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***Entrevistas exclusivas y mensajes filtrados revelan cómo un aliado clave de EE. UU. utilizó la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales como arma para procesar selectivamente a los jefes de Estado de Ecuador, persiguiendo brutalmente a Rafael Correa y su movimiento Revolución Ciudadana con pruebas endebles, mientras retrasaba las investigaciones de crímenes mucho más graves supuestamente cometidos por sus sucesores.
Los chats secretos filtrados recientemente obtenidos por The Grayzone exponen cómo la fiscal ecuatoriana Diana Salazar filtró información a un sujeto de una investigación en curso, socavando el procesamiento de asociados de los presidentes actuales y anteriores de Ecuador alineados con Estados Unidos, y actuó en estrecha colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, que esencialmente seleccionó y controló los procesamientos desde Washington.
Las impactantes revelaciones de corrupción e intromisión de Estados Unidos en la nación sudamericana, crucial desde el punto de vista geopolítico, han sido en gran medida ignoradas por el gobierno estadounidense y los medios de comunicación corporativos.
>Por Oscar León
A continuación, una transcripción completa de este documental de Grayzone realizado por Oscar Leon:
“La invasión y ocupación de un país siempre ha tenido un alto costo, tanto financiero como en términos de vidas humanas. Sin embargo, en el siglo XXI, donde prevalecen las guerras asimétricas, dominar una nación se puede lograr por medios más sutiles. Es el caso de la guerra legal, un método más fácil y menos costoso de dirigir a un país clave en el juego de ajedrez geopolítico.
A pesar de presidir la decadencia de Ecuador desde un país con instituciones funcionales a lo que algunos ahora llaman un narcoestado, la Fiscal General Diana Salazar ha liderado recientemente lo que muchos críticos describen como una "cacería de brujas" contra el Movimiento Revolución Ciudadana, de tendencia izquierdista, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción y el narcotráfico.
Si bien hay algunos casos de corrupción documentados durante la década en que la Revolución Ciudadana estuvo en el poder, varios casos de alto perfil no resisten el escrutinio legal.
Mientras tanto, la prensa ha ignorado en gran medida los principales casos de corrupción y narcotráfico que involucran a políticos de derecha que apoyan intereses corporativos globales y las autoridades los han dejado en la impunidad.
La narrativa propagada por los conglomerados mediáticos, que son propiedad de quienes tienen intereses claros en la batalla geopolítica, refuerza este sesgo, un factor que ha ayudado a la derecha a ganar las batallas culturales y electorales.
A medida que se acercan las elecciones generales, el Fiscal General Salazar ahora enfrenta un juicio en el Congreso. Salazar ha calificado públicamente la acción judicial como un "narcojuicio", alegando que detrás del caso hay intereses no especificados vinculados con los cárteles. Esta narrativa ha ganado fuerza en los medios de comunicación tradicionales, influyendo en los cálculos electorales.
El juicio fue provocado en parte por unas conversaciones secretas recientemente filtradas, obtenidas por The Grayzone, que fueron escritas en una aplicación conocida por borrar mensajes después de una sola visualización.
Los mensajes muestran que Salazar filtró información a un sujeto de una investigación en curso, se negó a procesar a asociados de los presidentes actuales y anteriores de Ecuador alineados con Estados Unidos y actuó en colaboración con el gobierno de Estados Unidos.
¿Se está procesando selectivamente a los presidentes?
El Procurador General Salazar intervino en casos que involucraron a los últimos tres expresidentes de Ecuador, casos que no sólo decidieron el destino de esos políticos sino también el destino político de todo el país. Las siguientes preguntas ilustran la disparidad en el tratamiento que el Procurador General Salazar le dio a cada uno de estos casos.
¿Fue el caso Correa un caso sólido?
En abril de 2020, el expresidente Rafael Correa fue declarado responsable de daños al Estado por valor de mil millones de dólares y recibió una prohibición de por vida para ejercer cargos políticos. También fue condenado a ocho años de prisión.
Este caso marcó un punto de inflexión en el panorama político de Ecuador, en particular porque, a pesar de las numerosas batallas legales en su contra, Correa ha sido considerado constantemente como el ganador de cualquier elección en la que haya participado.
El 3 de mayo de 2020, la fiscal general Diana Salazar presentó cargos contra 26 funcionarios de la administración Correa en un caso comparable a una acusación en virtud de la ley RICO. Salazar argumentó que una estructura bien organizada había estado cobrando sobornos a cambio de favores políticos y contratos gubernamentales.
Si bien la evidencia parecía sugerir la existencia de dicha estructura, no la vinculaba de manera concluyente con el propio Correa.
Los cargos contra el expresidente se centraron en el concepto de “influjo psíquico” y en un préstamo de 6.000 dólares que tomó y luego pagó con fondos del partido. Esto provocó indignación en ambas partes, dado que el “influjo psíquico” es un concepto legal que no existía anteriormente en la legislación ecuatoriana.
Para muchos, esta acusación puso de relieve la falta de pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Correa. Y para otros, en lugar de ser un “caso infalible”, fue visto como un argumento débil de la fiscalía.
En julio de 2024, surgieron denuncias de que, tras bambalinas, numerosos jueces habían recibido presiones para condenar a Correa.
Wilman Terán, un juez de alto perfil que condenó a Correa, testificó bajo juramento en una audiencia de la Asamblea Nacional que los enviados del fiscal general Salazar lo habían presionado repetidamente para obtener un veredicto de culpabilidad.
Hoy, Rafael Correa sigue exiliado en Bélgica y tiene prohibido postularse a un cargo político en Ecuador. Su movimiento ha perdido las últimas tres elecciones.
¿Por qué el caso de Lenín Moreno tarda tanto?
La Fiscalía presentó 225 pruebas en el caso de corrupción y peculado contra el expresidente Lenín Moreno, quien alejó a Ecuador de la izquierda latinoamericana y lo acercó a la órbita estadounidense.
En el proceso, Moreno rompió numerosas promesas que había hecho al electorado, que lo eligió como izquierdista, pero pronto se encontró gobernando desde la derecha.
Después de que Lenin Moreno supervisara la retirada de Ecuador de la UNASUR, una organización latinoamericana de países ahora disuelta, creada como contrapeso a la Organización de Estados Americanos dominada por Estados Unidos, entregó a Julian Assange a las autoridades británicas e impuso un programa de austeridad en nombre del FMI, deshaciendo una década de progreso social en el proceso.
En el camino, también nombró a Salazar como Fiscal General.
Los críticos del movimiento Revolución Ciudadana alegan que ahora ella está devolviendo el favor al proteger a Moreno de cualquier procesamiento, una afirmación que se ve reforzada por los estrechos vínculos de Salazar con la Embajada de Estados Unidos . La Fiscal General Salazar está en el centro de los acuerdos de cooperación interinstitucional en muchos frentes, firmados por el expresidente Lasso y ratificados por el actual presidente Noboa.
Ecuador pasó de una cooperación nula y posiblemente independiente de la influencia estadounidense bajo Rafael Correa, a firmar una serie de tratados que otorgan a los agentes y militares estadounidenses total libertad para moverse y construir cualquier cosa, en cualquier parte del país, con total inmunidad ante los tribunales locales, durante la próxima década.
En contraste con la iniciativa y el esfuerzo claramente puestos en el caso Correa, el caso Moreno avanza mucho más lentamente. A pesar de las abundantes y casi definitivas pruebas de una red similar de corrupción contra Moreno y de sobornos por valor de 76 millones de dólares, su caso se ha visto notablemente retrasado por tecnicismos legales.
De hecho, una de las bases del juicio político contra el fiscal Salazar es el “incumplimiento del artículo 442 del Código Penal en el caso INA Papers o Sinohydro”, artículo que obliga a intervenir hasta la conclusión del proceso. Las bases de la acusación indican que no hubo intervención durante más de dos años y tres meses desde que se presentó la denuncia ”.
Luego de dos años más de investigación por parte de la Fiscalía General, y a pesar de los cargos presentados por soborno contra Moreno y algunos de sus familiares, ninguno de los 25 sospechosos fue detenido.
El caso está suspendido durante los próximos años, mientras se envía información judicial desde España. En el momento de la producción de este documental, en agosto de 2024, no está claro si alguno de los sospechosos irá a juicio.
Moreno también está acusado de crímenes de lesa humanidad , por los crímenes cometidos en la represión de las protestas indígenas y sindicales de 2019. El hombre que presentó la denuncia, el entonces Defensor del Pueblo Freddy Carrión, posteriormente se convirtió en víctima de la guerra jurídica, y fue mantenido bajo prisión preventiva por Salazar y el gobierno de Moreno durante tres años.
En el caso de Carrión, el fiscal Salazar exigía una pena de 20 años por una acusación de “tener intención de manosear”, finalmente un panel de juezas negó las demandas de Salazar y liberó a Carrión, después de condenarlo a los 3 años que Carrión ya había cumplido.
Freddy Carrión, ex Defensor del Pueblo
Freddy Carrión : “En el momento en que fui designado Defensor del Pueblo, Diana Salazar era la candidata oficial de Lenín Moreno y de la señora María Paula Romo para el cargo de Fiscal General.
Cuando yo los denuncié por crímenes de lesa humanidad, lo hice en contra del entonces Presidente Lenín Moreno y de la señora María Paula Romo, quien era Ministra de Gobierno y Policía.
“Sin duda, nadie me perdonó eso, especialmente el señor Moreno, que era Presidente de la República, y la misma señora Romo, que controlaba la policía.
Había una relación entre la procuradora Diana Salazar, la fiscal, y el gobierno, dado que la fiscal había sido puesta en ese cargo por Moreno. Mi caso fue un favor a ellos a cambio del nombramiento de la procuradora Salazar”. (MOVE)
El poder, especialmente el gobierno del expresidente Lenín Moreno, junto a sus secuaces —porque no merecen otro nombre— como María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno, y Osvaldo Jarrín, entonces ministro de Defensa y comandante de la Policía Nacional, nunca me perdonarán que los denuncié por crímenes de lesa humanidad.
Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, son atemporales, lo que evidentemente los coloca en una situación muy delicada, tanto política como globalmente.
En marzo de 2021 los denuncié ante la Fiscalía General del Estado por delitos de lesa humanidad. Las protestas de octubre de 2019 causaron un inmenso sufrimiento a las familias ecuatorianas cuando varias personas murieron debido a actos de ejecución extrajudicial.
No podemos olvidar esto. La Fuerza Pública realizó acciones muy violentas contra los trabajadores”.
FC: “Alrededor de 11 personas murieron, seis de ellas por ejecuciones extrajudiciales, y 20 personas perdieron un ojo por la acción violenta del Estado.
VO: Disparar a los manifestantes en los ojos fue y sigue siendo una tendencia; en muchos países alrededor del mundo, las fuerzas policiales han sido sorprendidas apuntando intencionalmente a los ojos de los manifestantes.
“Se determinó que el Estado tenía una práctica o política de represión sistemática dirigida efectivamente a causar daño a aquellas personas que ejercían la protesta social.
Había un objetivo específico y una población específica. Eso nos llevó a constituir la Comisión de Verdad y Justicia que creamos en la Defensoría del Pueblo”.
VO: Las protestas de 2019 representaron una explosión social en respuesta a la realidad de que el gobierno ecuatoriano había virado bruscamente hacia la derecha, a pesar de haber sido elegido con una plataforma de izquierda.
Lenín Moreno traicionó en la práctica a sus votantes al implementar un plan de austeridad fiscal que puso fin a un período de una década de inversión social.
FC: Querían enviar un mensaje a cualquier autoridad pública: si usted procede a denunciar hechos de lesa humanidad o cualquier violación grave de los derechos humanos, le va a pasar lo mismo que le pasó al Defensor del Pueblo. Por eso me metieron en la cárcel”.
VO: “El hecho de que Carrión haya pasado tres años en prisión preventiva, sin opción a fianza y sin sentencia, es claramente contrario a cualquier noción de Estado de derecho.
Es posible que sin la ayuda de su esposa, la abogada Prescilla Schettini, quien presionó a las autoridades y a la opinión pública, el caso de Carrión aún estaría sin resolver.
Priscila Schettini, abogada, autora
Priscila Schettini: “ Siempre supe que mi marido era inocente.
Hemos tenido pruebas, hemos accedido al expediente y hemos revisado todos los documentos disponibles. Hay videos que demuestran que hubo falsificación de documentos por parte de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar de Ecuador, y que se alteraron informes policiales en complicidad con la Fiscalía.
En el montaje de esta situación estuvieron involucrados altos oficiales, como los generales Luna y Tania Varela, que estuvieron presentes el día de los hechos.
De esto se dio cuenta desde temprano en la mañana el ex ministro de Gobierno, Gabriel Martínez. Además, el ex secretario de la Presidencia, Jorge Walter, le informó a uno de los funcionarios que contaban con todo el apoyo del Gobierno para derrocar al ex Defensor del Pueblo y removerlo de su cargo.
Además, hemos encontrado complicidad por parte de la Corte Nacional de Justicia, uno de los tribunales más altos del país. De 21 jueces disponibles, creo que 20 ya han actuado en este caso.
Al trabajar en el caso, descubrimos que los jueces son designados a discreción del presidente de la Audiencia Nacional, quien controla sus agendas y asigna a los jueces para asegurar resultados específicos en diversas sentencias o resoluciones.
Como resultado, vemos un sistema judicial completamente selectivo y politizado.
Por decir la verdad, alzar la voz y luchar por la inocencia de Freddy, hasta la propia procuradora Diana Salazar solicitó a un juez medidas en mi contra para silenciarme”.
VO: “El 28 de noviembre de 2023, Salazar filtró información reservada al público, incluida la dirección de la casa de la familia Carrión-Schettini. Ambos estaban protegidos por el programa local de protección de testigos y su ubicación era estrictamente secreta, pero Salazar la publicó y se produjeron varios ataques a la casa”.
PD: “Me tomaron fotografías a escondidas, me han intimidado, me han linchado en los medios y me han agredido físicamente. He presentado más de 13 denuncias ante la Fiscalía y hasta la fecha ninguna ha sido resuelta.
Entraron a mi casa. Dispararon tiros afuera de mi casa. Hombres armados irrumpieron en nuestra casa, rompieron la ventana de mi auto, me atacaron y me apuntaron con un arma. Todo esto es parte de una campaña para silenciarnos a mí y a Freddy.
VO: Carrión afirma que el presidente Moreno, y los poderosos intereses geopolíticos y económicos detrás de él, jugaron un papel clave en mantenerlo en prisión preventiva.
Carrión cree que esto ocurrió porque, como Defensor del Pueblo, fue testigo de primera mano de lo que consideró una cacería de brujas contra Alianza País o el movimiento “Correísta”, y en algunos casos, comenzó a tomar acciones para defenderlos .
Freddy Carrión: “El precio que tuve que pagar fue la cárcel por tres largos años de una manera completamente injusta, Óscar. Con mucho dolor y sufrimiento para mí y mi familia, me encontré completamente separado, silenciado y encerrado en prisión.
VO: Después de dejar la presidencia, Moreno viajó a Estados Unidos. Sin embargo, cuando se presentaron pruebas de sus acuerdos corruptos en los tribunales ecuatorianos, Estados Unidos le permitió irse. Ahora reside en Paraguay bajo la protección del estatus diplomático ecuatoriano.
El próximo juicio político contra la fiscal Salazar también la acusa de inacción en el caso, alegando que permitió “la impunidad de los perpetradores y obstruyó la justicia para las víctimas de la violencia estatal”. Otro cargo es por su papel en el encarcelamiento de Freddy Carrión, diciendo:
“La omisión del fiscal ha permitido la fabricación de un caso y la privación de la libertad de una persona inocente”.
¿Salvó Salazar al banquero neoliberal Guillermo Lasso de los cargos de narcotráfico?
VO: Durante la última década, a medida que el Estado ecuatoriano se vio debilitado por las políticas de austeridad, los cárteles criminales internacionales se apoderaron de áreas clave del gobierno, como puertos, fuerzas de seguridad, tribunales y cárceles.
El país opera con dólares estadounidenses y ejerce un control mínimo sobre muchas instituciones, lo que lo convierte en un paraíso para los cárteles, no solo para enviar drogas al resto del mundo sino también para blanquear sus ganancias ilícitas.
Este aumento de estructuras criminales y operaciones narcotraficantes solo podría haber sido posible con la complicidad del Estado en los niveles más altos. Lenín Moreno y el Fiscal General Salazar fueron fundamentales para desmantelar el Gobierno de la Revolución Ciudadana.
Como consecuencia, muchas instituciones estatales ecuatorianas centradas en la inversión social y la supervisión fueron clausuradas o desfinanciadas, lo que llevó al colapso del sistema de justicia penal, que ha estado en curso desde 2019.
En abril, una carta de miembros del Congreso de Estados Unidos al presidente Biden destacó evidencias que sugerían que una investigación antinarcóticos en Ecuador, conocida como el caso “León de Troya”, fue detenida debido a presiones del gobierno.
De hecho, Rodney Rengel, el policía a cargo del caso, fue dado de baja de la fuerza como medida disciplinaria y tuvo que pasar de incógnito para protegerse a sí mismo y a su familia después de recibir amenazas de muerte.
Anderson Boscan: Entonces esto es importante, el gobierno de Lasso inició un proceso disciplinario en su contra. Supongo que el gobierno de Noboa detendría ese proceso disciplinario. ¿Lo hicieron?
Rodney Rengel, ex detective de policía : No, me dieron la espalda. El Estado ecuatoriano me dio la espalda. Sigo en la clandestinidad, esperando al menos alguna protección para mi familia. Este caso me ha quitado tanto, mi carrera, mi hogar, fue un alto precio a pagar por investigar este caso y decir la verdad.
Anderson Boscan: ¿Qué les dice su caso a sus antiguos colegas detectives del grupo de trabajo antidrogas?
Rodney Rengel : “Uff, les dice que miren para otro lado, que se callen y no digan nada si alguna vez encuentran a alguien poderoso durante una investigación de drogas, que mejor se hagan a un lado, porque también los pueden procesar y despedir por eso”.
VO: La investigación de Rengel expuso los negocios de individuos cercanos al ex presidente Lasso con la mafia albanesa, o cártel de la mafia de los Balcanes, una organización de tráfico de drogas que había prevalecido sobre otros grupos y obtenido el control de las rutas de tráfico de cocaína a Londres y el resto de Europa.
El caso 'León de Troya' investigó inicialmente los vínculos entre Danilo Carrera, cuñado de Lasso, y el empresario Rubén Cherres con Dritan Gjika, un jefe de la mafia local de los Balcanes que sigue prófugo a pesar de varios supuestos esfuerzos de las autoridades para desmantelar su organización.
Sin embargo, informes recientes revelaron que fuentes de la Fiscalía General habían informado a la Mafia de los Balcanes sobre un operativo planeado en España. Las autoridades locales aún permiten que operen muchas empresas que se sabe que son propiedad de Gjika.
Dado que estos cárteles están estrechamente vinculados a las mismas bandas criminales con las que el gobierno está teóricamente en guerra, estos incidentes plantean serias dudas sobre la sinceridad del gobierno ecuatoriano al llevar adelante su "guerra contra el crimen".
En un extraño giro de los acontecimientos, la procuradora general Diana Salazar degradó los cargos en el caso 'León de Troya' de narcotráfico a crimen organizado, en un caso en el que estaban involucrados muchos personajes poderosos, incluido el expresidente Guillermo Lasso.
Salazar también abrió un segundo caso, llamado 'Pampa', utilizando las mismas pruebas. Pero en última instancia sólo procesó a operadores de bajo y mediano nivel de la mafia de los Balcanes y del estado, la mayoría de los cuales todavía están en libertad y en actividad. Estos casos proporcionaron una ventana a una posible manipulación política de la justicia.
Rengel : “No entiendo por qué una investigación que empezó como un caso de narcotráfico, luego se desvió a un caso de tráfico de influencias, y luego se abrió un caso nuevo, “pampa”, sobre narcotráfico.
¿Por qué se separó a algunos de los sospechosos del caso “Encuentro” y “Pampa” de otros? Como al cuñado de Guillermo Lasso y a otros como él para incluirlos en el caso de crimen organizado, con penas más bajas.
Y la fiscal Salazar colocó a otros operadores de bajo nivel en el caso del narcotráfico, con sentencias más duras. Dividió a los sospechosos y dividió las investigaciones. Pero ambas investigaciones provenían exactamente del mismo caso, el caso “León de Troya”.
VO: “Ronny Aleaga, ex congresista y ex amigo personal del Fiscal General Salazar, es ahora un prófugo que buscó refugio en Venezuela para escapar de lo que él llama 'persecución política y muerte segura en una prisión ecuatoriana'.
Las “filtraciones de Aleaga” ofrecen una mirada más profunda a cómo el Fiscal General Salazar protegió al banquero neoliberal y expresidente Guillermo Lasso de un importante caso de narcotráfico que involucraba a la mafia de los Balcanes, los cárteles mexicanos y el estado ecuatoriano.
Ronny Aleaga es acusado por la procuradora Diana Salazar de ser parte de una estructura del crimen organizado. Según la acusación, Aleaga trabajaba con Leandro Norero, un narcotraficante que fue asesinado recientemente en prisión.
De comprobarse la veracidad de las acusaciones, Aleaga habría actuado como operador político de una organización criminal que se habría infiltrado en las instituciones democráticas y los partidos políticos del Ecuador, infiltración que habría alcanzado a congresistas tanto del derechista Partido Social Cristiano como del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana.
Salazar y Aleaga mantuvieron una estrecha amistad durante años, y Aleaga afirmó que grabó sus comunicaciones usando un segundo teléfono, "con fines de seguro". Estas grabaciones, verificadas y certificadas por Digital Forensics Now , una agencia de análisis forense de datos con sede en Florida, contienen mil quinientos chats de la aplicación Confide.
Los “Aleaga Leaks” revelaron algunos de los secretos más oscuros del poder, incluida la manipulación geopolítica de los sistemas de justicia para influir en la política local .
Rony Aleaga, former Congressman, Revolucion Ciudadana
Rony Aleaga: “En septiembre de 2023, antes de la segunda vuelta electoral en Ecuador, [Salazar] tuvo que judicializar el caso León de Troya por narcotráfico y cambió el tipo penal, [de narcotráfico a] crimen organizado y tráfico de influencias, que no tiene nada que ver con lo que pasó, es un delito más leve, para familiares del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, que estaban siendo acusados.
Cambió el tipo penal del caso. Pero no sólo eso, dijo “no voy a procesar [al entorno de Lasso] ahora porque por las elecciones [de 2023] no voy a beneficiar a [Revolución Ciudadana]”.
VO: A continuación se presentan algunos de los chats con la Fiscal General Salazar grabados por Aleaga. Cuando se le preguntó sobre los chats, la Fiscal General Salazar afirmó que su “atención no se desviará de los casos”, pero no negó explícitamente la veracidad de los chats. La Fiscalía General se negó a utilizar los chats como prueba en ningún caso, cuestionando la credibilidad de la agencia forense y la cadena de custodia de la evidencia.
“Porque allí no hay narcotráfico. En León de Troya no hay narcotráfico. Tráfico de influencias. De hecho, a este lo voy a procesar, después de las elecciones, para no ayudar [a Revolución Ciudadana]. Guillermo Lasso lo sabe”.
RA: “Imagínense una Fiscal General tomando ese enfoque en ese momento, en un tema político, cuando la Fiscalía lo que tiene que hacer es investigar el delito y sancionar a los presuntos responsables o culpables de ese delito, no lo hizo”.
VO: Las políticas de austeridad impuestas durante casi una década han paralizado partes del estado, creando áreas fuera del control estatal. Estas áreas abandonadas se han convertido en caldos de cultivo para bandas criminales que trabajan con cárteles multimillonarios del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y la Mafia Albanesa.
Este ascenso de las estructuras criminales y de las operaciones del narcotráfico sólo ha sido posible con la complicidad del Estado, en los niveles más altos.
RA: “La Fiscal General Diana Salazar cambió la figura penal porque involucraba a familiares del presidente en ejercicio, permitiendo que estas bandas criminales se arraigaran en Ecuador.
Han permitido que estas mafias se arraiguen. El caso León de Troya vincula claramente a la mafia albanesa con el ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien tiene estrechos vínculos con el actual presidente Daniel Noboa. Manzano, alto ejecutivo de la Corporación Noboa, abrió durante su mandato cupos para la exportación de banano a Europa.
¿Y saben quiénes se beneficiaron de esas cuotas? Empresas fantasmas asociadas a la mafia albanesa. Esas empresas supuestamente exportan banano, pero en los puertos europeos es frecuente encontrar droga escondida en los cargamentos de banano ecuatoriano, incluso de las propias empresas del presidente Noboa”.
El caso también es preocupante para la fiscal general Salazar, ya que se cree que ella alertó a Aleaga o, al menos, mantuvo contacto cercano y compartió información confidencial con uno de los principales sospechosos de un caso bajo su jurisdicción.
Por suerte, no te atreviste a preguntarme nada sobre el juez, porque de lo contrario te habría denunciado.
Porque te pidieron que me lo contaras. A “La negrita” que supuestamente era tu amante.
¿Estás dispuesto a ir a la cárcel? Porque estoy tratando de evitarlo.
La DEA lo sabe todo, ese es el problema. Tenemos que incluir todo en la investigación. No podemos obviar nada.
¿Tienes escolta policial ahora? Presta atención, tus escoltas policiales registran todos tus movimientos.
No te preocupes, te voy contando lo que vamos encontrando. Hasta que encontré elementos y le dije “vete”.
Confía en mí.
Influir en las elecciones para defender los intereses de EE.UU.
VO: El 9 de agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado cuando salía de un mitin político, a pocos días de las elecciones generales. Hasta ese momento, las elecciones tenían una líder clara: Luisa Gonzales, del Movimiento Revolución Ciudadana, quien lideraba por 12 puntos y estaba a las puertas de ganar en primera vuelta con más del 50% de los votos.
Antes de su asesinato en 2023, se confirmaron las sospechas de que el candidato presidencial Fernando Villavicencio estaba en la nómina de Estados Unidos.
Como informó Grayzone en 2021, era uno de los muchos líderes sociales y periodistas que habían recibido fondos de la NED durante más de una década en un intento de apuntalar a la oposición al gobierno de Correa. Los mensajes filtrados de Aleaga podrían proporcionar una confirmación de primera mano de ello.
Inmediatamente después del asesinato, los principales medios de comunicación de la televisión y los políticos de derecha comenzaron a culpar al Movimiento Revolución Ciudadana y a Rafael Correa por el asesinato. El movimiento nunca se recuperó en las encuestas y perdió las elecciones.
La responsabilidad del asesinato parecía recaer sobre Los Lobos, el brazo ejecutor de la mafia de los Balcanes. Ocho presuntos asesinos fueron detenidos de inmediato, pero todos ellos fueron asesinados rápidamente una vez que, de alguna manera, fueron colocados en una prisión controlada por… Los Lobos”.
“ Quieren la cabeza de Rafael Correa ”.
“Imagínese, asesinaron a Fernando Villavicencio, quien, según las palabras de [la procuradora Diana Salazar], era informante del gobierno de Estados Unidos. Por eso ofrecieron, como recompensa histórica, 5 millones de dólares. El embajador de Estados Unidos y el secretario de Estado ofrecieron 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los asesinos de Villavicencio”.
“Además, [los estadounidenses] iban a llevar a los sospechosos a Nueva York, porque mataron a un informante del gobierno de Estados Unidos”.
Por eso [los estadounidenses] están heridos. No harían tanto, ni siquiera por mí.
Yo no trabajo para ellos, [Villavicencio] lo hizo.
“Pero ojo, fue la banda criminal de Los Lobos la que mató a Villavicencio.
Hay un grupo de trabajo de la Unión Europea que investiga a los albaneses.
Esto es muy grave. Hay tres oficinas del FBI investigando esto. Tres oficinas. Su tecnología es impresionante.
Todo es cuestión de teléfonos. Por eso hay tanta información. Quieren la cabeza de Rafael Correa .
Dicen que [Revolución Ciudadana] está subiendo en las piscinas. Sí, Rafael Correa. [Los estadounidenses] saben que si [Revolución Ciudadana] gana las elecciones, todos los [tratados bilaterales] están muertos.
Rony Aleaga
“Esto ocurrió con la complicidad y participación del embajador de Estados Unidos. Durante una cena en la embajada con el Procurador General de la República ya sabían y discutían quiénes eran los asesinos, específicamente el grupo criminal Los Lobos. Sin embargo, no revelaron públicamente esta información mientras se producía un linchamiento mediático contra la organización política Revolución Ciudadana, acusándonos a nosotros [del asesinato]”.
Me lo dijeron el lunes por la noche, en la residencia del embajador de Estados Unidos. Tan pronto como salí, le pedí a un fiscal de mi oficina, la Procuraduría General de la República, que comenzara a trabajar, a cooperar con [los estadounidenses], pero los sospechosos fueron asesinados.
VO: A pesar de saber quién había asesinado a Villavicencio, la Procuradora General Salazar se lo guardó para sí, para permitir que se extendiera la narrativa mediática de culpar a Revolución Ciudadana del asesinato.
“La Fiscal General del Estado de Ecuador, Diana Salazar Méndez, ha sido la precursora de la persecución política. Ha actuado como un alfil en una macabra partida de ajedrez, utilizada para perseguir a todos los adversarios políticos de la derecha, que se ha apoderado del Ecuador en este momento.
“Me voy a Washington DC. De verdad, esto es de un nivel muy alto. Para Maduro, la investigación es por narcotráfico ” .
Pero esta no era la primera vez que el fiscal Salazar influía directamente en una elección. En 2021, justo antes de las elecciones, Salazar viajó a Colombia y anunció públicamente que el candidato presidencial de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, había recibido dinero del ELN, un grupo guerrillero colombiano.
Estas acusaciones se desvanecieron rápidamente después de que Arauz perdiera las elecciones. Finalmente, Arauz presentó una demanda contra Francisco Barbosa, el fiscal general de Colombia, después de que los expertos demostraran que las pruebas utilizadas en la acusación pública eran falsas.
¿Tomar control de todo el sistema judicial?
Utilizando como prueba conversaciones telefónicas del fallecido capo de la droga Leandro Norero, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, presentó una serie de extensos casos anticorrupción que resultaron en la detención de decenas de jueces y trabajadores judiciales.
A primera vista, parecía una medida muy necesaria para un sistema de justicia plagado de corrupción. Pero ¿podría ser que este caso también se utilizara como herramienta para eliminar rivales, tomar el control y asegurar posiciones clave de poder dentro de los tres poderes del Estado en nombre de los intereses estadounidenses?
Como siempre, depende de a quién le creas. Pensemos en Wilmer Terán, ex juez a cargo del “caso de sobornos” contra el ex presidente Correa, quien fue detenido por órdenes de la fiscal general Diana Salazar en el contexto de un caso masivo que involucra a 900 personas.
Terán presentó sus propias charlas con Mayra Salazar, algunos sectores de la asambleísta exigieron una investigación porque “estos casos podrían derivar en delitos de tráfico de influencias, fraude procesal, peculado, conflicto de intereses e intromisión directa en el Consejo de la Judicatura”.
Terán se había cruzado con uno de los operadores del fiscal Salazar, el juez Walter Macías, a quien Terán, entonces presidente del Poder Judicial, había destituido disciplinariamente.
A pesar de que muchos jueces dieron su apoyo, e incluso una carta oficial del Consejo de la Judicatura apoyando a Terán y calificando el masivo operativo como un “golpe político contra el poder judicial”, el domicilio de Terán fue allanado y enviado a régimen de aislamiento en una prisión de máxima seguridad.
Cuando un panel competente de jueces falló sobre una moción para transferir a Terán a una prisión de menor seguridad “donde pueda tener las condiciones para trabajar en su defensa”, allanaron su oficina y también los acusaron de corrupción.
Terán había comparecido recientemente bajo juramento en el Congreso para detallar cómo Salazar lo presionó a él y a otros enviando emisarios para obtener un veredicto de culpabilidad para Correa.
Actualmente, Salazar espera el inicio de su juicio político.
Sabiendo que cuenta con las alianzas políticas y los votos para evitar cualquier sanción significativa, se mantiene firme en el control de la Fiscalía General de la República mientras etiqueta públicamente a sus adversarios políticos como “narcos”.
Es prácticamente inédito que un fiscal general ejerza tanta influencia sobre los tres poderes del Estado: allana las casas de los jueces a su antojo, abre investigaciones sobre oponentes políticos que permanecen abiertas durante años sin que se encuentre una causa clara hasta que se encuentra una, e influye en las elecciones.
El poder de un fiscal general, apoyado por la derecha política, la embajada de Estados Unidos y los medios de comunicación, ha tomado el control de la política ecuatoriana.
