¿Realmente Daniel Ortega abolió las elecciones en Nicaragua?

-¿Realmente Daniel Ortega abolió las elecciones en Nicaragua

Honduras. La derecha criminaliza a la oposición

Tras las controvertidas elecciones de 2025, se ha emitido una orden de arresto contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Luis Redondo, y doce legisladores imputados.

Las nuevas leyes penales están intensificando la represión de la disidencia y las protestas sociales. Organizaciones de derechos humanos denuncian una deriva autoritaria.


En Honduras, el recuerdo del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya sigue siendo un punto de referencia crucial y un momento decisivo para la sociedad en su conjunto. A pesar del paso de los años y las elecciones posteriores, muchos analistas creen que el aparato represivo y la dinámica de poder consolidados desde la ruptura constitucional y durante los doce años subsiguientes de narcodictadura (2009-2021), así como la influencia del histórico sistema bipartidista (Partido Nacional y Partido Liberal), no se han desmantelado en absoluto.

Este sistema sigue profundamente arraigado en instituciones vinculadas a la política tradicional, las élites económicas nacionales, el gran capital multinacional y las redes de narcotráfico. Esta configuración también está influenciada por las políticas estratégicas históricas de Estados Unidos en la región, que tradicionalmente ha considerado a Honduras un centro geopolítico en el corredor centroamericano.

Se trata de una estructura que tiende a proteger rígidamente sus propios equilibrios e intereses. En consecuencia, los sectores políticos o movimientos sociales que proponen reformas estructurales, modelos de desarrollo más inclusivos o incluso la refundación del país se enfrentan a una dura represión judicial y física, que a menudo culmina en arresto, exilio forzoso o, en los casos más extremos, asesinato político.

La fase más reciente de esta compleja dinámica se desarrolla entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía, instituciones que ahora vuelven a estar bajo control bipartidista. En el centro de la disputa se encuentran las graves tensiones postelectorales en torno a las elecciones generales de finales de 2025. Recientemente, el poder judicial emitió una orden de arresto internacional, acompañada de una alerta roja de Interpol, contra Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional. Asimismo, acusó a los diputados, casi todos pertenecientes al entonces partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), que integraban la Comisión Permanente del Parlamento, exigiéndoles que respondan por el presunto abuso de sus prerrogativas para impugnar los resultados electorales.

Las apelaciones sin resolver, la suspensión del recuento electrónico durante más de 24 horas, las repetidas interrupciones del sistema preliminar y los informes de ciberataques antes, durante y después de la votación fueron consecuencia de la rápida declaración de los ganadores por parte de los dos representantes del sistema bipartidista en el máximo órgano electoral. Ante esta proclamación oficial —realizada a toda prisa a pesar de las protestas por los drásticos cambios en la voluntad de los votantes—, la Comisión Permanente del Parlamento intentó una contramedida institucional.

Durante la sesión extraordinaria del 8 de enero de 2026, este órgano selecto aprobó el Decreto Legislativo 58-2025, que ordenaba al Consejo Nacional Electoral revisar y recontar aproximadamente 20.000 actas electorales, voto por voto. 

Esta amarga disputa terminó por definir el destino de sus protagonistas. Por un lado, los dos funcionarios que certificaron la votación fueron posteriormente "recompensados" con importantes cargos diplomáticos. 

Por otro, el tercer consejero, Marlon Ochoa, miembro del partido Libre, pagó el precio más alto: tras denunciar públicamente las irregularidades y presentar pruebas de fraude ante el Ministerio Público, fue objeto de una dura batalla política que culminó en un juicio parlamentario dirigido a su destitución y posterior encarcelamiento. 

Temiendo por su vida y la de su familia, Ochoa se vio finalmente obligado a huir del país, optando por el exilio. Un destino similar le tocó recientemente al propio Luis Redondo, forzado al exilio fuera de las fronteras nacionales.

Los delitos imputados por la Fiscalía a Redondo son la alteración ilícita del funcionamiento de las instituciones, la usurpación de funciones y la violación de los deberes de los funcionarios. La oposición impugna estas acusaciones, pues considera que el ejercicio del control parlamentario —pilar fundamental de cualquier democracia— es subversivo y delictivo.

La dinámica de la derecha oligárquica nacional, respaldada por la influencia de Washington, ha reinstaurado al Partido Nacional, liderado por la figura pública de Nasry “Tito” Asfura, en el poder ejecutivo. 

Mientras tanto, el expresidente Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico e indultado por Donald Trump— mantiene una compleja influencia estratégica en el panorama político.

Para descifrar el contexto actual de Honduras, y más generalmente de los países latinoamericanos donde existe un fuerte giro conservador y neoliberal alineado con los intereses de Washington , es necesario observar el mapa del poder real que controla la nación centroamericana.

Lo que presenciamos no es un proceso judicial normal, sino que la oposición lo describe como una operación de guerra jurídica , una estrategia orquestada por el tradicional bipartidismo para asegurar intereses oligárquicos e impedir futuras opciones progresistas. 

Mientras Redondo denuncia persecución política desde el exilio y se defiende en Honduras a través de sus abogados, los otros doce diputados y exdiputados acusados ​​se enfrentan a un proceso judicial en el que alegan graves limitaciones a sus derechos.

 Les espera la jueza Anny Ochoa, cuya imparcialidad ha sido fuertemente cuestionada por la defensa debido a sus vínculos estructurales con el partido gobernante.

Existe también una clara continuidad, un hilo conductor entre la presión judicial contra quienes denunciaron el golpe electoral de 2025 y la impunidad generalizada que rodea los asesinatos de decenas de activistas ambientales y defensores de la tierra. Esta dinámica forma parte de un marco de criminalización progresiva de la disidencia, que ahora cuenta con nuevas herramientas legales.

El Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha alertado sobre la reciente Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal, aprobada por la mayoría parlamentaria conservadora. Bertha Oliva, coordinadora de derechos humanos de la organización y figura histórica de la resistencia hondureña, denuncia la naturaleza de estas medidas: «Están desempolvando los manuales de la Doctrina de Seguridad Nacional de los años ochenta.

 Modificar el código penal para castigar la disidencia no sirve para combatir a los delincuentes, sino para garantizar la impunidad de quienes ostentan el poder y socavar el Estado de derecho, dejando a la ciudadanía en un estado de total vulnerabilidad».

En su declaración del 29 de octubre de 2026, la organización argumentó que las reformas constituyen "un instrumento dañino y regresivo que desmantela las garantías constitucionales", denunciando además que buscan "criminalizar preventivamente la protesta popular legítima", abriendo la puerta a "los peores abusos de la doctrina de seguridad nacional", lo que, en su opinión, allana "el camino al terrorismo de Estado".

Bajo el pretexto de la seguridad pública y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, las nuevas leyes extienden la prisión preventiva, autorizan registros domiciliarios sin orden judicial, introducen el aislamiento disciplinario de hasta 60 días e implementan la prisión preventiva obligatoria con base en meras pruebas.

 Incluso las formas de protesta visual, como los grafitis o las consignas en las paredes, se equiparan a actos de terrorismo, con penas que van de 30 a 40 años de prisión. Este es el bukelismo al estilo hondureño , cuya filosofía dominante es el estado de emergencia, la militarización de los territorios, las detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta y el populismo punitivo.

«Si te manifiestas para proteger el agua, te acusan de terrorismo; si defiendes el bosque y la tierra, te procesan como usurpador. Si exiges un recuento de votos para evitar el fraude electoral, te acusan de perturbar las instituciones. Esto es una completa inversión de la justicia», denuncian las organizaciones comprometidas con la protección del medio ambiente y los bienes comunes.

Los acontecimientos que se desarrollan en Honduras no representan una crisis pasajera, sino un profundo choque entre visiones opuestas del modelo de país. 

La persecución de la Comisión Parlamentaria, así como la criminalización de los movimientos sociales y la protesta en general, reducen las posibilidades de que la democratización se logre únicamente por medios institucionales. 

Cuando las reglas del juego son manejadas e impuestas unilateralmente por quienes controlan el poder, la respuesta de los movimientos sociales se orienta hacia la movilización, la organización de base y la solidaridad internacional.

En este contexto, la contundente derrota de Trump en las elecciones de medio término, sin embargo, abre una vulnerabilidad geopolítica para las fuerzas conservadoras hondureñas.

 La ofensiva parlamentaria, investigativa y, muy probablemente, judicial que la nueva mayoría demócrata está a punto de lanzar se centrará, entre otras cosas, en la facilidad con la que la administración Trump ha concedido indultos presidenciales. 

Varios congresistas demócratas ya han insinuado una investigación exhaustiva sobre el controvertido indulto otorgado a Juan Orlando Hernández.

Este riguroso escrutinio en el Capitolio podría representar el primer gran obstáculo para la ofensiva bipartidista, debilitando de hecho la estrategia represiva implementada en Honduras en los últimos meses.

«La única razón por la que los moribundos partidos tradicionales pudieron robar las elecciones y tomar el poder en Honduras es porque Trump los impuso por la fuerza. 

El tsunami democrático sin duda también arrasará con la arrogancia de la narcodictadura hondureña», declaró Marlon Ochoa desde el exilio. «El viento ha comenzado a soplar a favor de la democracia y la paz a las que aspiramos en Estados Unidos. Quienes creían que Trump y sus aliados serían eternos han sido "derrotados" en Estados Unidos y Brasil».

Y mientras el poder judicial continúa imponiendo restricciones a los diputados de la oposición y a quienes expresan su disidencia en las calles, la memoria histórica del país sigue siendo la piedra angular de la movilización social y de un futuro posible diferente.

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