Una compra encubierta y operaciones entre Colombia, Perú y Panamá permitieron reconstruir la presunta cadena de abastecimiento.
Una investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió reconstruir una presunta red internacional de narcotráfico con conexiones en Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica.
El expediente estadounidense vincula esa estructura con el supuesto abastecimiento de cocaína a dos personas requeridas en extradición: Viveros, conocido como “Papillo”, y Gómez, alias “La Güera”.
Ambos enfrentan acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas hacia Estados Unidos, pero su entrega a ese país permanece suspendida mientras se resuelven apelaciones presentadas por sus abogados.
La investigación describe una organización que presuntamente utilizaba instalaciones clandestinas, contactos regionales y embarcaciones para movilizar cargamentos de cocaína hacia Norteamérica.
Una compra encubierta permitió conocer la estructura investigada
Uno de los momentos decisivos de la investigación ocurrió en octubre de 2024, cuando un informante de la DEA consiguió concretar una transacción con personas vinculadas a la presunta organización.
La operación se desarrolló en Cali, Colombia, donde el colaborador recibió siete kilogramos de cocaína a cambio de $10.000.
La sustancia fue entregada a las autoridades estadounidenses, que posteriormente confirmaron su composición mediante análisis de laboratorio.
Esa compra permitió documentar las negociaciones y fortalecer la investigación sobre los posibles responsables de organizar el abastecimiento de droga.
Según los documentos judiciales, los contactos entre el informante y los sospechosos habían comenzado meses antes.
Laboratorios en Colombia podían preparar grandes cargamentos
Las pesquisas también identificaron instalaciones clandestinas que, presuntamente, tenían capacidad para preparar cargamentos de hasta dos toneladas de cocaína.
Los investigadores señalaron a una estructura colombiana como responsable de coordinar la producción y parte de las operaciones logísticas.
De acuerdo con la acusación, algunos integrantes mantenían protocolos de seguridad para controlar quiénes ingresaban a las instalaciones y verificar la identidad de posibles compradores.
La organización habría establecido contactos con operadores en otros países para transportar la droga hasta sus destinos.
Las autoridades estadounidenses identificaron a varios sospechosos que posteriormente fueron detenidos en Colombia y Panamá.
¿Qué papel tenían Costa Rica, Panamá y Perú?
La investigación describe una cadena de transporte que utilizaba diferentes puntos del continente para movilizar los cargamentos.
En Perú, los sospechosos presuntamente tenían acceso a una embarcación pesquera que podía ser utilizada para transportar grandes cantidades de droga por el océano Pacífico.
Panamá aparecía como otro punto de conexión, mediante contactos que ofrecían transporte y sitios para almacenar temporalmente las sustancias ilícitas.
Costa Rica figuraba entre los territorios utilizados por la organización, según la documentación judicial estadounidense.
Las acusaciones atribuyen a Viveros y Gómez funciones relacionadas con la operación local y la coordinación de envíos.
Sin embargo, esas responsabilidades todavía deben ser examinadas en los procesos judiciales correspondientes.
Extradición de los dos costarricenses permanece suspendida
El Tribunal Penal de San José autorizó el 14 de setiembre de 2026 la extradición de Viveros y Gómez, quienes son requeridos por autoridades judiciales de Arizona.
No obstante, las defensas presentaron apelaciones contra esa resolución, por lo que la entrega quedó suspendida.
Entre sus cuestionamientos figura la aplicación de la reforma constitucional que permite extraditar costarricenses por determinados delitos.
Los abogados también objetaron aspectos relacionados con las operaciones encubiertas de la DEA.
Mientras se resuelven esos recursos, Viveros permanece recluido en el centro penitenciario La Reforma y Gómez en el centro Vilma Curling Rivera.
Un tribunal superior deberá resolver las apelaciones para determinar si procede continuar con la extradición de ambos sospechosos.
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