EN CAMPECHE, LAS COLONIAS MENONITAS LLEVAN AÑOS TALANDO SELVA ILEGAL, MATANDO ABEJAS MAYAS Y DESTRUYENDO CIUDADES PREHISPÁNICAS. EL GOBIERNO LO DOCUMENTA. Y NO PASA NADA.
Solo en el primer semestre de 2025, inspectores de la Profepa clausuraron predios vinculados a actividades menonitas tras detectar más de 2,608 hectáreas de selva taladas e incendiadas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Aseguraron maquinaria. Documentaron el cambio ilegal de uso de suelo. Levantaron actas.
Y en 2026, la maquinaria regresó.
Ese es el ciclo que lleva años reproduciéndose en el sureste mexicano: satélite detecta desmonte, Profepa clausura, operaciones se reinician, selva no vuelve.
Porque la selva, a diferencia de la maquinaria, no regresa sola.
El daño no es solo ecológico.
En Hopelchén, el apicultor maya José del Carmen Chí Chí perdió 32 colmenas en 2026.
No por una plaga. Sino porque el monte del que dependían sus abejas desapareció y los agroquímicos de los terrenos vecinos —glifosato y fipronil detectados en estudios— están matando lo que queda.
El Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes documenta miles de colmenas afectadas desde 2023.
La miel de Hopelchén, producto emblemático de valor cultural y económico, retrocede año con año en su propia tierra de origen.
Y luego está lo que nadie menciona junto a los titulares de deforestación: en junio de 2026 se anunció el descubrimiento de Minanbé, una ciudad maya intacta de 15 hectáreas oculta en la selva de Calakmul —templo piramidal, estelas, sistemas hidráulicos, glifos del siglo IX— que sobrevivió precisamente porque la selva densa la protegió durante siglos. Ese mismo año, en Balam Kin, maquinaria vinculada a la expansión agrícola destruyó cinco montículos mayas con templos de hasta 15 metros.
La piedra labrada fue convertida en gravilla para nivelar terrenos de cultivo.
Minanbé sobrevivió porque nadie llegó. Lo que había en Balam Kin no tuvo esa suerte.
El patrón tiene una explicación incómoda: la deforestación ilegal en México rara vez tiene consecuencias penales reales.
Las clausuras son administrativas y temporales. Las multas son calculables y pagables.
Y mientras el costo de talar ilegalmente sea una clausura temporal, y el beneficio sea la incorporación permanente de hectáreas productivas, la decisión económica seguirá siendo obvia para quien la toma.
Las comunidades mayas pierden monte, abejas y territorio.
El patrimonio arqueológico sigue sin protección real.
Y el Estado mexicano sigue documentando con precisión satelital una destrucción que no logra —o no quiere— interrumpir de forma estructural.
¿Por qué en México la evidencia satelital de deforestación ilegal existe hace años, las clausuras se repiten y la selva sigue desapareciendo sin que nadie vaya a la cárcel?
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