****El Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados (Cámara Baja) y el Senado de la República (Cámara Alta), así como gran parte de los congresos locales, aprobaron la reforma al Poder Judicial mexicano, iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que ha causado una fuerte polémica en el país.
El 11 de septiembre de 2024, el Senado mexicano avaló, con 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones, la propuesta para modificar la Constitución mexicana con el propósito de realizar cambios en el Poder Judicial.
Horas más tarde, el dictamen fue enviado a los congresos de los 32 estados que conforman el territorio mexicano, los cuales cuentan con 180 días para hacer cambios.
El primero en apoyarlo fue el Poder Legislativo de Oaxaca, en el sur del territorio mexicano.
Para el 12 de septiembre, más de la mitad de los estados del país latinoamericano habían aprobado la reforma judicial.
Sin embargo, ante las confrontaciones derivadas por la iniciativa, desde el paro de labores que sostienen los trabajadores del Poder Judicial, incluida la mayor parte de la plantilla de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y las protestas de estudiantes de Derecho y opositores al Gobierno de López Obrador por esta iniciativa, Sputnik te explica los detalles de estos cambios y lo que viene.
Un breve repaso de la extensa pugna
En febrero de 2024, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió un paquete de iniciativas al Congreso de la Unión, a tan solo unos meses de concluir su mandato.
En él se incluyó un proyecto para modificar, desde las esferas más altas, el Poder Judicial, uno de los que constituye al Gobierno mexicano.
Esta acción había sido descartada por el jefe de Estado anteriormente, ya que consideraba importante que surgieran los cambios desde los órganos judiciales y no por obra del Ejecutivo. Pero, desde 2023, esta intención cambió.
Después de darse a conocer que López Obrador había propuesto modificaciones al sector judicial, las tensiones arrancaron. Ante esto, se realizaron diálogos entre los principales implicados, ya fuese a favor o en contra.
Tras el triunfo tanto de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales, que se llevaron a cabo el 2 de junio de este año, como del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso federal y en gran parte de los estados del territorio mexicano, las presiones, especialmente por parte de los mercados, pusieron en jaque el futuro de la reforma.
Fue así que la mandataria electa propuso realizar una consulta ciudadana para conocer la opinión de la gente y, de acuerdo con los resultados mostrados el 17 de junio, 80% de los encuestados avalaban la iniciativa para cambiar al Poder Judicial mexicano.
En los meses siguientes, las controversias siguieron. Sin embargo, su punto más álgido se dio en agosto, a solo unos días de que la LXVI Legislatura iniciara sus actividades y, con ello, discutiera la reforma judicial en ambas cámaras.
El primer evento fue el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial, que arrancó el 19 de agosto y que, con el paso del tiempo, sumó nuevos participantes, entre ellos, a ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte mexicana.
Entre sus argumentos contra la iniciativa, destacan el riesgo que correría no solo la independencia de este sector, sino de la sociedad, así como la vulneración al Estado de Derecho.
El segundo evento fue cuando, el 22 de agosto, los embajadores de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme Clark, se pronunciaron en contra de la iniciativa, aludiendo afectaciones a las inversiones y a la revisión del acuerdo comercial trilateral T-MEC, que se dará en 2026.
Como respuesta, López Obrador calificó los dichos de los diplomáticos como injerencistas y decretó una pausa en el lazo con ambos personajes.
Mientras esto ocurría, se realizaron diversas protestas a lo largo del país, pero principalmente en la Ciudad de México, con mayor peso en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde primeramente se analizó, discutió y aprobó la medida, al igual que dentro y fuera del Senado de la República. En ambos casos, los legisladores concluyeron sus labores en sedes alternas.
Sobre esto, en una entrevista previa para Sputnik, el doctor en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), David Morales-González, expresó que aunque las modificaciones al Poder Judicial son necesarias, es importante que se hagan de manera integral y con información clara.
"Es importante hablar de una reforma al Poder Judicial porque sí la necesita. Pero no considero que sea [adecuado] que se haga desde uno de los propios poderes, en este caso, desde el Ejecutivo (...).
Necesita un gran consenso más allá de los foros con expertos [que se hicieron en estos meses] porque es un tema técnicamente complicado y desconocemos qué implica la aplicación de las reglas del juego", puntualizó.
Los detalles del dictamen
No obstante, a pesar de las movilizaciones, la Cámara Alta mexicana dio visto bueno este 11 de septiembre a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, tras un extenso debate que estuvo cargado de dimes y diretes, especialmente por el voto del senador del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez, quien horas antes solicitó licencia por cuestiones de salud, pero a lo largo del día regresó a su cargo y apoyó la moción.
El documento final que fue refrendado por los senadores tiene los siguientes detalles, esto con base en el sitio web del órgano legislativo:
La elección, a través del voto, de jueces, ministros y magistrados.
Se elimina el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para establecer un órgano administrativo especializado en la materia, que estará separado de la Suprema Corte mexicana.
Además, se instituye un Tribunal de Disciplina Judicial, que estará compuesto por cinco magistraturas elegidas mediante el voto.
Este organismo tendrá facultades para investigar y sancionar a servidores públicos del Poder Judicial, así como para recibir denuncias contra los funcionarios de este sector.
El salario de los trabajadores del Poder Judicial no será superior al del titular de la Presidencia de la República.
Se apuesta por los jueces sin rostro para casos de delincuencia organizada, con el fin de preservar su seguridad.
En el sentido de la austeridad en la SCJN mexicana, se propone la reducción del salario neto mensual que reciben sus ministros, con el fin de que gane menos que quien esté al frente del Poder Ejecutivo.
Según el Manual de remuneraciones del PJF de 2024, este es de 206.948 pesos (10.735 dólares), mientras que el sueldo de López Obrador es de 128.205 pesos (6.650 dólares).
¿Qué sigue para la reforma judicial?
Después del visto bueno de, al menos, 17 entidades federativas, el dictamen para reformar el Poder Judicial se devolverá al Ejecutivo, es decir, a López Obrador, para se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sea ley.
En este sentido, el 12 de septiembre, el presidente mexicano dijo que prevé promulgar la iniciativa el 15 de septiembre, en las celebraciones por la independencia de la nación latinoamericana.
Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial mexicano anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para frenar la iniciativa.
"Es momento de resistir y usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia judicial.
No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial", comentó la directora general de los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) mexicana, Juana Fuentes, horas después de la sesión del Senado mexicano.
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