A pesar de los avances, todavía hay 172 millones de personas en situación de pobreza en la región y 66 millones no cuentan con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos.
Esta es una de las conclusiones que se desprenden del último informe anual de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que pone el foco sobre la crisis que enfrenta la región y que se plasma en las “tres trampas del desarrollo”.
La primera refiere a la baja capacidad para crecer y apuntalar las capacidades productivas a mediano plazo.
La segunda, por su parte, tiene que ver con las dimensiones socioeconómicas, en particular con la pobreza, la desigualdad y la baja movilidad y cohesión social. Por último, la tercera trampa identificada está asociada a la baja capacidad institucional y a los problemas de gobernanza.
La evolución de la pobreza
Según las estimaciones del organismo, la pobreza afectó al 27,3% de los latinoamericanos en 2023 (172 millones de personas) y la indigencia alcanzó al 10,6%.
Esto implica una reducción con respecto a 2022 y prolonga una tendencia que viene desde 2021, tras el pico alcanzado en el marco de la pandemia (cuando la pobreza se situó en 32,8% y la pobreza extrema en 13,2%).
De hecho, según enfatiza el documento, la tasa de pobreza es una de las más bajas desde que se tienen registros comparables, siendo similar a la de 2014 (previo al cambio del ciclo económico que se fue consolidando hacia 2015 producto del deterioro de las condiciones externas).
La caída de la pobreza constatada durante el año pasado se explica por una mejora bastante generalizada, en tanto fueron siete de los 12 países considerados que exhibieron una mejora en esta dimensión. No obstante, es importante destacar que el gran diferencial fue la disminución de las privaciones en Brasil, que explican cerca del 80% de la caída agregada regional. En ese caso, el papel de las transferencias no contributivas ha sido clave para reducir las privaciones materiales tras el shock de la pandemia.
De acuerdo con la Cepal, si la situación de la pobreza en Brasil no hubiese cambiado, el promedio regional en 2023 habría sido de un 28,4%, apenas 0,4 puntos porcentuales menos que en 2022, y la incidencia de la pobreza extrema se habría mantenido sin cambios en 11,1%.
En cuanto a la distribución de la población cuyos ingresos no superan la línea de pobreza, la problemática alcanza al 22,2% de las mujeres y al 18,3% de los hombres. En ambos casos, estas cifras representan una mejora frente a los niveles vigentes en 2021 y 2022. Por otra parte, la incidencia de la pobreza entre los menores de 18 años asciende al 40,6%, luego de reducirse por segundo año consecutivo tras el pico de 46,1% alcanzado durante 2021. A este respecto, en 17 de los países considerados las tasas de pobreza de los menores de 18 años eran entre 1,3 y 2,5 veces más altas que las correspondientes a las personas de 18 a 59 años, y entre 1,3 y 10,4 veces más altas con relación a las personas mayores de 60 años.
Según advierte el reporte, las diferencias más relevantes entre las tasas de pobreza de los menores de 18 años y de las personas de 18 a 59 años se verificaban en Uruguay, Costa Rica y Panamá. Además, las brechas más grandes entre la pobreza en la infancia y adolescencia y la que afecta a los mayores de 60 años también se encuentran en Uruguay y Panamá, a los que se suma en este caso también Brasil. Finalmente, la pobreza está más concentrada en las zonas rurales (39,1%) que en las urbanas (24,6%).
Para este año, y dadas las modestas perspectivas de crecimiento (1,7% para el conjunto de América Latina), se espera una mejora gradual en el frente de la pobreza –que se reduciría hasta 26,8%– y una relativa estabilidad en el caso de la indigencia, que se situaría en torno a 10,4%, apenas dos décimas por debajo del registro previo.
En función de los cálculos realizados por la Cepal, para avanzar en la erradicación de la pobreza se requiere establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% del gasto público total. “En promedio, los ministerios de Desarrollo Social de 20 países de América Latina y el Caribe gastaban en la protección social no contributiva 0,8% del PIB o 3% del gasto público total en 2022”.
Evolución reciente de la desigualdad
En este caso, la actualización de la información no introdujo cambios significativos con relación a 2022: la desigualdad de ingresos continúa siendo persistentemente alta en la región. De hecho, entre 2014 y 2023 el índice de Gini ha mejorado apenas un 4%, pasando de 0,471 a 0,452.
A nivel nacional, la desigualdad de ingresos en 2022 y 2023 fue mayor en los casos de Colombia (0,553) y Brasil (0,515), que se sitúan en el extremo más desigual del ordenamiento. Del otro lado aparecen Argentina y Uruguay, con un índice de Gini promedio de 0,403, y República Dominicana (0,387). Esto es lo que muestra la foto.
Sin embargo, la película es un poco distinta. En ese sentido, al comparar la variación anual de este indicador, la desigualdad se mantuvo relativamente incambiada para el promedio regional (-0,1%), aunque los resultados por país son muy dispares. Por un lado, el índice de Gini cayó más en Colombia y Paraguay (-1,8% y -1,7%, respectivamente). Por el otro, El Salvador y Argentina experimentaron los aumentos más relevantes: 3% y 6,3%.
Naturalmente, la desigualdad de riqueza es significativamente más alta que la de ingreso. En 2021, el 1% más rico concentró el 33% de la riqueza total (32,7% en 2020) y el 18,9% del ingreso (19,9% en 2020). Con relación a 2014, año bisagra para la región, estos guarismos representan una mejora marginal, dado que por aquel entonces el 1% más rico capturaba el 35% de la riqueza y el 20,1% del ingreso.
Al desagregar la información, también quedan de relieve las heterogeneidades a nivel país. A modo de ejemplo, en Chile, Brasil y México el 1% más rico concentra aproximadamente el 50% de la riqueza total, porcentaje que desciende al 27%-28% en los casos de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Según las estimaciones del organismo, la concentración fue más baja en el caso de Ecuador, donde ese guarismo supera levemente el 20%.
Protección social
Esta es otra de las dimensiones sobre las que pone foco el informe, destacando también la fuerte persistencia de la problemática, más allá de los vaivenes del ciclo económico. En concreto, uno de cada cuatro hogares de la región no contaba con acceso a la protección social. En los hogares del primer quintil, es decir, en el 20% de los hogares más pobres, esa relación es de uno cada tres.
En el caso de la protección social no contributiva, el organismo enfatiza la necesidad de fortalecer las redes de sostén, dado que la mitad de los hogares más vulnerables accede a la protección por esta vía. “Esto quiere decir que las políticas de transferencias monetarias o en especie (como la alimentación escolar) y los programas de inclusión laboral son clave para vincular a las personas con los servicios sociales y avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad”.
Para tener como referencia, el 27,1% de las personas vivía en un hogar que recibía algún programa de transferencias condicionadas. Sin embargo, en 14 de los países analizados esos montos no eran suficientes para compensar el déficit de ingreso necesario para alcanzar la línea de pobreza.
Los desafíos de la protección social ante la crisis de cuidados y de envejecimiento
Asociado con lo anterior, el informe dedica un capítulo al abordaje de estas dos crisis y su relación con perforaciones estructurales de la malla de protección social regional.
Por un lado, la institución advierte de las crecientes barreras para la autonomía de las mujeres que se desprenden de la actual organización social de los cuidados, lo que limita su inserción al mercado laboral y el acceso a la red de protección social.
En ese sentido, el 53,5% de las mujeres en la región está por fuera de los contornos del mercado de trabajo y el 56,3% declara dedicarse exclusivamente al cuidado no remunerado. En el caso de los hombres, esa cifra apenas supera el 7%. En esa línea, las mujeres de 65 años y más padecen mayores privaciones que los hombres, pese a recibir pensiones contributivas y no contributivas, y el 70,3% que no recibe ninguna percibe ingresos insuficientes para salir de la trampa de la pobreza.
En efecto, como alerta el documento, “la división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social”.
Las demandas por fortalecer la protección social derivan también de la problemática del envejecimiento, que continuará acentuándose en los próximos años: la población mayor de 65 años se duplicará hacia 2050, pasando del 9,9% al 18,9% (aproximadamente 138 millones de personas en 2050), siendo la mayoría mujeres.
De esta manera, la conjunción de estas dos crisis evidencia la importancia de promover políticas integrales de cuidado con mayor agresividad. Sobre esto, son cuatro los lineamientos sugeridos por el organismo para lograr este objetivo.
El primero pasa por “diseñar e implementar políticas de cuidados orientadas a una nueva organización social de los cuidados que garantice el derecho al cuidado con corresponsabilidad social y de género”. El segundo pone el foco sobre el fortalecimiento de las prestaciones para facilitar el cumplimiento de los derechos de quienes reciben y brindan cuidados (transferencias, licencias y permisos, servicios sociales, regulaciones en materia de tiempos, entre otras).
En tercer lugar, se requiere además un mayor despliegue de políticas de cuidados de largo plazo y, finalmente, es fundamental eliminar la precarización de los empleos del sector de los cuidados en el mercado laboral. Esto implica “mejorar la formación y certificación de competencias de acuerdo a las demandas de las transformaciones demográficas y los cambios epidemiológicos”.
CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas y busca contribuir al desarrollo económico de América Latina y el Caribe.
