasificados no hay pruebas de que se mencionara el atentado.
La DINA operó en Chile entre 1973 y 1977.
El primero en vincular el asesinato de Letelier con el Plan Cóndor fue el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Tras el atentado, un general argentino sugirió a un agente del FBI que era posible que la DINA estuviera involucrada. El dato llevó al procesamiento y condena de varios agentes de ese órgano en Estados Unidos.
El propio Contreras, quien se hacía llamar "cóndor uno", fue preso y condenado en Chile.
A la postre, el régimen chileno asesinó o hizo desaparecer a más de 3.000 personas. El de Argentina, a unas 30.000, y el uruguayo a más de 200. Fueron muchos los casos de opositores detenidos o secuestrados en un país y luego trasladados a otro para darles muerte u ocultar sus restos.
