Como si fuera una costumbre que no podemos evitar, en pocos días ha vuelto la pesadilla de la corrupción del PP, el uso y abuso de las cloacas del Estado para sus propios intereses y los jueces y el Poder Judicial haciendo de las suyas. Todo mezclado con un poco de hielo se convierte en un coctel explosivo del que parece no hay forma de librarse ya que es el reflejo del estado actual del régimen monárquico.
Confirmado, por si alguien tenía dudas: el PP organizó a través del Ministerio del Interior y con conocimiento del jefe Rajoy una continua investigación al margen de la ley a partidos, a dirigentes independentistas, a jueces en Catalunya que quizás no eran suficientemente adictos, al jefe de la policía catalana, a empresarios. Se les espió, se les montó escándalos que se demostró que eran falsos, se les intentó relacionar con supuestas redes de traficantes de drogas y, si todo eso no era suficiente, se deslizaban insinuaciones sobre contactos terroristas, todo con dinero público y sin orden judicial. Es más que grave.
El objetivo de las cloacas del Estado, dirigidas por los jefes del PP, es pervertir la democracia y modificar con mentiras y provocaciones las decisiones y opiniones de la ciudadanía, una operación política para desprestigiar al independentismo y, más en general, a quien se oponga a las políticas del PP.
Como suele decirse, en cualquier país con un nivel aceptable de democracia hubiera habido un escándalo, exigido responsabilidades, el partido al que pertenecen los hubiera condenado o expulsado, pero nada de eso se espera ni dentro ni por los alrededores de la calle Génova, la sede del PP. Las derechas se han acostumbrado a que el régimen sea como el patio de su casa en el que pueden hacer lo que les venga en gana porque, de una forma u otra, casi siempre salen limpios, la justicia suele ampararles y, todo hay que decirlo, las urnas tampoco se lo tienen muy en cuenta.
Desde luego no se apoyaban en la opinión ciudadana para el trabajo en las cloacas sino en su control e influencia en los aparatos del Estado. Porque para remover la mierda se necesitan jefes políticos que den las órdenes, policías que cumplan las instrucciones y/o se inventen pruebas y jueces para tapar o desviar la atención. Esa alianza, a la que habría que añadir los medios de comunicación que dan soporte o también tapan los olores, es la que está dispuesta a casi todo para seguir controlando los resortes del reino, y cuando no gobiernan en el Estado arrasan con todo lo que pueden.
Sólo hay que ver las políticas que practican las derechas del PP y Vox en la comunidades o ayuntamientos donde gobiernan: menos impuestos a los ricos, recortes o privatización en la sanidad, recursos para las escuelas de la Iglesia, negacionismo de los problemas ambientales y limitaciones para el uso de la lengua que no sea el español.
Y si en algún momento se quedan sin medios legales o ilegales siempre reaparece el “argumento” del terrorismo. Durante años han seguido utilizando a ETA como espantajo y si no ya aparecerá un juez para sacarlo de la chistera. Eso es lo que ha hecho el juez de la Audiencia Manuel García Castellón ¡sí, ese juez que durante años persiguió a Podemos sin nunca lograr condenarlos! [Ver aquí un somero relato de sus actuaciones]
En un evidente intento de colapsar la sesión de investidura de Pedro Sánchez y de poner en cuestión la ley de amnistía anunció que investigaba a Puigdemont y Marta Rovira (dirigente de ERC) por terrorismo a partir de las actuaciones de Tsunami Democrático. ¿Alguien con sano juicio puede pretender que la judicatura no hace política?
No es la primera vez que organizan una operación de este tipo. Cuando Aznar logró en el año 2000 la mayoría absoluta decidió meter en el saco del terrorismo a todo el nacionalismo vasco. Se aprobó la ilegalización de Batasuna, pero también se acabó condenando a Juan Mari Atutxa, dirigente del PNV que presidía el Parlamento vasco.
Las distintas instancias judiciales, dominadas por la derecha, reafirmaron la condena que finalmente fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y obligó al Tribunal Supremo a revisar la sentencia. ¡Ese es el tipo de jueces del reino de España! Unos cuantos de ellos llevan usurpando sus cargos más de cinco años, ¡y no pasa nada!
A la deriva
Estos días en los que se han ido acumulando noticias relacionadas con la justicia encontramos dos ejemplos de cómo actúan y cómo sus decisiones afectan a la vida política. El lector recordará el caso de Alberto Rodríguez, diputado canario de Podemos. Por una acusación basada en la declaración de un policía de que le había dado una patada fue condenado a un mes y medio de cárcel.
Al ser una condena de cárcel la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, para no entrar en conflicto con la judicatura le desposeyó de su escaño. Ahora el Tribunal Constitucional corrige la decisión del Supremo y considera que no le correspondía pena de prisión, por lo que no debería haberle privado de su condición de diputado. Pero el mal ya está hecho.
El Tribunal Constitucional también ha decidido por mayoría que Arnaldo Otegi no debe volver a ser juzgado por el caso Bateragune. El Tribunal Supremo pretendía volver a juzgar de nuevo ¡por el mismo caso! al dirigente abertzale. En 2012 le condenó a seis años y seis meses de prisión y 10 de inhabilitación.
Otegi recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que estimó que no había tenido un juicio justo, al observar falta de imparcialidad de una de las magistradas. El Supremo tuvo que anular la sentencia, pero pretendió volver a juzgarle y ahora el Constitucional le ha enmendado diciendo que ya es un caso juzgado.
La dureza del enfrentamiento político es otra expresión de la deriva y la crisis larvada que no encuentra salida. Los partidos mayoritarios se acusan de quien es más antidemocrático, los jueces, mayoritariamente de derechas, ponen todas las trabas que pueden al gobierno e incluso al parlamento, las cloacas del Estado funcionaron (¿quién podría afirmar que ya no lo hacen?) y no pasa nada y parece como si todo el debate fuera quien cumple o deja de cumplir la Constitución.
Para resolver los problemas democráticos y sociales la Constitución actual es una vía sin salida, no es sólo la cuestión de la amnistía, sino también del funcionamiento del Estado y las instituciones, de dar respuesta a problemas tan serios como el de la vivienda, los bajos salarios, la violencia contra las mujeres, etc.
Y la respuesta exige un vuelco, una limpieza de las cloacas y de la podredumbre que se ha ido acumulando durante demasiados años, una perspectiva republicana de cambios sociales y democráticos, o el giro reaccionario que quiere imponer la alianza de las derechas.
El pasado 15 de enero falleció la histórica luchadora asturiana Anita Sirgo, que ya ejerció la solidaridad en las huelgas mineras de 1962. Solía decir que para luchar se necesitaba organización, convicción en los objetivos y unidad y, sobre todo, que las cosas se ganaban en la calle. Son sabias palabras que habría que poner en práctica.
es miembro del comité de redacción de "Sin Permiso
"Fuente:
www.sinpermiso.info, 21-1-2024
