***TODAVÍA NO DETALLAN MONTO DE DAÑO SOCIAL SI SE CONFIRMA QUE EL GOBERNANTE COMETIÓ DELITO DE CONCUSIÓN EXPEDIENTE SALPICA AL MINISTRO JORGE RODRÍGUEZ, POR APARENTES FAVORES A ALIAS CHORECO Y USO DE RECURSOS PARA LEVANTAR IMAGEN POLÍTICA DEL MANDATARIO.
La Procuraduría General de la República (PGR), entidad que actúa como abogada del Estado, podrá solicitar una indemnización en caso de que se confirme que el mandatario Rodrigo Chaves Robles debe afrontar un juicio por el delito de concusión, tras el escándalo de supuesta corrupción denominado BCIE-Bulgarelli.
En abril pasado, la Fiscalía General, encabezada por Carlo Díaz, presentó una acusación formal contra Chaves y su ministro cercano, Jorge Rodríguez Vives, dado que, en apariencia, habrían ejercido presiones para inducir a Christian Bulgarelli —empresario y productor audiovisual que obtuvo un contrato de proyectos para la Presidencia— a que, producto de la contratación, le otorgara un beneficio patrimonial indebido al coimputado Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, exasesor de la campaña electoral, amigo personal e íntimo del mandatario.
La Procuraduría confirmó a CR Hoy que, en este proceso judicial, ostenta la condición de actor civil.
La acción civil resarcitoria es recurso es un mecanismo legal que permite a la víctima de un delito reclamar daños y perjuicios dentro de un proceso penal, con el n de obtener la restitución del daño o una indemnización por los perjuicios causados.
Contrato con cariñitos
La contratación bajo la lupa en este proceso penal se formalizó entre octubre de 2022 y octubre de 2023, por un monto de 400 mil dólares, con fondos provenientes de una donación otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A Choreco se le benefició con $32 mil dólares para la compra de una vivienda.
En ese momento también habría participado el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien fungía como jefe del despacho presidencial y luego como ministro de Comunicación.
En unos audios incorporados como prueba, se escucha a Chaves pedir “cariñitos” y asuntos especícos dirigidos a mejorar su imagen, que serían financiados con los fondos donados por el BCIE al país.
Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborará los términos de referencia de su contrato.
Actualmente, la pieza acusatoria presentada por la Fiscalía General contra Rodrigo Chaves se encuentra en una fase en la que la Corte debe analizar si la causa cumple con los requisitos legales para ser enviada al Congreso.
El expediente debe pasar el ltro de la Corte antes de ser remitido a la Asamblea Legislativa, donde se tomará la decisión de si se levanta o no la inmunidad del gobernante para que afronte un eventual juicio.
Luego, en el Parlamento, los diputados deberán seguir varios pasos y votar sobre el retiro del fuero especial que protege a un presidente de la República por su condición de integrante de los Supremos Poderes
Magistrado a un lado Fuentes judiciales cercanas a la Corte confirmaron a CR Hoy que, en una audiencia privada celebrada el pasado 26 de mayo, entre siete y ocho magistrados expusieron razones para apartarse del conocimiento de fondo del expediente.
No obstante, ninguna de esas solicitudes estuvo motivada por “temor” ni por un afán de evadir el caso, sino por el interés de garantizar la transparencia del proceso y evitar eventuales conflictos de interés, según conoció este medio.
Entre los magistrados que plantearon dudas se encuentran varios integrantes de la Sala Constitucional, debido a una resolución dictada en el pasado que podría guardar relación con el caso.
Sin embargo, como no se identificó un vínculo directo, la mayoría de las solicitudes fue rechazada.
Solo una inhibitoria fue aprobada, por razones diferentes. Paul Rueda Leal, de la Sala Constitucional, es el único magistrado titular confirmado —de los 22 actuales— que no formará parte del Tribunal de la Corte para examinar el expediente contra el mandatario.
La razón por la cual Rueda se apartó es que en el Ministerio Público existe una investigación contra Jimena Rueda Ledezma, hija del magistrado, por supuestas expresiones realizadas en redes sociales contra el gobernante.
Aunque Paul Rueda no ha emitido manifestaciones contra el mandatario ni está vinculado directamente con esa causa, consideró prudente apartarse para evitar cuestionamientos futuros.
La base de su inhibitoria es que existe una denuncia penal contra un familiar directo, en la cual Rodrigo Chaves gura como parte ofendida.
Para algunos magistrados, esta razón no constituía causal suciente para excusarse, pero Rueda Leal optó por hacerse a un lado como medida preventiva para preservar la legitimidad del proceso.
Pese a dar ese paso a nales de mayo, todavía no hay avances sustanciales en el trámite en la Corte, debido a que las resoluciones sobre las abstenciones primero deben ser notificadas.
Las causas por las que algunos magistrados presentaron excusas no son públicas todavía, porque no se pueden divulgar oficialmente antes de su motivación formal, según lo establece el Código Procesal Penal.
Aún no se ha definido la fecha para retomar la discusión y conocimiento del expediente penal contra el mandatario.
Rodrigo Chaves gura como imputado en la causa penal 25- 000019-0033-PE, donde es sospechoso del delito de concusión.
https://www.crhoy.com/nacionales/procuraduria-pedira-indemnizacion-si-chaves-afronta-juicio-por-escandalo-bcie-choreco/
