***La decisión del jueves de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant representa en gran medida un acto simbólico que, sin embargo, pone de relieve una vez más, de manera sensacional, la responsabilidad y la complicidad de los partidarios del Estado.
Judío en el genocidio en curso.
El Primer Ministro israelí y el ex Ministro de Defensa, directamente responsables de las atrocidades cometidas contra la población palestina en la Franja de Gaza, están acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuyas pruebas son colosales y visibles para todo el mundo.
Más allá de la gravedad de las acusaciones y de los crímenes, el significado real de esta decisión parece casi nulo: Israel y su primer ministro, así como todos los demás responsables del horror, seguirán disfrutando de la protección diplomática de los Estados Unidos y otros gobiernos occidentales, lo que confirma el hecho de que la justicia internacional sigue siendo altamente selectiva, débil y, en muchos casos, funcional a los cálculos geopolíticos de las grandes potencias.
El mandato se refiere principalmente a las operaciones llevadas a cabo en Gaza por el gobierno israelí desde octubre de 2023, caracterizadas, como se sabe, por bombardeos indiscriminados, privaciones colectivas de alimentos, agua y energía y el uso sistemático del hambre como arma de guerra.
La devastación humanitaria, agravada por los continuos bloqueos, ha transformado a Gaza en un infierno al aire libre, donde la población civil está atrapada sin rutas de escape ni medios de sustento.
Según el Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, estas acciones constituyen una violación de los Convenios de Ginebra y representan castigos colectivos que violan principios fundamentales del derecho internacional.
Sin embargo, Israel no reconoce la competencia de la Corte y sus líderes siempre se han beneficiado de una impunidad casi total gracias al apoyo incondicional de Estados Unidos, que les proporciona armas, fondos y cobertura diplomática.
Desde el punto de vista técnico-jurídico, la orden de arresto fue emitida por los tres jueces de la sala de cuestiones preliminares de la CPI, que supervisa los casos preliminares, a solicitud del fiscal Khan.
Este órgano judicial es el encargado de decidir si las pruebas aportadas por el fiscal justifican la emisión de órdenes de detención.
Khan subrayó la urgencia de tomar medidas para evitar una mayor interferencia en la investigación, incluso en relación con los acontecimientos militares y políticos en curso.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre crímenes de guerra en los territorios palestinos, que comenzó tras una solicitud palestina de investigar los acontecimientos desde 2014.
Las reacciones del gobierno israelí no se hicieron esperar y, como era de esperar, estuvieron acompañadas de acusaciones de "antisemitismo" hacia la CPI y sus funcionarios.
El primer ministro Netanyahu calificó la decisión de "ataque a la existencia misma de Israel", relanzando la narrativa de víctima que durante décadas ha justificado cualquier atrocidad cometida en los territorios palestinos.
Aún más significativas fueron las declaraciones de Itamar Ben-Gvir, Ministro de Seguridad Nacional, quien amenazó abiertamente con acelerar la anexión total de Cisjordania en respuesta al mandato.
“Si el mundo quiere condenarnos, entonces debemos mostrar nuestra fuerza”, declaró Ben-Gvir, recordando las políticas expansionistas que ya estaban en una etapa avanzada mucho antes de la decisión de la CPI.
La anexión de Cisjordania, acompañada de políticas de apartheid cada vez más explícitas, ya no es un plan secreto sino una realidad que Israel está implementando con el consentimiento tácito de la comunidad internacional.
La emisión de la orden de arresto expuso una vez más la hipocresía de los gobiernos occidentales, que se apresuran a apoyar a la CPI cuando se trata de procesar a líderes de estados "enemigos" como Rusia, pero permanecen inertes ante las violaciones sistemáticas de Israel.
Estados Unidos, el principal aliado del Estado judío, calificó el mandato de "ilegítimo" y reiteró su compromiso de proteger a Israel de cualquier consecuencia internacional.
Esta posición no sorprende en lo más mínimo. Washington no sólo no reconoce a la CPI, sino que ha adoptado leyes que autorizan el uso de la fuerza militar para liberar a cualquier ciudadano estadounidense (o aliado) posiblemente detenido por la Corte.
En este contexto, Netanyahu y Gallant pueden estar tranquilos, seguros de que nunca serán llevados ante la justicia.
La CPI, creada con el objetivo de procesar los crímenes más graves a nivel mundial, es en última instancia un organismo incapaz de atacar a quienes disfrutan de protecciones geopolíticas.
Por tanto, la orden de detención contra Netanyahu y Gallant está destinada a quedarse en una mera declaración simbólica, sin consecuencias prácticas.
Sin el apoyo de los Estados miembros del Estatuto de Roma –muchos de los cuales prefieren evitar la confrontación con Israel por razones económicas y políticas– la Corte no tiene medios para hacer cumplir sus decisiones.
En cualquier caso, la orden de arresto representa una mancha imborrable sobre Netanyahu, Gallant y todo el proyecto sionista y pone de relieve una vez más el carácter colonial y violento del Estado de Israel. Sin embargo, la protección de Estados Unidos y la inacción de la comunidad internacional aseguran que estos crímenes quedarán impunes.
La verdadera vergüenza no recae sólo en Israel, sino también en aquellos gobiernos occidentales que continúan justificando y apoyando sus políticas, transformando la justicia internacional en un teatro hipócrita donde la ley cede sistemáticamente el paso al poder del más fuerte.
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