***En abril, Trump dio a conocer una orden ejecutiva titulada "Fortalecimiento y Liberación de las Fuerzas del Orden de Estados Unidos para Perseguir a los Delincuentes y Proteger a los Ciudadanos Inocentes", que otorga amplios poderes a la policía, desmantela reformas logradas con esfuerzo y castiga a las ciudades que se niegan a acatar las leyes.
Bajo la fachada de "ley y orden", protege a las fuerzas del orden de la rendición de cuentas, amplía su acceso a armamento militar y trata la disidencia organizada como una amenaza para la seguridad nacional.
Represión por diseño
La orden se dirige a los gobiernos locales que imponen incluso las limitaciones más básicas a la actuación policial. Las ciudades con prohibiciones a las redadas sin previo aviso, restricciones a la vigilancia o juntas de supervisión independientes ahora corren el riesgo de perder fondos federales o de enfrentar una intervención directa.
El mensaje es contundente: si permiten que la policía opere con impunidad, perderán el apoyo del que depende su comunidad para sobrevivir.
También refuerza las protecciones legales para las fuerzas del orden. Los agentes acusados de brutalidad o asesinato recibirán ahora defensa legal financiada por los contribuyentes a través de un nuevo programa de indemnización.
Al mismo tiempo, se ordena al Departamento de Justicia ampliar las políticas de inmunidad a nivel nacional. Los pocos mecanismos que permitían impugnar la violencia policial en los tribunales serán desmantelados sistemáticamente bajo esta orden ejecutiva.
La orden exige la expansión del Programa 1033 del Pentágono, que transfiere equipo militar como vehículos blindados, drones y equipo antidisturbios a los departamentos de policía locales. En un plazo de 90 días a partir de la orden, las agencias federales deben finalizar los planes para acelerar dichas transferencias.
En la práctica, esto significa que los departamentos de policía, tanto en ciudades como en pueblos pequeños, estarán armados y equipados para la guerra urbana, con licencia para matar.
Un retroceso en las luchas, no sólo en las políticas
Muchos de los objetivos de esta orden —en particular, las juntas de supervisión, las capacitaciones sobre diversidad, inclusión e inclusión (DEI) y las directrices sobre el uso de la fuerza— son el resultado de arduas luchas tras el levantamiento de George Floyd en 2020.
Durante los últimos cinco años, millones de personas exigieron rendición de cuentas por parte de la policía, equidad racial y sistemas de seguridad pública que no se basaran en la violencia. En respuesta, algunas instituciones implementaron reformas limitadas.
La administración ahora busca eliminar estos logros.
El objetivo declarado es combatir la discriminación contra la policía. En la práctica, esto significa que las iniciativas de DEI están prohibidas en las fuerzas del orden federales, y aumenta la presión sobre las agencias locales, los gobiernos municipales y las instituciones públicas para que sigan el ejemplo.
Las agencias también deben informar sobre cualquier capacitación pasada o presente relacionada con DEI y presentar planes para eliminarla por completo.
Que estos programas discriminen a las fuerzas del orden es absurdo, pero la intención no es convencer a nadie. En cambio, es crear un pretexto para purgar a los reformistas y silenciar la disidencia.
El papel de la policía en la sociedad de clases
Incluso si se mantuvieran en vigor todas las reformas contempladas en esta orden, no cambiaría la naturaleza esencial de la labor policial en el capitalismo.
La policía no es un agente neutral de la justicia. Es el brazo armado del estado capitalista , encargado de proteger la propiedad privada, imponer la explotación y reprimir violentamente cualquier movimiento que amenace el statu quo.
Por eso, la policía sigue recibiendo más fondos mientras los presupuestos escolares se reducen, independientemente del partido capitalista que ocupe el poder.
Por eso, la policía en Estados Unidos no está fallando, sino que funciona exactamente como está previsto.
La orden ejecutiva no supone una ruptura con esa función, sino una reafirmación. Elimina la apariencia de moderación y otorga a las fuerzas del orden aún mayor libertad para actuar con violencia e impunidad.
Nueva Orleans: Un estudio de caso sobre chantaje federal
En ningún otro lugar es más evidente la brutalidad de esta orden ejecutiva que en Nueva Orleans. Ciudad de mayoría negra con un largo historial de violencia policial, Nueva Orleans ha operado bajo un decreto de consentimiento federal desde 2013, una reforma limitada y reñida, lograda tras años de lucha popular. La orden ahora considera esto un obstáculo que debe eliminarse.
Las agencias federales tienen instrucciones de identificar estos obstáculos y sancionar a las jurisdicciones que se nieguen a eliminarlos.
Para Nueva Orleans, este castigo podría significar la pérdida de acceso a programas federales de vivienda, financiación del transporte público, apoyo educativo del Título I y recursos de respuesta ante desastres.
Una de las amenazas más terribles es la posible pérdida de fondos federales para la mitigación de inundaciones y el mantenimiento de diques.
Para una ciudad costera que aún se recupera de la devastación del huracán Katrina, esto no es simplemente una decisión política: es un acto de crueldad calculado.
El gobierno federal amenaza con dejar a las comunidades trabajadoras expuestas al próximo desastre natural a menos que abandonen sus esfuerzos para exigir responsabilidades a la policía.
Esto es más que un chantaje. Es el uso de la catástrofe ambiental como arma política. Y es probable que los funcionarios estatales de extrema derecha de Luisiana, que desde hace tiempo buscan anular la autonomía de Nueva Orleans, aprovechen esta oportunidad.
Con el peso de la autoridad federal a su favor, ahora tienen motivos y pretextos para acelerar el desmantelamiento de las reformas locales.
La orden es una advertencia para cualquier ciudad que se atreva a priorizar a su gente sobre la policía.
Un llamado a la lucha
Esta orden ejecutiva revela las prioridades de la clase dominante con una claridad escalofriante. Desmantela la reforma, criminaliza la protesta, fortalece a las fuerzas del orden como herramienta central de represión y sienta las bases para ataques más profundos a medida que los movimientos sociales se fortalecen.
Pero ya nos hemos enfrentado a ofensivas similares. Cada victoria, desde las protecciones laborales hasta los derechos civiles y la justicia habitacional, ha sido el resultado de una organización y una lucha constantes.
La clase dominante no cedió esas conquistas voluntariamente, ni las defenderá ahora. Es nuestra tarea hacerlo.
https://mronline.org/2025/05/16/trumps-executive-order-promises-to-unleash-law-enforcement-and-expand-police-impunity/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trumps-executive-order-promises-to-unleash-law-enforcement-and-expand-police-impunity&mc_cid=7615c70543&mc_eid=e0d11caf52
.jpg)
