Varios medios informativos y de comunicación internacionales, han difundido y hecho eco la decisión tomada por el Centro Americano CENIC Internacional en su División de estudios geopolíticos, políticos y sociales, de ingresar a : Álvaro Uribe Vélez, un personaje de la vida pública y política colombiana a la lista de corruptos y criminales de lesa humanidad, para ser presentado ante la C.P.I. – Corte Penal Internacional de La Haya, esto en base a la existencia de suficientes indicios y pruebas que soportan la decisión, a raíz de los datos o revelaciones expuestas en investigaciones ejecutadas y realizadas, en el que se detallan minuciosamente decenas de cargos criminales que pesan sobre el sindicado.
Entre los varios cargos que se le imputan y se lo juzgan están:
Autor intelectual de miles de crímenes realizados.
Promocionar y alentar el lavado de dinero producto de actividades ilícitas.
Encubrimiento de miles de asesinatos.
Recibir sobornos y financiamiento de grupos delictivos.
Creación y financiación de los escuadrones de la muerte.
Autorizar y ordenar ejecuciones extrajudiciales masivas.
Asociación delictuosa.
Narcotráfico.
Asesinatos selectivos.
Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
Financiación y promoción de actividades paramilitares.
Traición a la patria (Colombia).
Conspiración política y atentar contra la soberanía de los pueblos.
Injerencia criminal y en hechos conspirativos en asuntos internos de naciones vecinas.
Promover la desestabilización de naciones vecinas.
Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas – no contra Estados o gobiernos – y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos.
Así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:
La Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los “crímenes más graves de trascendencia internacional” sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del Estatuto y son:
a) El crimen de genocidio.
b) Los crímenes de lesa humanidad.
c) Los crímenes de guerra.
A continuación un detalle completo del prontuario criminal y un resumen de la investigación sobre los cargos de los que es acusado.
PRONTUARIO CRIMINAL
Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952, político de ultraderecha liberal desde sus inicios, logro ser Presidente de la República de Colombia en 2002 en base a maniobras políticas y aportes económicos de las mafias colombianas, fue reelegido en el año 2006, nuevamente bajo el auspicio de las fuerzas paramilitares asentadas en Colombia, las denominadas AUC – Autodefensas Unidas de Colombia quienes según las investigaciones realizadas y denuncias ante tribunales, aportaron grandes sumas de dinero a su campaña y a su gobierno como una forma más de ejecutar el lavado de dinero de actividades ilícitas, algo prohibido por las leyes y la legislación colombiana, ante lo cual la justicia colombiana negó investigar.
Militó en el Partido Liberal Colombiano de tendencia neoliberal de ultraderecha. Sus aliados procedieron a unirse con el directorio liberal de Antioquia, que era presidido por Bernardo Guerra, y Uribe entró con ellos al directorio, aunque eso duró poco ya que luego se volvió disidente sin romper con la esencia del partido. Hacia 1985 funda en Antioquia el movimiento regional conocido como Sector Democrático junto a su primo y aliado político Mario Uribe Escobar, movimiento que con el tiempo se transformaría en el Partido Colombia Democrática también de ideología de ultraderecha fascista aliado fuerte también de grupos paramilitares y mafias del narcotráfico.
Como asesor ha desempeñado diferentes cargos en las Empresas Públicas de Medellín, en el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil, gestiones en las que tuvo graves denuncias de corrupción y favores al narcotráfico, los mismos que fueron tapados por la justicia, sin seguir las investigaciones. También sirvió como Alcalde de la ciudad de Medellín durante (1982), ejerciendo de senador de la República (1986-1994) y, más tarde, de gobernador de Antioquia (1995-1997), oportunidad que aprovecho para llevarse de la mano con las mafias del narcotráfico. Posteriormente fue elegido presidente de la República de Colombia en 2002 y reelegido en 2006, apoyado por los sectores corporativos empresariales y trasnacionales norteamericanas y la elite de ultraderecha judío. En 2014 fue elegido como Senador de la República de Colombia, siempre auspiciado y bajo la sombras de las UAC.
Uribe contaba 28 años cuando fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil por el presidente Julio César Turbay, cargo que ocupó entre enero de 1980 y el 7 de agosto de 1982. Su función como director consistió en otorgar licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi, Urrao, y Caucasia. Esta situación fue aprovechada por Uribe para realizar favores y proceder a la asignación licencias de pistas a la mafia y redes del narcotráfico.
El mandato presidencial de Uribe se caracterizó por la lucha frontal contra los grupos y organizaciones de izquierda en Colombia y una simulada lucha contra el narcotráfico con la ayuda de EUA, cuya supuesta meta era eliminar el narcotráfico y las plantaciones de coca bajo un programa de gobierno denominado política de seguridad democrática que fue amparada en parte por el Plan Colombia y que fue criticada por sectores de la oposición y disidentes de izquierda, lo que incremento en gran manera la tasa de muertes en Colombia. Los resultados de este plan fueron desastrosos en los años de su gobierno, aumentando las tasas de asesinatos, criminalidad, bandas paramilitares, un aumento exponencial en las mafias de narcotráfico, en los cultivos de coca y producción de cocaína , aun con el apoyo de EUA junto a la DEA.
Se lo acusa de promover la impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico de los paramilitares de Colombia. Sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia iniciado por Uribe, algunos informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico algo que socapó durante su administración inundada de denuncias.
Debido al proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia se abrió el proceso que se denominó la parapolítica en Colombia, en las que el mismo gobierno de Uribe estaba involucrado.
En la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de campaña fue nada más y nada menos que Juan Manuel Santos Calderon, que llego a ser su ministro de defensa, miembro de la millonaria familia Santos, que es propietaria del grupo CET, a la cual pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio hermano Enrique Santos Calderón es el Director y editor en Jefe de los medios, esta relación le permitió a Uribe tener el control mediático de los medios en Bogotá y toda Colombia.
ELOGIOS DE LOS GRUPOS DE PODER CORPORATIVOS Y DEL COMPLEJO MILITAR DE EUA
Durante su periodo de gobierno acepto someter al pueblo colombiano a los mandatos y dictámenes de la administración norteamericana y su Complejo Militar Industrial y Financiero-Tecnológico y obedecer a la letra la estrategia geopolítica-militar de EUA para Latinoamérica, en función a ello es que acepto albergar en territorio colombiano más de 9 bases militares y adicionales para varios proyectos de defensa, habilitación de corredores de narcotráfico operadas por la DEA y para fortalecer el dominio de EUA en su patio trasero. En premio y agradecimiento a varios de estos favores fue condecorado varias veces por sus servicios al gobierno americano, corporaciones, fundaciones y ONGs corporativas, con premios tales como:
La condecoración por el presidente de Estados Unidos George W. Bush con la Medalla de la Libertad, por sus grandes servicios a EUA.
Doctor Honoris Causa de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Recibió el Premio ‘Revel Líderes del 2020’, otorgado por la Fundación Revel.
En el canal de televisión de EUA internacional History Channel fue reconocido como «El gran colombiano»
Fue reconocido como el supuesto mejor dirigente Político Iberoamericano de la década, premio otorgado por el Comité Editorial del Grupo Intereconomía.
Mejor Senador del año 2014, otorgado por la Fundación de Ultraderecha Centro Democrático.
Recibió en Washington el premio al Liderazgo Internacional otorgado por el Instituto de Liderazgo Hispano dependiente de la NED y el NDI.
CARGOS POR NARCOTRAFICO
En 1980, Uribe ocupo el cargo de Director de la Aviación Civil, en su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas y permisos de construcción de pistas de aterrizaje a lo largo y ancho de Colombia exclusivamente para los carteles del narcotráfico. Sobre este tema Virginia Vallejo , pareja del capo Pablo Escobar Gaviria en sus declaraciones publicadas, indica que si no era por Uribe, el cartel de Medellín, estaría aun transportando los paquetes de cocaína por los ríos y por tierra, en llantas y por mar nadando hasta Miami, para llevar la cocaína hasta EUA. También confirma la estrecha relación entre Pablo Escobar y Álvaro Uribe.
De marzo de 1980 a agosto de 1982 fue director del departamento de Aeronáutica Civil del Gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala. Sus hagiógrafos destacan una intensidad actividad en los poco más de dos años que estuvo al frente, pero no se refieren a la gestión en la concesión de licencias de vuelo y de pistas de aterrizaje, que experimentaron un llamativo incremento del que se beneficiaron muchos conocidos narcotraficantes.
Entre varios de los escándalos que salieron a la luz tras las investigaciones realizadas durante su desempeño como servidor público, esta la que indica que Uribe Vélez, utilizo en una ocasión un helicóptero que le habría sido prestado expresamente por el narcotraficante Pablo Escobar. El helicóptero se habría utilizado para intentar rescatar a Alberto y a Santiago, padre y hermano de Álvaro Uribe, heridos en un ataque de las FARC y un enfrentamiento entre mafias del narcotráfico que no supo explicar, donde estaban involucrados familiares suyos.
La llegada del conservador Belisario Betancur a la Presidencia le supuso el relevo al frente de Aeronáutica, pero se mantuvo en la administración. En 1982, el Presidente lo nombró alcalde de Medellín; ese mismo año, Pablo Escobar fue elegido parlamentario en las filas del liberalismo. El Patrón trató de ganarse apoyo popular a su lucha para prohibir la extradición a Estados Unidos impulsando numerosos proyectos sociales, que contaron con el respaldo de la Alcaldía:
“como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Álvaro Oribe [sic] Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar [sic] también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante donó miles de arbustos”.
Uribe ha negado esos apoyos, pero incluso se ha afirmado que, a finales de 1982, viajó a reunirse con los cuatro grandes capos (Escobar, Ochoa, Ledher y Rodríguez Gacha) en el helicóptero que ellos mismos le facilitaron. Algunos investigadores del pasado de Uribe aseguran que esa fue la razón por la que Betancur lo relevó en la Alcaldía a los cinco meses, “a Uribe lo sacaron de la Alcaldía de Medellín por narcotraficante”. Sin embargo, la situación se manejó de forma reservada y no truncó la carrera del joven político: fue elegido concejal en dos periodos y senador en otros tantos. En aquellos años se fraguó la alianza entre terratenientes, ganaderos y narcotraficantes -tres facetas que en muchas ocasiones desarrollaba la misma persona-, apoyados por los caciques políticos locales, para transformar los grupos de autodefensa en verdaderos escuadrones de la muerte.
En otro escándalo el líder político liberal Rodrigo Lara Bonilla antes de ser asesinado el 30 de abril de 1984 por las mafias, luego de que la fuerza pública desmantelara el complejo cocalero en las selvas del Yarí llamado Tranquilandia, pertenecientes al cartel de Medellín y se encontrara un helicóptero de propiedad de la sociedad de Uribe y su familia. La hermana de Lara Bonilla, Cecilia, aseguró en 1984 y bajo juramento que Lara mencionaba a Uribe y a su padre, como una muestra y ejemplo de la infiltración de las mafias en las instituciones y la política colombiana. Dijo que lo de Tranquilandia, la hacienda del cartel de Medellín, era muy grave y comprometía gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era de la familia Uribe Velez en este caso del papá de Álvaro Uribe Vélez”.
El hijo de Rodrigo Lara Bonilla y miembro del gobierno de Uribe como Zar Anticorrupcion, declaró que se había ocultado ese expediente de investigación. Dos días antes renunció a su cargo aduciendo motivos familiares. Uribe no respondió al testimonio. Gaviria es primo del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar quien era uno de los dueños de Tranquilandia. Dicho lazo familiar entre el asesor José Obdulio Gaviria y el capo Escobar ha provocado controversias. En diciembre de 2007 el embajador de Colombia en Londres renunció a su cargo tras un informe del semanario El Espectador donde se informaba que el hermano de Obdulio Gaviria había estado relacionado con el pagador de los sicarios paramilitares que asesinaron a Guillermo Cano, Pedro Medellín está casado con la hija del asesinado periodista.
En el 2002 Uribe respondió indicando que su padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía varias fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Él utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando fue asesinado por las mafias ese helicóptero quedó y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió ese helicóptero.
Uribe es investigado por haber tenido estrecha relación con el Cartel de Medellín y haber fomentado agresivamente el paramilitarismo en Colombia. Se presentaron diferentes controversias y críticas a Uribe, su entorno familiar y de gobierno, su desempeño en diferentes funciones públicas o políticas junto a una relación íntima al narco paramilitarismo. Uribe también es investigado por recibir apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia en actividades políticas y apoyo financiero en casi todas las zonas de dominio de las FARC y ELN.
Investigaciones y denuncias realizadas por senadores, diputados y periodistas, muestran que existieron relaciones entre Alvaro Uribe y su familia con miembros del cartel de Medellín, basándose en archivos de periodísticos de la época y en un informe confidencial del Departamento de Estado de E.U. en el que se acusaba a Uribe de haber sido colaborador del cartel de Medellín y de haber sido partícipe de la expansión del paramilitarismo en Colombia.
De otro lado, la revista Newsweek reveló sus nexos con el cartel de Medellín al constatar que Uribe fue incluido en una lista de la DIA (Defense Intelligence Agency) en septiembre de 1991 con el número 82 de narcotraficantes, lista en la que Pablo Escobar también aparece con el 79. Este informe, luego fue reservado por el gobierno de Estados Unidos para proteger a Uribe y a sus intereses. Pero aun así aparece en varios Informes de Seguridad Nacional del Departamento de Defensa de EUA, donde se realiza una investigación de más de 124 delincuentes, relacionados con el narcotráfico colombiano, entre los 100 de la lista se destaca su nombre como el número 82, señalado en la investigación como político colombiano colaborador estrecho del cartel de Medellín, en los altos niveles de gobierno.
Uribe Vélez, se vinculó también a un negocio involucrado al negocio de los narcóticos en los EUA, con nexos con el cartel de Medellín y ha sido íntimo colaborador de Pablo Escobar Gaviria.
El 20 de febrero del 2007, el Diario Clarín de Argentina publicó una nota firmada por Pablo Biffi, titulada “Los vínculos de Uribe”. En ella el periodista citó a medios de comunicación como fuente para sugerir relaciones eventualmente ilegales o reprochables del Presidente Uribe con respecto al cartel de Medellín y al paramilitarismo.
Existen serias acusaciones que involucran al padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra con la Familia Ochoa, quienes hacían parte del cartel de Medellín, él cual había sido pedido en extradición por el gobierno norteamericano, como se afirma en el libro Los Jinetes de la Cocaína, de Fabio Castillo. Uribe en una entrevista reconoció e indico que lo que unía a la familia Uribe y la familia de Fabio Ochoa Vasco, era una amistad, negocios y los caballos. Sin precisar qué tipo de negocios. Esto se confirma cuando Uribe recibe financiamiento para su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de los extraditables más buscados del mundo, el mismo capo luego lo confirma ante los medios en Junio del 2007, indicando inclusive que fondos destinados a los paramilitares del narcotráfico fueron destinados a la campaña de Uribe.
El 18 de septiembre del 2014, Uribe, actual senador ultraderechista, fue acusado de supuestos nexos con paramilitares y narcotraficantes, en un intenso y largo debate en el Congreso. La discusión fue promovida por el senador Iván Cepeda, quien presentó pruebas de sus afirmaciones desde el inicio de la vida pública de Uribe en los años 80 hasta su llegada a la presidencia, que ocupó entre 2002 y 2010. “Como parte de las conductas de Uribe que se deben investigar hay decisiones que claramente han beneficiado al narcotráfico y al paramilitarismo”, dijo Cepeda, legislador en la Comisión Segunda del Senado.
Mencionó como ejemplos la concesión de licencias de aviación a personas relacionadas con el tráfico de drogas, la legalización de empresas de seguridad dirigidas por jefes de milicias ilegales de extrema derecha y la defensa del referendo contra la extradición durante el auge de los cárteles del narcotráfico en los años 90. Entre las pruebas contra Uribe, Cepeda señaló que el ex mandatario fue miembro principal de la Junta Directiva de la empresa del banquero del Cártel de Medellín Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el homicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano.
Mostró vínculos del ex gobernante, o de familiares cercanos, con narcotraficantes como Pablo Escobar, capo del Cártel de Medellín, la familia Ochoa y el clan de los Cifuentes Villa. Cepeda indicó que presentará todos los documentos a la Corte Suprema y a la Fiscalía.
Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, afirmó durante un debate de control político celebrado en el Senado que Uribe colaboró con el narcotraficante Pablo Escobar y contribuyó a la expansión de la violencia paramilitar en Colombia.
Le acusó de haber otorgado licencias para aterrizar en Medellín a avionetas del cartel de Escobar cuando era director de la Aeronáutica Civil (1981-1982), y de haber sido miembro “de la Junta Directiva de una empresa de Luis Carlos Molina”, condenado por el homicidio en 1986 de Guillermo Cano, el director del periódico ‘El Espectador’.
Además, según el parlamentario, el hermano del expresidente, Jaime, mantuvo una relación sentimental con Dolly Cifuentes, del clan Cifuentes Villa, que “en la actualidad sería proveedor de cocaína y desempeñaría las tareas de lavado de activos para el cartel de Sinaloa”.
Cepeda presentó al Senado documentos, grabaciones y vídeos con pruebas y testimonios de exjefes paramilitares.
Uribe no puede ser investigado al haber sido presidente durante dos legislaturas, pero sí puede serlo, en su rol de senador, por la Corte Suprema del país.
Además de la disputa con Cepeda, Uribe acusó al presidente de la Comisión Segunda, el senador Jimmy Chamorro, de haber recibido dinero de narcotraficantes y aseguró que entregará las pruebas que lo demuestran. Chamorro está seguro de que el material probatorio no existe. “Rechazo igualmente, por absolutamente mentirosas y calumniosas, las alusiones del senador Uribe a la existencia de una relación de cheques que supuestamente yo habría recibido del narcotráfico”, indicó Chamorro, citado por Radio Caracol.
Uribe también la emprendió con el exsenador y actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, que acusó a su hermano Santiago Uribe de urdir un complot paramilitar. Además, Uribe arremetió contra el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por “tramitar” cheques del cartel del Valle.
Otro escándalo que compromete a Uribe con pruebas documentadas es el referido a quien fuera su Jefe de campaña y también íntimo colaborador, Pedro Juan Moreno Villa, es el dueño de GMP productos químicos considerado por el Servicio Aduanero de los EUA, como mayor importador en Colombia del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína.
Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, “The Narco News” desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína (ver “Álvaro Uribe, el Narcotráfico y el Cartel de Medellín”.
De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos.
Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de contrabando.
Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia – cuya capital es Medellín – de 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall,
“entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia”.
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982.
En enero 2014 , la cuñada de Álvaro Uribe fue extraditada a EE.UU. fue operaria del ‘Chapo’ Guzmán según las investigaciones. Dolly Cifuentes, integrante del clan Cifuentes Villa, permaneció casada 15 años y tuvo dos hijos con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del ex presidente. Fue extraditada por narcotráfico a EE.UU., donde se declaró culpable.
Dolly Cifuentes Villa de Uribe se declaró culpable en uno de cinco cargos de narcotráfico que le hizo una Corte Federal del sur de la Florida (Estados Unidos). Esta colombiana fue señalada de ser socia directa del narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa.
Tras ser extraditada de Colombia a Estados Unidos, Cifuentes Villa se declaró culpable de “asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína consciente de que la droga iba a ser importada a los Estados Unidos”. Sin embargo, no aceptó otros cuatro cargos sobre fabricación e importación de drogas desde Colombia y Guatemala.
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El caso fue abierto en 2006, cuando las autoridades norteamericanas comenzaron a investigar a la familia colombiana Cifuentes Villa. Encontraron que los hermanos Francisco Cifuentes Villa, alias ‘Pacho’ Cifuentes, Jorge Cifuentes Villa, alias ‘Jota’, y Dolly Cifuentes Villa de Uribe, alias ‘La Meno’ habían creado rutas para distribuir toneladas de cocaína desde Colombia hasta México y Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía Federal, la familia Cifuentes Villa se asoció con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Mientras tanto, para las autoridades colombianas Dolly Cifuentes era la encargada de ‘blanquear’ el dinero de la venta de cocaína a través de empresas ficticias y de bienes raíces, tanto en Colombia como en Panamá y México.
La defensa de Dolly Cifuentes Villa estuvo a cargo de Bonnie Klapper, una ex fiscal federal conocida por haber encarcelado a grandes narcotraficantes del mundo de la última década. La contratación de esta abogada, que pasó de acusar delincuentes a defenderlos, le significó a Cifuentes Villa un éxito judicial que causó asombro en Estados Unidos: la jueza de la causa, Joan Lenard, la condenó a escasos cuatro años de cárcel. Para la prensa norteamericana resultó bastante particular que la jueza accediera a muchas de las peticiones de la ex fiscal. Una de ellas fue la de sacar de la sala de audiencias a todos los periodistas que acudieron a cubrir el juicio, alegando razones de seguridad de la familia Cifuentes Villa. Además, de los cinco cargos que estaban preparados contra ella apenas se le imputaron dos que en la justicia norteamericana suelen castigarse hasta con prisión perpetua.
Durante los ocho años del gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) no hubo ninguna clase de acción policial ni judicial contra el clan de la cuñada del presidente.
Dolly Cifuentes y Alberto Uribe Vélez
Dolly Cifuentes Villa, apodada ‘La Meno’, es la mamá de Daniel Alberto Uribe Cifuentes y Ana María Uribe Cifuentes, quien también fue buscada por los mismos delitos de Narcotráfico de la madre. El papá de Ana María y Daniel Alberto es el hermano menor del ex presidente Uribe Vélez, el difunto agrónomo Jaime Alberto Uribe Vélez, quien fue conocido en Medellín con los alias ‘Arepa’ ó ‘El Pecoso’, con cédula de ciudadanía colombiana número 15367461. Jaime Alberto, murió de cáncer en la garganta en Medellín el 24 de septiembre de 2001 y sus restos mortales reposan en un osario en la cripta de la parroquia de Santa Teresita, en Medellín.
En la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia hubo revuelo cuando este periodista intentó reconfirmar los nombres de los padres de Ana María Uribe Cifuentes: Dolly Cifuentes Villa y Jaime Uribe Vélez. Inicialmente, se informó de manera extraoficial que la tarjeta decadactilar correspondiente había desaparecido de los archivos de registro civil. Posteriormente, se informó que existía una copia auténtica microfilmada en uso de buen recaudo. La cédula de ciudadanía de la sobrina de Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con la Fiscalía Federal de Estados Unidos, es la 43162647, expedida en Medellín.
El registro civil de nacimiento de Ana María Uribe Cifuentes está radicado en la notaría 15 de Medellín bajo el número 5953052, según copia que posee este periodista. Allí consta que nació el 1 de febrero de 1980, en la clínica San Pedro Claver, de Medellín. Su madre, Dolly Cifuentes Villa, fue inscrita para la época como “estudiante” y el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, como “agrónomo”. La pareja matrimonial registró como lugar de residencia la calle 52 número 40 -156, de Medellín.
Hijos y sociedad conyugal
Jaime Alberto Uribe Vélez, dio fe por escritura pública el 22 febrero de 1994, ante el notario 17 de Medellín, que en esa fecha tenía “sociedad conyugal vigente” con la colombiana Dolly de Jesús Cifuentes Villa.
Dolly de Jesús Cifuentes y Jaime Alberto Uribe Vélez confirmaron su “sociedad conyugal vigente” al firmar la escritura pública número 310 por medio de la cual adquirieron por valor de 52 millones 915 mil pesos colombianos el apartamento 701 del edificio Altobelo, situado en la carrera 36ª No. 12 A – 21, de Medellín, fracción El Poblado (ver facsímil abajo).
El apartamento, de 295 metros cuadrados y tres parqueaderos, fue adquirido por la pareja para el segundo hijo del matrimonio, Daniel Alberto Uribe Cifuentes (ver http://bit.ly/LBlRY9), quien para entonces tenía cuatro años de edad, 10 menos que su hermana Ana María Uribe.
El apartamento fue vendido a la pareja Uribe Vélez- Cifuentes Villa por Benjamín Harold Cadavid Elejalde, con cédula de ciudadanía colombiana número 3.311.120, expedida en Medellín.
La relación Uribe Vélez-Cifuentes Villa se inició antes del nacimiento de Ana María Uribe en febrero de 1980 y en febrero de 1994 continuaba, para entonces con dos hijos y “sociedad conyugal vigente”, dice la escritura mencionada.
Jaime Alberto Uribe Vélez, difunto hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, no tuvo solamente un hijo sino dos hijos (Ana María y Daniel Alberto) con Dolly de Jesús Cifuentes Villa. El segundo hijo del matrimonio Uribe Vélez con Cifuentes Villa es Daniel Alberto Uribe Cifuentes. Contra él no hay requerimientos de la justicia de Estados Unidos ni de la colombiana. Nació en Medellín el 5 de octubre de 1990 a las 8 de la mañana, en la Clínica Soma.
Fue registrado en la notaría Octava de Medellín el 19 de diciembre de 1991. De acuerdo con el documento de inscripción en el Registro Civil, el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, aparece como comerciante de profesión y la madre como analista de sistemas.
No obstante que la unión de su hermano Jaime Alberto con Dolly de Jesús Cifuentes duró por lo menos 15 años, de acuerdo con la escritura mencionada, el expresidente Uribe optó por desconocer a su cuñada y a su sobrina mayor, hoy con 32 años de edad.
La extradición
La extradición de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero curiosamente fue suspendida en mayo del mismo año por medio de una resolución del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. No obstante, el jueves 7 de junio de 2012 Presidencia de la República reinició su proceso de extradición.
Mientras tanto, por el lado de Ana María Uribe Cifuentes, una fuente autorizada del alto gobierno en Colombia que pidió no ser identificada sostuvo que el paradero de la sobrina del expresidente Álvaro Uribe Vélez era desconocido, a pesar de que se suponía la mujer debía estar presa en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, de Bogotá.
El expediente de extradición de Ana María Uribe Cifuentes, nacida en Medellín el 1 febrero de 1980, no aparece en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde debería estar radicado. Nadie tiene allí una explicación, pese a que fue arrestada correctamente en Medellín por la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición y a instancias expresas del Gobierno de Estados Unidos.
Según las investigaciones Dolly Cifuentes Villa y Ana María Uribe Cifuentes pertenecen al clan familiar Cifuentes-Villa que, de acuerdo con la DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre los años 2009 y 2011. Pero que, además, lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México.
La Presidencia de Colombia ha expresado desde junio de 2012 desconocer el paradero de Ana María Uribe y tampoco ha tenido una explicación al hecho de que no aparezca su expediente de extradición.
El Instituto Penitenciario de Colombia, INPEC, no respondió a este periodista un pedido de información de Ana María Cifuentes. Tampoco indicó en qué cárcel se podría encontrar.
Dolly Cifuentes Villa y su hija Ana María Uribe aparecen en la “Lista Clinton” del gobierno de Estados Unidos. En ella, Washington recoge los nombres de empresas y personas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo alrededor del mundo con las cuales los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.
La extradición a Estados Unidos de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012. Juan Manuel Santos, Presidente de la República, autorizó la extradición de la colombiana el 6 de agosto de 2012. Algunas fuentes se atreven a decir que esta determinación, aumentó del todo la distancia entre Álvaro Uribe y Santos. Sin embargo, en el acuerdo sellado entre Colombia y Estados Unidos quedó estipulado que Cifuentes no puede enfrentar una condena a cadena perpetua ni a muerte.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México indicó que Ana María Uribe operaba con “los colombianos Mauricio Bárcenas Rivera, Omar Mejía Zuloaga y el ecuatoriano-uruguayo Jesús María Castro”.
Los antecedentes
Dolly Cifuentes, nacida en Medellín el 14 de junio de 1964, posee la cédula de ciudadanía colombiana número 43020313. Fue arrestada en Medellín el 6 de agosto de 2011 por pedido diplomático de la justicia estadounidense, mientras su hija Ana María Uribe cayó en poder de las autoridades, también en Medellín, un mes después.
La Policía Nacional de Colombia indicó que Dolly Cifuentes Villa “era la encargada del lavado de dinero proveniente de las actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa mediante la constitución de empresas de importación con oficinas en Colombia, Panamá, México, Brasil y Estados Unidos”
A Dolly Cifuentes las autoridades estadounidenses le encontraron en Colombia “32 empresas nacionales y 17 con sede en el exterior, de propiedad de su familia”, informó la Policía de Colombia. Estos bienes se encuentran en proceso judicial de expropiación.
Tales empresas, agregó la misma fuente, están “avaluadas en más de 200 millones de dólares” y sus utilidades “permitieron acumular abundantes riquezas representadas en bienes raíces”.
La Fiscalía General de Colombia explicó que “entre los bienes afectados hay 255 inmuebles, 11 establecimientos comerciales, 33 establecimientos de comercio y acciones de un club de Bogotá”.
La Fiscalía colombiana agregó que la mayor parte de las propiedades de este clan, “están en cabeza de los hermanos Jorge Milton e Ildebrando Cifuentes Villa, quienes tienen orden de captura, y Dolly Cifuentes Villa”. Esos bienes, de acuerdo con la misma fuente, se encuentran en “Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Montería”.
Ana María Uribe lideró presuntamente actividades criminales, entre otras, a través de la compañía Cifuentes Uribe y Compañía S:C:S., (hoy en disolución) consagrada al comercio de finca raíz.
La primera resolución de acusación o “indictment” hecha por el gobierno de los Estados Unidos contra Dolly Cifuentes y su hija Ana María Uribe fue la 07-20508-CR LEONARD, dictada el 4 de noviembre de 2010 por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Otro pedido más de Estados Unidos contra ambas mujeres y su clan es el 11-CR-101, de febrero 3 de 2011, emanado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El Clan Cifuentes Villa
El Clan Cifuentes Villa (ver http://bit.ly/JRx1bF ), de acuerdo con la agencia estadounidense antidrogas, DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y posee bienes y empresas en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México.
Madre e hija, según la DEA, hacen parte del clan delincuencial y familiar conocido como el de los Cifuentes Villa, una familia del departamento de Antioquia, Colombia. Desde su creación, en los años 80, el líder de este grupo fue Fernando Cifuentes, quien trabajó como sicario para Pablo Escobar y el también narcotraficante Hernando Henao alias ‘El Hombre del Overol’.
El 6 de noviembre de 1996, por orden de Henao, Fernando Cifuentes asesinó en el centro comercial de Bogotá Hacienda Santa Bárbara al célebre gánster Efraín Hernández, alias ‘Don Efra’.
Fernando Cifuentes Villa fue asesinado días más tarde por el propio Henao y su socio criminal Wilmer Varela, alias “Jabón”, para tratar de borrar el rastro del homicidio de ‘Don Efra’.
Tras la muerte de Fernando, la jefatura del clan fue asumida por su hermano menor Francisco ‘Pacho’ Cifuentes Villa. Este, de acuerdo con la Policía de Colombia, “en los años 80 y 90 se convirtió en piloto personal y hombre de confianza del entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria”.
El clan de los Cifuentes creció a lo largo de los ochos años de los dos períodos presidenciales consecutivos de Uribe Vélez (de agosto de 2002 a agosto de 2010). No obstante, Francisco “Pacho” Cifuentes Villa fue asesinado en abril de 2007 en su hacienda Villa Aurora, situada en la localidad de Caucasia, Antioquia, por orden del narcotraficante de Medellín Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
El homicidio, de acuerdo con la Policía Colombiana, fue cometido porque Francisco Cifuentes Villa le negó a ‘Don Berna’ permiso para utilizar una pista aérea que poseía a orillas del Océano Pacífico, en Bahía Cupica, departamento de Chocó.
La DEA y la Policía colombiana descubrieron que Francisco Cifuentes Villa también tenía en Bahía Cupica una planta contigua procesadora de pescado en la que empacaba cocaína que desde su pista propia le enviaba al cartel mexicano de Sinaloa, del que se hizo socio además de proveedor.
Cuando ordenó el asesinato de Francisco Cifuentes Villa, “Don Berna” usó pistoleros de su organización sicarial, la multinacional del crimen conocida como ‘Oficina de Envigado’. Un centro de operaciones criminales creado en los mejores días de Pablo Escobar y su jefatura suele ejercerla por tradición quien logra ser el máximo jefe de turno del narcotráfico en el departamento de Antioquia.
Tras asesinar a Cifuentes, ‘Don Berna’ hizo saber que se preparaba para exterminar al clan de los Cifuentes Villa, incluida la sobrina del expresidente. Aunque “Don Berna” se encontraba preso y aislado en una cárcel de máxima seguridad, el 13 de septiembre de 2007 el entonces Presidente Uribe Vélez impartió una orden sin antecedentes cuyo cumplimiento supervisó él mismo: trasladar a ‘Don Berna’ a una fragata de la Marina de Guerra para mantenerlo completamente incomunicado en alta mar, en aguas del Pacífico.
Mediante comunicación de prensa, el 13 de septiembre de 2007 las Fuerzas Militares de Colombia informaron que otro narcotraficante llamado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ fueron trasladados de la cárcel de Cómbita a buques-prisión de la Armada”. El comunicado militar especificó: “En el caso de ´Macaco´, el traslado se hizo porque el Gobierno conoció pruebas de que continuaba delinquiendo desde la cárcel. En el caso de ´Don Berna´ se adujeron razones de seguridad”.
Ambos delincuentes en aquella oportunidad delegaron su vocería en la controvertida congresista y aliada política del entonces Presidente Uribe, Rocío Arias, quien luego perdió su puesto en la Cámara de Representantes y fue sentenciada a prisión por la Corte Suprema de Justicia que la halló culpable de pertenecer a escuadrones de la muerte del narcotráfico de extrema derecha. La misma suerte corrió con una treintena de congresistas integrantes de las bancadas de Uribe en el Senado y la Cámara baja, entre ellos su primo Mario Uribe.
Tiempo después, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ fueron llevados a la penitenciaría de Cómbita (al norte de Bogotá), reputada como la más segura de Colombia. Allí permanecieron hasta que fueron extraditados a Estados Unidos por múltiples delitos, principalmente narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos recientemente ofreció rebajas de penas a los narcotraficantes y paramilitares colombianos extraditados a ese país a cambio de que confiesen la totalidad de los crímenes que cometieron en Colombia, además de narcotráfico, y desenmascaren a quienes fueron sus aliados.
Hermanos Uribe Vélez
Jaime Alberto Uribe Vélez, el padre de Ana María, fue apresado en 1986 por tropas de la IV Brigada del Ejército de Colombia porque desde su radio-teléfono la inteligencia militar registró llamadas a Pablo Escobar pero nunca fue juzgado por este caso.
Otro hermano de Uribe, Santiago Uribe Vélez, tiene abierto un expediente en la Fiscalía General de Colombia. Es señalado de haber organizado y liderado el escuadrón de la muerte conocido como “Los Doce Apóstoles”, responsable de al menos medio centenar de asesinatos. El principal testigo de cargo en este caso es el ex mayor de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, quien ha confesado su participación en varios de los crímenes del grupo paramilitar que tenía su base de operaciones en la hacienda “La Carolina”, propiedad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y sus hermanos, los que habrían formado un clan familiar de la muerte.
Meneses y otros testigos que dicen haber pertenecido a “Los doce apóstoles” sostienen que en aquella hacienda existen fosas comunes con los restos mortales de víctimas de la organización.
Ficha de delincuencia del Departamento de Estado de EUA de Álvaro Uribe Vélez
Confidencial. Septiembre 1991.
Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).
Narcotraficante nro 82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos.
Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los carteles y traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y ha sido amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria.
Uribe ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos).
CARGOS POR PARAMILITARISMO
Su gobierno ha sido criticado por la multiplicidad de violaciones recurrentes a los derechos humanos. Estas críticas han venido de diversas organizaciones sociales. Inclusive la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo tema, ante lo cual nada se ha hecho aun a pesar de la cantidad de pruebas de múltiples asesinatos que comprometen a Uribe al mejor estilo de las GAL de España donde se encontraba involucrado Felipe Gonzales.
Durante 2005, se desató en Colombia una serie de investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos funcionarios del gobierno de Uribe y ha él mismo con grupos paramilitares ilegales colombianos como las autodefensas unidas de Colombia – AUC, en lo que se denominó la “Parapolítica”. A este proceso se le conoce como el escándalo de la parapolítica. Según las investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación, asesinatos y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado inclusive cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales denominados paramilitares y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, construcción de fosas comunes como la denominada Gran Fosa Uribe con más de 10.000 desaparecidos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales también graves y considerables que tenían por objetivo extender el poder parapolítico de Uribe en el territorio nacional colombiano.
El 17 de noviembre de 2006, en su discurso con motivo de la Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, Uribe llamó falsamente y con hipocresía a los congresistas y funcionarios públicos a declarar si tenían nexos con los paramilitares, declarando que la responsabilidad penal es individual y no puede afectar a las instituciones y reiteró la invitación sarcástica a los paramilitares para que digan si tuvieron nexos con él.
Entre los funcionarios investigados se encuentran Jorge Aurelio Noguera Cotes ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y excónsul en Milán; Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex embajador encargado en Chile. El congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y uno de sus principales aliados políticos, también fue vinculado a una investigación por sus vínculos con el paramilitarismo. A grupos de políticos y empresarios relacionados a un entorno paramilitar.
Jorge Noguera, también amigo muy cercano a Uribe, trabajo activamente en su campaña política, luego ocupo el cargo de Director del DAS, y salió por ser acusado de favorecer a grupos de autodefensa paramilitares y a peces gordos del narcotráfico a quienes se brindaba protección en combinación con la DEA, así lo denuncio el ex jefe de informática del DAS Rafael García.
Otro escándalo es el relacionado a José Obdulio Gaviria, miembro del equipo de trabajo del entorno cercano de Uribe, consejero y hombre de confianza, pero que resultaba ser, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria.
En 2008 estalló uno de los mayores escándalos del gobierno de Uribe, el de los denominados Falsos Positivos, o ejecuciones extrajudiciales realizadas por órdenes directas de su gobierno, ejecuciones que suman a más de 10.000 muertes. En este caso, se descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles inocentes, para hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y mostrar resultados en la lucha contra los grupos insurgentes. Los detenidos era maniatados, fusilados, descuartizados y luego enterrados en fosas comunes. Dicha violación de los Derechos Humanos por parte de las FFMM, implicó la renuncia del comandante del ejército en ese momento, el general Mario Montoya y la destitución de varios oficiales y suboficiales bajo las órdenes de Uribe. Alarmantes cifras muestran más de 10.000 víctimas de tales crímenes, catalogados como de lesa humanidad y han encendido las alarmas en organismos internacionales y de derechos humanos. La CPI ha manifestado, de manera reciente, que hay suficiente base para afirmar que se trató de una política de estado (terrorismo de estado) del gobierno narco paramilitar de Uribe, quien es investigado por dicho tribunal, junto con miembros de la fuerza pública y sobre el que pesan actualmente acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Uribe y su ministro de defensa Juan Manuel Santos aún están bajo investigación sin prosperar nada claro debido a las fuertes presiones del poder paramilitar y el narcotráfico sobre la justicia colombiana. Y se multiplican las denuncias en contra de Uribe por las acciones criminales realizadas contra los grupos sociales más pobres y por el número de muertos. La situación conllevó a algunos militares inescrupulosos asesinaran a jóvenes inocentes y fueran mostrados luego como terroristas para inflar sus resultados operacionales de la estrategia Uribe.
Caso Convivir
Uribe fue acusado con apoyo de documentación, en un debate en el Congreso de Colombia por el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, donde se lo acusa a Uribe de ser uno de los principales promotores del paramilitarismo en Colombia debido a su apoyo decisivo a las fuerzas de seguridad paralelas CONVIVIR, que al final resultaron ser fuerzas paramilitares al servicio y para protección del narcotráfico, todos legalizados por Uribe. Según Petro, en la finca ‘Las Guacharacas’, de propiedad del Presidente Álvaro Uribe, llegó la CONVIVIR Cóndor dirigida por Juan Villegas Uribe quien tenía contacto permanente con alias ‘Lucas’, un reconocido jefe paramilitar de la zona. Petro afirmó que en esa finca se ejecutaron asesinatos de varios campesinos y se los sepulto en fosas comunes.
El senador Petro denunció a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente Uribe de tener nexos con el Cartel de Medellín, después de mostrar una fotografía de él con Fabio Ochoa Vásquez, miembro de ese cartel. Petro afirmó que la foto era del año 1985 fecha en que Ochoa ya era perseguido por la justicia internacional. Luego afirmó que en la finca La Carolina, propiedad de la familia de Uribe, los paramilitares montaron una base de operaciones para planificar y ejecutar asesinatos masivos y selectivos. Los paramilitares tomados de la mano de la mafia asesinaron a centenares de decenas de miembros de la Unión Patriótica, UP, a dirigentes de izquierda y a reconocidas figuras de los partidos tradicionales como Luis Carlos Galán. En esta espiral de violencia, terminaron derribando el avión de Avianca y colocándole un carro bomba al DAS.
Petro mencionó que en Antioquia operaron unas ochenta y dos cooperativas de CONVIVIR entre 1995 y 1997 financiadas por Uribe, dando cuenta de que entre dichas cooperativas de seguridad rural actuaron varios políticos funcionales a Uribe, entre otros, como responsables de dichas organizaciones, Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Peludo Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y varios familiares de Enilce López, conocida con el alias de “la gata”. Varios de estos acusados residen actualmente en Panamá o Miami o se campean aun dentro de la misma Colombia apadrinados por el gobierno norteamericano.
Petro analizó en particular el accionar de la Convivir El Condor, que actuó en la región de San Roque (Antioquia), y según su exposición hubo algunas reuniones de paramilitares que supuestamente se realizaron en la finca “Guacharacas”, de propiedad Uribe y su familia. Así mismo insistió en la creación del grupo armado “los doce apóstoles” que lideraba Santiago, hermano del presidente Uribe. Petro concluyó que la ‘Creación de CONVIVIR por Uribe fue el premio a paras’ en 1994, en alianza con el cartel de Cali y el Estado colombiano que estuvo tras el asesinato de Pablo Escobar.
Para Uribe, la participación significaba esencialmente la implicación de la población civil en tareas de seguridad de tipo paramilitar, por lo que se convirtió en el más firme impulsor de las Cooperativas de Seguridad aprobadas por el Gobierno con el supuesto objetivo de establecer distintas modalidades de colaboración de civiles armados con la Fuerza Pública, para supuestamente colaborar a la seguridad ciudadana. Unas 70 entidades de este tipo, conocidas como Convivir, fueron creadas en Antioquia durante su mandato, muchas de las cuales:
“fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de `tierra arrasada´ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia (…),asesinando y desplazando a miles de campesinos”.
El periodista Ricardo Ferrer investigó la trayectoria de Uribe en esos años y concluyó que él y su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa , construyeron una “red paramilitar” dentro de la Gobernación de Antioquia:
“`Mientras el secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, promovía las compañías de vigilancia privada, bautizadas como CONVIVIR, la Secretaría de Desarrollo Comunitario identificaba las comunidades reacias o favorables al proyecto paramilitar´. Tal afirmación era unánime entre los funcionarios que se entrevistó. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Antioquia de Uribe, elaboraba listas de todos los líderes de la comunidad y los clasificaba entre amigos y enemigos. Los `enemigos´ quedaban en listas negras. Personas que tenían que matar. La otra lista era de gente que les podía ayudar en la expansión paramilitar. Esas personas afines ingresaban en el grupo de las cooperativas de vigilancia privada, CONVIVIR. Se comprobó luego la relación directa de las CONVIVIR con los escuadrones de la muerte”.
Ferrer interpuso una denuncia ante la Fiscalía; la investigación judicial no prosperó, pero el periodista tuvo que exiliarse. Las revelaciones efectuadas años después por los antiguos jefes paramilitares, acogidos a la ley de Justicia y Paz, confirmarían la relación entre estas cooperativas y los paramilitares, y el papel que jugó la Gobernación. Raúl Hasbún, miembro de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció que las Convivir que formaron con el apoyo de la Gobernación fueron el medio “para legalizar los pagos” que hacían las empresas a los paramilitares: unos 7.200 millones de pesos al año; el ex paramilitar entregó unos listados a la Fiscalía donde señala a 270 bananeros, 400 ganaderos y “unos miles de comerciantes” de ser financiadores de los paramilitares y dijo: “¿Cómo explico yo que el doctor Pedro Juan Moreno, mi general Rito Alejo del Río… todos sabían los nexos o las relaciones del paramilitarismo”. Salvatore Mancuso, mano derecha del máximo comandante de las AUC, Carlos Castaño, reveló desde la cárcel de Estados Unidos, donde fue recluido tras ser extraditado, que a través de Moreno se coordinaron “acciones de seguridad” en las que las Autodefensas apoyaron a la Fuerza Pública; Mancuso añadió que se reunió con el entonces gobernador Álvaro Uribe en su finca de El Ubérimo.
En aquellos años, el gobernador fue recabando apoyos entre líderes políticos de distinto signo, ex guerrilleros reinsertados y latifundistas ultraconservadores, que le resultaron muy útiles en su futuro político. Así, tras su paso por la Gobernación, se desligó del Partido Liberal y lanzó su propia candidatura para las elecciones presidenciales de 2002. Su férrea oposición a un proceso de paz que parecía no conducir a ninguna parte mientras la guerra continuaba, su supuesta independencia de los partidos tradicionales y la psicosis antiterrorista desatada tras el 11-S y el gran apoyo de EUA, lo catapultaban a la Presidencia. Pero, además, hubo otros importantes respaldos: el proselitismo armado de las AUC y el dinero del narcotráfico. Hasta cuatro altos mandos de los paramilitares han admitido en los tribunales que la “Casa Castaño” ordenó que todos colaboraran activamente en la campaña de Uribe porque lo consideraban “un amigo de la organización” con quien tenían afinidad “desde que se desempeñaba como Gobernador de Antioquia”. No reconocieron haber usado la fuerza, pero los precedentes de sus brutales reacciones cuando sus órdenes eran desobedecidas bastaban para que los campesinos supieran por quien votar.
Con el fusil en el hombro, los paramilitares repartieron propaganda con las caras de Uribe y su candidato a la Vicepresidencia, Francisco Santos; entregaron camisetas y el día de la votación “usaron buses y camiones para llevar a los campesinos y pobladores de dichas regiones a los puntos de votación, no sin antes manifestarles la necesidad de votar por Uribe”. Sólo en el departamento del Norte de Santander invirtieron unos 100 millones de pesos en la campaña, pero todos los registros contables fueron quemados semanas antes de iniciar el proceso de desmovilización. Mancuso aseguró que estas acciones se coordinaron en las reuniones que tuvo con algunos asesores de la campaña y que Uribe “sí tenía conocimiento, es imposible negar que no tuviera conocimiento [sic] cuando tenga las condiciones les voy a contar cómo y cuándo se presentaron todos estos hechos”, dijo al tribunal; el ex paramilitar teme por la seguridad de su familia en Colombia y por las amenazas de Uribe. Uribe lo denunció por injuria y calumnia.
En aquellos días, la alianza entre narcotráfico y paramilitarismo ya estaba consolidada gracias a Uribe. Fabio Enrique Ochoa, uno de los capos de los narcotraficantes, aseguró que tuvo negocios conjuntos con Mancuso para introducir armas y exportar cocaína y que fue testigo de la colaboración económica de las AUC a la campaña de Uribe; confiesa que, además de aportar él mismo 150.000 dólares, se comprometió “a movilizar en Antioquia a unas 5.000 personas y la orden era que tenían que votar por Uribe. Después de que ganó Uribe, Mancuso nos decía que ahora sí eran los cuatro años de nosotros y vamos a manejar esto como queramos”.
El 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez obtuvo la Presidencia de Colombia aunque la mayoría de la población se abstuvo (53,53%). La puesta en práctica de su Política de Seguridad Democrática hizo resurgir con fuerza la doctrina de Seguridad Nacional: todos los ciudadanos son combatientes y quienes no colaboren con la Fuerza Pública son sospechosos de terrorismo, porque en Colombia, según Uribe, no hay un conflicto armado interno sino una lucha contra terroristas financiados por el narcotráfico. Al final de su primer mandato (2002-2006), el país estaba inmerso en una grave crisis humanitaria en la que no sólo se intensificó la crudeza de la guerra -hubo 8.000 combates, un 149% más que en el Gobierno anterior sino que se promovió una abundante legislación de carácter autoritario –Estado de conmoción interior, estatuto antiterrorista, límites a la Corte Constitucional- que dio carta blanca a la Fuerza Pública y, consecuentemente, aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y paramilitares; estos últimos, además, se beneficiaron del proceso de desmovilización.
En Marzo del 2007 la senadora del Partido Liberal Colombiano, Piedad Córdoba en un seminario internacional llamado “Solidaridad con las luchas del pueblo colombiano” en Ciudad de México, Córdoba aprovechó la ocasión para denunciar a Uribe por sus vínculos con la mafia el paramilitarismo y ordenar asesinatos masivos. Indico que nadie puede dudar en Colombia y el extranjero que existe un vínculo claro entre los paramilitares y la cabeza del gobierno. Todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe, un presidente paramilitar.
Los vínculos de Uribe con el paramilitarismo se hacen más evidentes al aparecer en un video del 31 de octubre del 2001, entregado al Departamento de Estado de EUA, en el video se ve a Uribe junto a líderes de la ultraderecha, cuando aún Uribe era candidato presidencial, se lo ve conversar a gusto y saludar al líder paramilitar Esteban, acusado de más de 80 homicidios y 10 masacres de inocentes.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia condenó a nueve años de cárcel al expresidente del Congreso colombiano, Luis Humberto Gómez Gallo, por sus nexos con paramilitares.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia condenó a nueve años de cárcel al expresidente del Congreso colombiano, Luis Humberto Gómez Gallo, por sus nexos con paramilitares.
La Corte Suprema consideró probado el hecho de que Gómez Gallo se aliara con el llamado Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) para lograr un escaño en el Congreso.
“La Sala tiene la certeza de que Luis Humberto Gómez Gallo se concertó con el Bloque Tolima, a través de su comandante ‘Elías’, y también con el benefactor del grupo armado al margen de la ley, Eduardo Restrepo Victoria, ‘el Socio’”, cita el fallo.
La CSJ también dispuso, asimismo, inhabilitar a Gómez Gallo de sus derechos y funciones públicas por 108 meses.
Gómez Gallo, de 51 años, del Partido Conservador y quien fuera presidente del Congreso colombiano entre julio de 2004 y el julio de 2005, había sido detenido el 10 de diciembre de 2007 pero fue dejado en libertad el 12 de agosto del 2008 por falta de pruebas.
El primer procesado por los mismos delitos fue Mario Uribe Escobar, el expresidente del Congreso de Colombia y primo del exmandatario Álvaro Uribe, quien paga una pena de siete años y medio de cárcel.
El tercer enjuiciado po la CSJ en abril pasado por sus presuntos vínculos con jefes paramilitares dentro del escándalo conocido como “parapolítica” es el expresidente del Congreso y exsenador Javier Cáceres Leal.
El caso es parte de las investigaciones iniciadas hace más de dos años y que actualmente involucran a unos 420 políticos colombianos. Unos 70 congresistas y exparlamentarios están siendo investigados, 30 de ellos están detenidos por órdenes del Tribunal Supremo y más de 20 han sido condenados, casi todos por sus vínculos con paramilitares.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ha iniciado el proceso de investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por su presunta implicación en la masacre ocurrida en El Aro en 1997, informa ‘El Espectador’.
La acusación basa sus suposiciones sobre varios testimonios que indican que el helicóptero del Servicio Aéreo de Salud de Antioquía, donde Uribe fue gobernador, estuvo en el lugar de la matanza. El exmandatario refuta las inculpaciones denunciando que son una persecución política.
Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la “matanza de El Aro” cometida en 1.997.
En esa, según relata el periódico de Miami, “El Nuevo Herald” en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeo la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que “brillantemente” habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.
El grupo paramilitar “Los doce apóstoles” habría tenido sede en la hacienda “La Carolina”, en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez.
El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por “Los doce apóstoles” entre 1993 y 1994.
El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero la investigación fue forzada a cerrarse.
Caso Macarena
Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se acometen – cuantitativa y cualitativamente hablando – de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares.
De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos.
De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.
En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América latina con cadáveres “NN”.
Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de “La Macarena”, que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del Ejército colombiano y organizaciones paramilitares.
La “industria criminal”, organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato de Uribe, llegó a utilizar, emulando así la “solución final” del nazismo alemán, hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del estado y sus aliados paramilitares:
tres hornos al menos descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno “móvil”, en Bogotá.
En mayo de 2010, el diario The Washington Post, daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en complicidad con operaciones paramilitares del grupo denominado “Los 12 apóstoles”, de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.
CARGOS POR INVOLUCRAMIENTO EN NARCOPOLITICA
Yidispolítica es el nombre del escándalo con el que se conocen las declaraciones de la exRepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien afirmó haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de Uribe a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitiese a Álvaro Uribe Vélez aspirar a un segundo mandato presidencial. Uribe Vélez en ese entonces pidió repetir las elecciones del 2006. Los funcionarios involucrados en la controversia fueron Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt. Diego Palacio entrego beneficios entregados a la exrepresentante a la Cámara a cambio de su voto.
En 2002, la campaña presidencial de Uribe recibió en cheques y depósitos, más de 100 millones de pesos de parte de la empresa Uniapuestas, identificada como un palo blanco del lavado de dinero de varias mafias del narcotráfico, en la cual la señora Enilse López (alias “La Gata”) era la accionista mayoritaria. Posteriormente, López fue capturada y sindicada de varios cargos criminales por lavado de activos y desviación de fondos, relacionados con otros procesos judiciales. En el pasado también se la había criticado y considerado de estar relacionada con el narcotráfico, específicamente con Gonzalo Rodríguez Gacha miembro del Cartel de Medellín, motivo por el que se empezó a sospechar de la honestidad con la que Uribe recibió los dineros junto a varios aportes del paramilitarismo. Diversos críticos, entre ellos los precandidatos del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, cuestionaron tanto la moralidad del recibimiento de esos dineros como el que potencialmente se haya incurrido en alguna conducta criminal al aceptarlos.
En septiembre de 1994 con base en el artículo 42 del Decreto ley 356 de 1994, el Gobierno de Ernesto Samper Pizano ejecutó la creación de las Asociaciones Comunitarias paralelas de Vigilancia Rural (Convivir), promovidas por su antecesor Cesar Gaviria con la finalidad de crear un nuevo instrumento supuestamente de seguridad. Ante ésto Uribe Vélez fue uno de los mayores defensores de esta figura jurídica argumentando que las Convivir trabajaban fundamentalmente en temas de inteligencia, dejando la parte operativa a la fuerza pública aunque estas organizaciones portaban armas de grueso calibre asesinando campesinos y enterrándolos en fosas comunes.
En 2007, el senador Gustavo Petro denunció en un debate parlamentario que entre 1995 y 1997 Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y varios familiares de Enilse López, entre otros, participaron en las cooperativas de seguridad CONVIVIR favorecidos durante la gobernación de Uribe en Antioquia y dijo que operaron alrededor de ochenta de ellas en el departamento. Lo que queda claro es que la gobernación de Antioquia era quien daba la personería jurídica a estas organizaciones narco militares junto a una licencia que la otorgaba el Gobierno colombiano.
OTROS CARGOS Y DELITOS
Uribe ha fomentado a diestra y siniestra la economía de libre de mercado del Neoliberalismo mediante la aplicación indiscriminada de políticas económicas en desmedro de la clase más humilde y pobre en Colombia, también se lo acusa de haber implementado distintos tratados de libre comercio con otros países y una alianza estratégica con Estados Unidos, también criticada por crear dependencia de dicho país mediante el TLC y otros. Esto ha ocasionado en lo social desplazamientos sociales a otras naciones vecinas mediante migraciones.
El Gobierno de Uribe puso en marcha una reforma laboral que amplió las causas de despido justificado contra la clase trabajadora, recortó los pagos por indemnizaciones y disminuyó el complemento salarial por nocturnidad.
En política internacional el gobierno de Alvaro Uribe apoyó la guerra contra el terrorismo apoyando al presidente estadounidense George W. Bush. A pesar de la oposición interna el gobierno, apoyó diplomáticamente la Invasión de medio oriente por EUA y la intervención en Iraq de 2003.
En agosto 2014, Álvaro Uribe, actual senador del país, ha sido denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia colombiana, informa el rotativo colombiano ‘El Tiempo’. El político es acusado de hostigamiento por razones políticas, concierto para delinquir, injurias y calumnias. Según el medio, todavía está por verse si la Corte acepta las denuncias. Si el alto tribunal decide admitirlas, los magistrados tendrían que pronunciarse sobre quién y en qué condiciones puede ser investigado y juzgado Uribe.
Injerencia terrorista en asuntos internos de otros países
Existen denodados esfuerzos de Álvaro Uribe Vélez en complicidad con el gobierno norteamericano por complicar aún más las relaciones diplomáticas de su país con muchos de sus vecinos miembros del ALBA o CELAC, a quienes ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas críticas y acusaciones.
Para este fin Uribe Vélez inclusive ha permitido el establecimiento de 7 bases militares americanas en Colombia para el dominio estratégico de Sudamérica e influencia por parte de EUA. Por lo que EUA le ha permitido casi todo en su gestión de gobierno como un gesto de total agradecimiento de trabajar en favor de los intereses norteamericanos.
Uribe también ha venido utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional y en el derecho de los pueblos a la no injerencia en sus asuntos internos, esto para con los países que no le son afines a sus políticas y que están en contra de los intereses de EUA, Colombia y el famoso TLC continental, esto lo ha logrado mediante la creación de células, agentes políticos y organizaciones de carácter terrorista de ultraderecha para apoyar y proteger su estructura o armazón construida no solo dentro de Colombia sino también fuera de sus fronteras. Para ello ha creado lo que él llama o denomina un frente continental liberal o ultra liberal latinoamericano contra los gobiernos populares, para este fin ha creado varios organismos y fundaciones terroristas bajo su tutela todas subvencionadas por el Departamento de Estado de EUA, tales como la Fundación Internacionalismo Democrático (creada en Washington – EUA), Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, Uribe Centro Democrático, Red Continental de Lideres Juveniles Demócratas ( con base en Houston EUA) , Fundación Internacional para la Libertad, Avanza Colombia y FTI Consulting entre otras. También ha creado alianzas con otras organizaciones de ultraderecha continentales con tal de cumplir su objetivo.
Estas organizaciones creadas por Uribe, tienen como miembros asiduos y contratados a sueldo a ex mandatarios, líderes y dirigentes de partidos y parlamentarios de extrema derecha de varios países latinoamericanos. También adiciono a sus organizaciones a políticos y gobernantes o ex gobernantes del gobierno español de la derecha y ultraderecha liberal, para confrontar nuevamente a los gobiernos progresistas de Latinoamérica.
Entre sus estrategias globales contra los países del ALBA y CELAC, están las de mantener e incrementar los sabotajes tanto políticos, como a sus proyectos de desarrollo regional, sabotajes coordinados a proyectos nacionales de cada país para el desgaste forzado de los mismos y de sus líderes progresistas.
El 2012, Uribe apoyado por el gobierno colombiano de Santos, inicio una serie de ataques frontales a Venezuela, utilizando como armas de penetración terrorista una guerra económica, infiltración del paramilitarismo, apoyo directo a células de ultraderecha fascistas y contrabando, creando así situaciones de inestabilidad internas.
CONCLUSION
El Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
Los Estados Unidos han hecho los de la vista ciega, ante la cantidad de pruebas e información que compromete a Uribe en graves hechos delictivos. El silencio de la administración norteamericana y el apoyo incondicional del Presidente Bush y Obama a Uribe, deja entrever una obscura alianza entre ambas administraciones que muy claramente favorecen los intereses económicos estratégicos de EUA. Lo más curioso es que son medios americanos los que han investigado y denunciado todos estos hechos delictivos de Uribe.
El 8 de agosto del 2012, es presentado un abultado expediente de acusaciones por organismos libres de Derechos Humanos caratulado bajo su nombre, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, los mismos aún esperan la resolución de la corte.
EFECTOS RESOLUTIVOS
Las personas que hayan tenido o tengan relación de cualquier tipo con el acusado serán pasibles a investigación y también acusados bajo los cargos de complicidad, sufriendo inclusive una sanción moral, con su respectiva inclusión en la lista internacional de corruptos y criminales.
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