La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre el peligro que representa el nuevo decreto firmado por el mandatario Abelardo de la Espriella para la protesta social en Colombia.
De acuerdo con la agencia internacional, la normativa modifica sustancialmente las reglas de la Fuerza Pública y contiene vacíos que facultan la disolución discrecional de manifestaciones mediante la violencia estatal.
El punto medular de las observaciones radica en que el decreto expedido el pasado 13 de octubre habilita la intervención represiva contra los manifestantes sin agotar las mesas de mediación y concertación previamente establecidas.
De acuerdo con el organismo internacional, la medida abre la puerta al cierre intempestivo de la vía dialogada para dar paso inmediato al despliegue coercitivo de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, Naciones Unidas cuestionó que las causales estipuladas para dar por concluidas las negociaciones dependan de interpretaciones ambiguas por parte de las autoridades.
El organismo recordó que los actos aislados de individuos no deben ser argumento para suspender los canales de diálogo ni para vulnerar el derecho constitucional de quienes se movilizan de forma pacífica.
Abuso de la fuerza y violaciones a los estándares internacionales
La Oficina de Derechos Humanos enfatizó que, en apego al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el empleo de la fuerza y de armamento menos letal por parte de los efectivos policiales debe ser el último recurso tras agotar las vías pacíficas.
De igual modo, alertó que la definición de "violencia" adoptada por el Gobierno resulta desmedidamente amplia al penalizar conductas o amenazas que no causan lesiones, muertes ni daños severos a la infraestructura.
En tal sentido, la ONU requirió a las autoridades colombianas distinguir claramente entre la portación de un objeto, su amenaza y su empleo real, subrayando que la mera tenencia de un elemento no despoja a la movilización de su carácter pacífico.
Igualmente, rechazó que las interrupciones del tránsito o las pérdidas económicas derivadas de bloqueos viales sean utilizadas como justificación para ejecutar operativos represivos desproporcionados.
Aumento de la conflictividad y huelga nacional en el horizonte
A pesar de que el organismo multilateral reconoció la realización de contactos previos con el Ejecutivo donde se plantearon observaciones, ratificó que la prioridad de todo marco legal debe ser la garantía plena del derecho a la manifestación pacífica.
El rechazo a esta ordenanza tiene lugar en medio de una creciente crispación política en la nación sudamericana.
Organizaciones sindicales y movimientos populares anunciaron una intensificación de las jornadas de calle para los meses de octubre y noviembre, las cuales proyectan culminar con la convocatoria a un paro nacional.
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